Las ordenanzas o leyes nada tienen que envidiarles a las normas que rigen en los países más desarrollados. Salvo por un detalle grosero: acá no suelen ser cumplidas.
Ocurre en una enorme cantidad de rubros, con legislaciones municipales, provinciales y nacionales cuyos textos suelen ser impecables. Pero que muchas veces se transforman, en estas latitudes, más en expresiones de deseo que en realidades ajustadas a la práctica cotidiana.
El Primer plano de esta edición está dedicado a mostrar un ejemplo más de ese fenómeno repetitivo. En ese caso, vinculado a un servicio público clave en la ciudad de Córdoba: el transporte urbano de pasajeros.
En 2012 –hace ya nueve años–, los concejales de la capital provincial aprobaban la ordenanza 12.076, que regula ese servicio. Entre sus artículos, varios ponían en línea a Córdoba con las exigencias de un transporte urbano accesible e inclusivo, que no dejara afuera a usuarios por discapacidades motrices o movilidades reducidas.
Hoy, son los propios usuarios que se movilizan en sillas de ruedas los que esperan que se hagan cumplir aquellas promesas escritas en normas legales hace nueve años.
El informe muestra que desde las empresas del rubro, desde el gremio de choferes de colectivos y desde el Gobierno municipal que concesiona el servicio se admiten aspectos pendientes y falencias, aunque con matices.
Para las personas con discapacidad, la accesibilidad es esencial para su vida cotidiana. Las ciudades cordobesas, y las del país en general (salvo, quizá, contadas excepciones), tienen un largo camino aún por recorrer para hacerse más inclusivas: desde calles y veredas hasta edificios y espacios públicos o privados de alta concurrencia, más el transporte y otras prestaciones.
Pero esa inclusión debiera verse más reflejada en la práctica que en los papeles donde se escriben las normas que rigen, o debieran regir, nuestra vida en sociedad.
