La Justicia provincial autorizó este jueves el retiro del soporte vital en un paciente de 64 años que está internado desde el 12 de marzo en el hospital municipal de Urgencias de la ciudad de Córdoba.
Por mayoría, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2° Nominación resolvió dar lugar al pedido de amparo presentado por los familiares de J.S. –el hombre que se encuentra en estado vegetativo– y promover una muerte digna para él.
J.S. se dedicaba a la jardinería. Solía viajar a Villa Carlos Paz, donde trabajaba en casas de familia. El 12 de marzo, la salida de un baile, sufrió un golpe en la cabeza y quedó en estado vegetativo. Su familia encaró una larga lucha para pedir por la muerte digna del paciente, pelea que contó con el apoyo del médico especialista Carlos Pecas Soriano y del Comité de Bioética conformado por ley para resolver casos dilemáticos.
“Estamos conformes con el resultado. Sabemos que este caso genera un precedente en la jurisprudencia, pero nos gustaría que, la próxima vez, la Justicia pueda resolver más rápido estas situaciones”, explicó Nadia Diva Ibarguengoytia, una de las abogadas patrocinantes de la familia.
Por su parte, Soriano, quien integra el comité de bioética establecido por ley en Córdoba, sostuvo que este caso es paradigmático: “Este es el primer amparo de muerte digna que se resuelve a favor del paciente en la ciudad de Córdoba. Desde que en 2012 se dictó la primera ley hasta esta parte, nunca antes se había judicializado un caso. Tampoco se había juntado el comité de bioética que funciona ad hoc desde 2016. Esto hará que todos los profesionales lean los fallos que sugieren no judicializar para no vulnerar a las familias”.
Principales conclusiones
Por mayoría, la cámara hizo lugar al amparo contra el hospital de Urgencias y la Municipalidad de Córdoba. La acción había sido presentada el 28 de junio por tres integrantes de la familia (su hermana, su hija y su cónyuge).
Las vocales María Soledad Puigdellibol y Daniela Susana Sosa ordenaron que se disponga “sin dilación alguna” la limitación del esfuerzo terapéutico solicitada por la familia. Esto es: que no se reanime al paciente en caso de sufrir un paro cardio-respiratorio y la suspensión de la hidratación y alimentación que mantienen al paciente con vida en forma artificial.
Piden además al director del hospital, Mariano Marino, que se aseguren los cuidados paliativos suficientes, “habiendo previamente informado a los familiares para que se tomen los recaudos personales y espirituales que consideren adecuados”.
Las camaristas además exhortaron a la comunidad médica y no médica a tomar conocimiento de las voluntades anticipadas previstas en las leyes 10.058 y su modificación posterior, en la norma 10.421.
También enviaron una advertencia a las autoridades provinciales y municipales, pidiendo que se adopten medidas necesarias para garantizar una mayor difusión de los derechos “con el fin de evitar la judicialización de los conflictos que puedan plantearse en el futuro”.
La familia fue patrocinada por los abogados Nadia Diva Ibarguengoytia, Alina Noelia Dutto y Claudio Alejandro Raúl Orosz.
Argumentos a favor y en contra
En su voto, las dos vocales que resolvieron a favor del amparo tuvieron como eje el principio de la dignidad humana. El Código Civil y Comercial de la Nación destaca el derecho a la autodeterminación, aquel que faculta a las personas a decidir su propio proyecto de vida.
Entre los fundamentos se menciona la función tienen los procedimientos de alimentación e hidratación. “En personas que se encuentran en estados vegetativos (…) esa dignidad es puesta en crisis cuando los procedimientos que se pueden manipular sobre la naturaleza humana comienzan a afectarla severamente”.
En cambio, la vocal María Inés Ortiz de Gallardo consideró que debía rechazarse el amparo.
“No concurren los requisitos médico-legales previstos por el ordenamiento jurídico para hacer operativa la voluntad de la familia, antes de que transcurra el plazo de 12 meses o antes si hubiese cambios desfavorables en el estado de J.S.”, sostuvo la jueza.
Un argumento similar utilizaron los profesionales del Urgencias que se opusieron al retiro del soporte vital. Aseguraban que, en traumatismos de cráneo, se deben esperar 12 meses para asegurarse de que el estado vegetativo sea permanente.
Los detalles del caso
J.S. se encuentra internado desde el 12 de marzo en el hospital municipal de Urgencias. Permaneció en terapia intensiva hasta el 5 de mayo y pasó a sala común.
Por consejo del Comité de Bioética del hospital, la familia autorizó a los médicos a adecuar el esfuerzo terapéutico. Esto es, a no reanimarlo en caso de sufrir un paro y al retiro del soporte vital, por considerar que su cuadro era irreversible.
El 10 de junio, al paciente se le retira la hidratación y alimentación artificial. Cuatro días más tarde, fue reconectado. El equipo médico que lo trataba aseguró que no estaban dadas las condiciones para certificar la irreversibilidad de su estado vegetativo.
El hospital pidió la intervención del Comité de Bioética de Muerte Digna, un organismo establecido por ley para tratar casos dilemáticos. El 23 junio, los expertos sugirieron al hospital “dar curso favorable y sin dilaciones inadecuadas” a la solicitud de la familia.
Sin encontrar respuestas y ante la negativa de los profesionales, la familia recurre a la Justicia y presenta un amparo el 28 de junio.
El caso recayó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2° Nominación, que finalmente este jueves le dio curso al amparo.
