Luego de que desde la Municipalidad de Córdoba se anunciara que se adherirá a la Ley de Seguridad Eléctrica, sectores de la oposición aseguraron que esa medida no cambia la vigencia de la normativa que obliga a adecuar las instalaciones públicas de electricidad.
La decisión de la gestión de Martín Llaryora se hizo pública luego de la muerte de Luciano Valentín Aranda, de 14 años. El adolescente recibió una descarga eléctrica cuando se apoyó sobre un poste de alumbrado público en una plaza ubicada en la intersección de Achával Rodríguez e Ingeniero López, de barrio Alto Alberdi. El hecho ocurrió el lunes por la tarde.
Esa normativa obliga a los municipios a presentar planes de adecuación de sus instalaciones de alumbrado, para que cumplan con exigentes medidas de seguridad. La gestión de Ramón Mestre no había adherido porque consideraba que los plazos de adecuación eran cortos, no había fondos suficientes y desconocía al Ente Regulador de Servicios Públicos provincial como autoridad de aplicación.
Y en los dos años de gobierno de Llaryora tampoco se avanzó en la adhesión a la norma. Tras la muerte de Luciano Aranda, se enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para sumarse a esas regulaciones.
Sin embargo, el concejal Juan Pablo Quinteros, que también fue vocal del Ersep, aseguró que la lectura que hace de la adhesión el municipio es equivocada. “Es erróneo desde lo legal, y una canallada desde lo político. Porque decís que no lo tenés que cumplir, ¿estás diciendo que no sos responsable de un poste porque no adheriste? No resiste absolutamente nada. ¿Decís que no te pueden hacer nada porque no adheriste?”, cuestionó el edil de Encuentro Vecinal Córdoba.
Quinteros explicó que la adhesión para que los municipios y comunas que tienen el servicio eléctrico en manos de cooperativas se sumen para que rija en el ámbito de las prestadoras la obligación del “certificado de instalación eléctrica apta”, no para presentar los planes de adecuación y ejecutarlos.
En ese sentido, el concejal presentó un pedido de informe sobre si se avanzó en algún punto de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Eléctrica.
“No culpo a esta gestión porque son responsabilidades concurrentes. Las distintas gestiones quisieron leer la ley como más le convenía, al igual que el Ministerio de Servicios Públicos y el Ersep, que antes querían sancionar a la Municipalidad y ahora cambiaron la óptica”, afirmó el edil.
“Nos hagamos cargo cada uno de lo que nos toca. A Luciano no lo revive nada, pero al menos que está tragedia sirva para quitar ese manto de hipocresía y cinismo con el que siempre se manejan estas situaciones”, añadió.
Desde el Ersep
El vocal por la minoría en el Ersep Facundo Cortés Olmedo coincidió con Quinteros que en que la adhesión es solo a los fines de que los municipios incorporen las pautas técnicas de control y fiscalización que contempla la ley y su reglamentación, pero no para condicionar la vigencia de la ley.
No obstante, Cortés consideró “que con o sin ley, ese poste no podía estar así”.
“Por eso entiendo que se está corriendo el eje del debate sobre el trágico hecho. La responsabilidad por las cosas riesgosas (como es un poste de luz en un plaza) no dependen de una ley especial. Surge directamente por imperio del marco legal de la responsabilidad del Estado, ley 26.944, respecto de los bienes de su titularidad y afectados al uso público”, explicó el vocal que representa al radicalismo.
“Insisto con o sin ley de seguridad eléctrica, las instalaciones públicas deben ser seguras, y la responsabilidad de ello es del gobierno, de cualquier color político que sea”, remarcó.
Esperan por los peritajes
La causa de la muerte de Luciano Aranda no produjo mayores novedades este viernes.
El abogado que patrocina a la familia del adolescente, Carlos Nayi, comentó a La Voz que aguardan los resultados de los peritajes técnicos que la Policía Judicial realizó sobre las instalaciones eléctricas de la plaza de barrio Alto Alberdi donde jugaba con su hermano.
Esos resultados estarían para mediados de la semana que viene. Con ese material, se podrá avanzar en la investigación que busca establecer las responsabilidades sobre la muerte del joven.
