La Justicia de la Ciudad de Córdoba hizo lugar a la indemnización por fallecimiento a favor del viudo de una profesional de la salud fallecida durante la pandemia por contraer Covid-19 y condenó al Gobierno provincial a pagar una suma millonaria.
La médica de 67 años estaba exenta de prestar servicios por su edad pero siguió trabajando hasta octubre de 2020 cuando contrajo la enfermedad. Semanas después, falleció a causa de un “shock cardiogénico irreversible - neumonía por Covid-19″.
La mujer trabajaba como dependiente de la Provincia en la atención de pacientes en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Ciudad Evita desde que inició la pandemia. Su esposo presentó la demanda en el mes de agosto.
A través del Juzgado de Conciliación y Trabajo de 4° Nominación de la capital se instó también al Estado provincial a extremar la resolución del caso y asi lograr un rápido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), en la cual también se prevé el monto de esta indemnización.
La lucha del viudo para lograr la indemnización
El juez Pablo Pecchio remarcó el “extenso derrotero” que atravesó el viudo para lograr que se reconozca el carácter laboral de la enfermedad de su esposa. En tal sentido, recordó que este proceso incluyó la tramitación de cuatro expedientes administrativos distintos.
Asimismo, resaltó que, no obstante haberlo conseguido y pese a no encontrarse discutido entre las partes el “carácter profesional” de la enfermedad, a la fecha de la sentencia se encontraban impagas las prestaciones de la LRT.
“Teniendo en cuenta la cuestión estrictamente humanitaria involucrada en esta causa, así como los principios de justicia social que cimentan el régimen legal sobre riesgos del trabajo, se exhorta a la demandada para que extreme la diligencia en el cumplimiento célere y adecuado de las obligaciones respectivas”, expresó Pecchio.
Además, precisó la necesidad de “racionalizar la gestión pública estatal” para evitar el gasto innecesario de recursos económicos e institucionales por parte del Estado.
La resolución del magistrado, que tramitó mediante la modalidad de Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) y con concentración de los actos procesales, se produjo a los dos meses de iniciada la demanda.
En definitiva, el tribunal hizo lugar a la demanda presentada por el esposo de la médica y, en consecuencia, condenó al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a pagar 19.198.913,71 pesos.
