El Concejo Deliberante de Córdoba comenzará a debatir un proyecto de ordenanza por el cual se permitirá a los “barrios con seguridad” regularizar su situación. Podrán hacerlo sólo en una ventana de 120 días, una vez aprobada la iniciativa, y a cambio la Municipalidad dejará de prestarles servicios.
Hay que recordar que en la Capital no hay ninguna ordenanza que permita la existencia de “barrios con seguridad”; sin embargo, proliferaron en los últimos 20 años. Sí existe la ordenanza de Urbanizaciones Residenciales Especiales (URE), que permite el cerramiento de loteos, pero con terrenos que deben tener mil metros cuadrados dentro de Circunvalación y 1.500 metros si están afuera. Los denominados “countries”.
Pero por inacción de la propia Municipalidad se multiplicaron con lotes de 350 metros cuadrados o menos que instalaron garitas de seguridad y algún tipo de cerramiento en calles, interrumpiendo la trama urbana. Esa situación es ilegal: el municipio debería obligarlos a retirar esos cercos y que se integren al resto de la ciudad.
El concejal Marcos Vázquez, presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, presentó un proyecto de ordenanza que crea el “Régimen de Regularización para Loteos con Perímetro Controlado” y permite que sean asimilados a las URE. La iniciativa también está firmada por Pablo Ovejeros, Natalia Quiñónez e Ileana Quaglino.
Regularización de loteos
El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Córdoba, exige que la urbanización posea una “consolidación mínima del 50 por ciento de las viviendas ejecutadas y que cuenten con permiso de edificación”. También que tengan dos ingresos, uno principal y otro alternativo, como mínimo.
Además, cerramiento perimetral transparente, “tales como verjas, alambres tejidos, etcétera, con una altura máxima de tres metros, cuando no coincida con medianeras”. A su vez, deberán contar con servicio de vigilancia las 24 horas, durante los últimos cuatro años, al momento de que entre en vigor la ordenanza.
Otra exigencia es que cuenten con servicio de recolección de residuos interno, desde el lugar de origen hasta el punto exterior de retiro del loteo, y representante designado “conforme la organización jurídica del loteo, pudiendo ser una persona humana o jurídica”. Es decir, que funcionen como un consorcio.
Pero si no tienen esa personería, se les pedirá “unanimidad de los propietarios de las parcelas que conforman cada lote para su constitución”.
La regularización tiene un plazo perentorio: 120 días hábiles para la adhesión al régimen desde la entrada en vigor de la ordenanza; y 90 días hábiles desde la admisión de la solicitud, para realizar las adecuaciones materiales.
Si no se adhieren en ese plazo, los loteos “adquieren la condición permanente de loteo abierto, debiendo revertir las medidas de cerramiento que hubieren instalado”.
Si reciben la aprobación final del “Loteo con Perímetro Controlado” se les otorga el uso exclusivo del espacio público que quede dentro del perímetro controlado. Eso implica que la Municipalidad de Córdoba y sus entes descentralizados y sociedades del Estado o de economía mixta dejan de realizar obras y abandonan la prestación de servicios públicos, “salvo que medie convenio específico”.
Otro punto importante: esa condición de “Loteo con Perímetro Controlado” puede ser revocada por el Ejecutivo municipal “cuando se incumpla lo establecido” en las condiciones que debe tener o cuando “se funde en razón de la variación de las condiciones urbanas y de conectividad; sin perjuicio de su intervención en materia de servidumbres de paso, obras o mantenimiento de servicios cloacales, de luz, de agua o de redes de gas, sin necesidad de autorización del loteo”.
Es decir que si el Ejecutivo municipal lo requiere, puede obligar a abrir una calle en medio de la urbanización.
Los fundamentos
Según Vázquez, la iniciativa busca complementar el trabajo que viene desarrollando la gestión de Martín Llaryora “en el marco de la regularización de la ciudad en su conjunto”.
“Son barrios que no son countries ni barrios comunes que los han cercado”, explicó el edil peronista, que calculó que hay más de 50 urbanizaciones en condiciones de adherirse.
“Es darles la oportunidad a estos vecinos que están bajo alguna organización, y que pagan expensas por alumbrado, barrido y limpieza, de que se conviertan en barrios de perímetros cerrados, que puedan poner seguridad”, señaló.
“Los que no cumplan, van a tener que adaptarse a lo que es un barrio convencional. Es una ventana para dar la posibilidad de estar en una zona gris”, remarcó el concejal.
En esa línea, recordó que en 2010 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que le otorgó una excepción a Valle Escondido.
Esa urbanización no cumplía con lo establecido en la ordenanza 8.606, que dice que los únicos barrios que pueden ser cerrados son los que tienen lotes de más de mil metros dentro de la Circunvalación y más de 1.500 fuera del anillo.
El debate sobre el estatus de ese barrio tomó fuerza luego de que en 2007 falleció el joven repartidor de pizzas Milton Saffadi en un accidente en uno de sus ingresos.
Tras meses de debate, se aprobó una ordenanza que, por vía de excepción, convirtió a Valle Escondido en una “urbanización especial con acceso restringido y controlado”.
La exconcejala Olga Riutort presentó en diversas oportunidades proyectos para ampliar esa posibilidad a otras urbanizaciones, la última en 2020. Pero nunca consiguió el apoyo para que se sancionara.
Ahora, la iniciativa fue presentada por el oficialismo, lo que indica que tras una instancia de debate, será finalmente sancionada en el Concejo.
