“No se la va a llevar así nomás, señora. Va a saber quién soy yo. ¿Se da cuenta de lo que hizo con un profesional? Pronto nos veremos (…). A las 9, estoy ahí con gente. Y si no está, tendré que entrar por la fuerza. No es una amenaza, por favor, es simplemente un pedido para que deje de hacer tonteras (…) A mí no me van a hacer una denuncia por trata de personas”.
Eduardo Julio Garzuzi (52) sufrió un nuevo procesamiento, en junio, por presuntas amenazas. Por estas horas, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó esa resolución del juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes.
Garzuzi, exsecretario de la Mesa de Coordinación y Enlace de Tribunales II, de la Dirección de Policía Judicial, fue imputado por el fiscal N° 2, Carlos Casas Nóblega, como presunto autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual de una joven (22) y de reducción a la servidumbre, agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado tal finalidad.
El caso contra Garzuzi
Quedó implicado como sospechoso luego de la denuncia que presentó la madre de la supuesta víctima (con problemas de adicciones a las drogas). En una reunión organizada por otro exfuncionario judicial (bajo sospecha), en noviembre de 2019, Garzuzi habría obtenido el número de celular de la joven a través de su colega.
A partir de allí, Garzuzi habría montado una estrategia de captación durante más de un mes, enviándole a la mujer mensajes y fotos, y realizándole ofrecimientos de droga y de alcohol. A pesar de las evasivas para evitarlo, finalmente accedió a pasar con él un fin de semana en un hotel de Carlos Paz, en diciembre de 2019.
El hombre le habría brindado una provisión indiscriminada de droga, en el marco de una presunta “fiesta” o una orgía. Luego, Garzuzi habría logrado continuar con el proceso de captación con mayor facilidad: su acomodada situación económica le habría permitido proveer de drogas a la joven de manera constante. Eso habría agravado su adicción, su situación de vulnerabilidad y su dependencia económica de él.
Uno de los elementos que reforzaría hipótesis del sometimiento es la declaración de un vecino de Garzuzi, quien afirmó que este la habría drogado, agredido físicamente y violado. En ese sentido, agregó que algunos vecinos señalaron que otros hombres también la habrían abusado en el departamento.
Además, precisó que se escuchaban insultos sistemáticos del imputado hacia la joven, gritos y peleas en el marco de la convivencia a la que habría llegado tras haber sido supuestamente doblegada su voluntad.
La mujer le habría pedido que no la echara del departamento céntrico porque no tenía a dónde ir, ya que, como consecuencia de su relación con Garzuzi, no solamente se habría apartado de su familia y de su grupo social, sino que, además, sus planes de vida habrían sido alterados, especialmente los estudios que cursaba.
Incluso, la hermana de ella y otras personas intentaron hacer que regresara a su hogar, aunque solo consiguieron que se quedara en el departamento de una de ellas. Sin embargo, la joven manifestó su intención de volver al inmueble con Garzuzi para consumir sustancias.
“Las probanzas (…) evidencian claramente que el accionar de Garzuzi tenía por finalidad explotar sexualmente a la presunta víctima y reducirla a la servidumbre”, señaló la camarista Liliana Navarro, en febrero, al confirmar el procesamiento por trata. La conclusión fue compartida por sus pares, Abel Sánchez Torres e Ignacio Vélez Funes.
Amenazas y nuevo fallo
Si bien los camaristas habían revocado por mayoría el procesamiento por amenazas (dictando la falta de mérito a su favor), ahora la sala integrada por Navarro y Sánchez Torres confirmó el procesamiento que Sánchez Freytes dispuso en junio.
El magistrado sostuvo que era probable que Garzuzi hubiera amenazado a la madre de la víctima tras el allanamiento practicado en su inmueble de barrio Centro, en junio de 2020. Las amenazas las habría realizado a través de WhatsApp directamente al número de la mujer. Particularmente, el juez valoró en su contra que cada mensaje lo finalizaba con su nombre y coincidió con el fiscal Casas Nóblega que la voz en los audios enviados era reconocible.
También resaltó la conclusión del fiscal de que el imputado estaba vinculado al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad y tenía conocimiento penal/legal, por lo que sus dichos habrían tenido un mayor impacto en la mujer por las posibilidades que habría tenido de ejecutar el mal anunciado (que resultaban mayores a las de una persona “común”).
Además, tuvo en cuenta la declaración de la joven, acerca de que su madre se habría sentido intimidada y amedrentada por Garzuzi.
Por su parte, el defensor Benjamín Sonzini Astudillo apeló la medida y el pleito subió a la Cámara. En su voto, el vocal Sánchez Torres recordó que en el fallo anterior ya se había pronunciado –en minoría– sobre las amenazas que habría lanzado Garzuzi.
“Expresiones idóneas para alterar”
“Entendí, y continúo concibiendo, que las expresiones que habría proferido Garzuzi (…) resultaron idóneas para alterar la libertad psíquica de la denunciante (…) como así también de afectar su sentimiento de seguridad”, remarcó.
En los tres audios enviados, el imputado habría buscado amedrentar a la mujer, con ciertas expresiones: “No es tan fácil, eh. No se la va a llevar así nomás, señora. (…) Va a saber quién es su hija y va a saber quién soy yo. (…) ¿Se da cuenta de lo que hizo con un profesional? Pronto nos veremos”.
“A las 9 estoy ahí con gente. Y si no está, tendré que entrar por la fuerza. No es una amenaza, por favor, es simplemente un pedido para que usted deje de hacer tonteras (…). A mí no me van a hacer una denuncia por trata de personas. ¿Pero quién se ha creído que es, señora? Un besito, que descanse. En cinco horas nos vemos”, dijo en otro audio.
El camarista, desde otro costado, resaltó que Garzuzi habría enviado más mensajes de forma incesante, llamándola y mandándole links con información sobre “el delito de acusación y denuncia falsa”, entre otros. La denunciante debió tener custodia policial en su casa por miedo.
“Entiendo que los dichos (…) en el contexto en el cual fueron proferidos, resultaron –prima facie– idóneos para afectar el ánimo y la voluntad (…); como así también estimo como probable que la intención del imputado fue infundir miedo (…) para que desista de denunciarlo por retener a su hija”, señaló.
