La provincia de Córdoba acumuló 13 amenazas de bomba en los últimos 159 días, equivalentes a casi seis meses, en una secuencia que obligó a activar en cada ocasión el protocolo de emergencia previsto para incidentes con artefactos explosivos.
Del total de 13 casos, 12 se dieron en la Capital y solo uno en el interior. Cada operativo que se lleva a cabo por estas falsas amenzas, a la Provincia le cuesta más de 17,5 millones de pesos.
De los 13 episodios registrados, siete tuvieron como objetivo establecimientos educativos, mientras que tres se registraron en domicilios privados.
La última intimidación fue denunciada el martes 2 de diciembre, a las 12.50, en el Colegio Institución Escuti, ubicada en Nazaret de barrio Las Rosas, donde la Policía intervino tras una llamada anónima que alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo.
Las restantes se distribuyeron en los meses previos y, aunque todos arrojaron resultado negativo, cada uno exigió el despliegue total del operativo de seguridad.
En todos los casos, los reportes fueron elevados inmediatamente a la Justicia, que inició las investigaciones con participación de la Dirección General de Investigación Criminal y la División Antiterrorismo.
De las 13, 7 en escuelas
Según los datos a los que accedió La Voz, en Córdoba se acumularon 13 amenazas de bomba en un período de 159 días, lo que representa un promedio de una cada 12 días.
Del listado de lugares amenazados, siete fueron establecimientos educativos y tres ocurrieron en direcciones particulares. Uno singular fue en la iglesia Catedral.
La secuencia semestral de amenazas comienza el 27 de junio y llega hasta el 2 de diciembre, con la situación que se vivió en el colegio Escutti.
Los episodios fueron distribuidos en instituciones educativas, edificios públicos, comercios y domicilios particulares. Cada falsa amenaza fue a través de llamadas telefónicas, salvo una que llegó por medio de un correo electrónico.
La primera en esta ventana de tiempo se produjo el 27 de junio, a las 18:44, cuando se alertó sobre la presencia de un supuesto explosivo en el Instituto Católico Superior Incasup, de Avenida Vélez Sársfield 539, en barrio Güemes. Ingresó mediante un llamado telefónico.
La segunda tuvo lugar el 23 de julio, casi un mes más tarde, a las 10:12, en la calle 3 de Junio de barrio Patricios, donde funciona el Ipem 297 René Favaloro. En este caso, la central de comunicaciones recibió dos llamados de alerta.
La tercera se registró el 3 de agosto, a las 14:44, en barrio Talleres Este, donde funciona la despensa “Zapeo”: ahí la advertencia ingresó mediante un llamado.
La cuarta ocurrió el 25 de agosto, a las 10:32, con una amenaza en la iglesia Catedral de Córdoba, ubicada en el área central de la Capital. El aviso fue también telefónico.
La quinta se registró un día más tarde, el 26 de agosto, a las 8:25, en la intersección de Emilio Olmos y Rivera Indarte, en pleno Centro, donde se encuentra el Museo del Cuarteto. La Policía recibió un llamado que aludía a la presunta colocación de un artefacto explosivo.
La sexta tuvo lugar el 18 de septiembre, a las 16:30, en Avenida Colón 951, en barrio Alberdi, y apuntaba a la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó. Esa vez fueron dos los llamados.
La séptima, y única en el interior, fue el 24 de septiembre, a las 09:31, en calle Vélez Sársfield de la ciudad de Saldán (vecina de la Capital), donde funciona el colegio Ipem 193 José María Paz. Otra vez, ingresó mediante un llamado.
La octava fue el 25 de septiembre, a las 15:18, nuevamente en la escuela Alejandro Carbó, de barrio Alberdi. La amenaza fue reportada a través de dos llamados, como en la primera ocasión en ese colegio.
La novena ocurrió el 17 de octubre, a las 13:08, en Chacabuco 737, de barrio Nueva Córdoba, donde funciona el Registro Civil de la Municipalidad, con una advertencia telefónica.
La décima falsa alarma de bomba se produjo el 17 de noviembre, a las 10:47, en Campichuelo 635, en barrio Villa Urquiza, dirigida a un domicilio particular, mediante dos llamados por teléfono.
La undécima fue el 23 de noviembre, a la 01:11, en calle Arturo Capdevila de barrio Villa Esquiú, donde funciona un salón de fiestas, con dos llamados.
La duodécima se produjo el 27 de noviembre, a las 10:29, en la esquina de Donato Álvarez y Germán Vagni, en Argüello, y apuntaba a la Universidad Blas Pascal. A diferencia de los otros casos, ingresó por correo electrónico enviado a la universidad. En este sitio, demandó un gran despliegue para evacuar a toda la sede universitaria y hasta se suspendieron todas las mesas de exámenes previstas para ese día. Los alumnos, docentes y no docentes que se encontraban en el predio, debieron abandonar por unas horas el lugar.
Los operativos y los recursos que se movilizan
En cada amenaza, el procedimiento se puso en marcha desde el momento en que la central de comunicaciones de la Policía recibió el aviso.
La activación automática del Protocolo de Actuación ante Incidentes con Artefactos Explosivos dispone el envío de móviles policiales, brigadas especializadas y personal técnico para iniciar la verificación.
Apenas se llega a los lugares señalados, los equipos comunican la situación y solicitan la presencia de la Brigada de Explosivos, la división encargada de evaluar si corresponde aplicar medidas de aislamiento, cortes de tránsito, evacuaciones preventivas y acordonamientos.
Las tareas de búsqueda preventiva son realizadas por personal entrenado para detectar o descartar objetos sospechosos en el interior y en los alrededores de las instituciones.
Esta revisión permitió determinar en todos los casos que no existían indicios de la presencia de explosivos y que se trataba de falsas alarmas.
El despliegue de recursos humanos y materiales involucrados es amplio. El Departamento de Explosivos participa con móviles, canes adiestrados, efectivos y jefes operativos. El Centro de Comunicaciones y Videovigilancia Ciudadana interviene con telefonistas y radioperadores encargados de coordinar la respuesta en tiempo real.
Por su parte, el CAP suma móviles adicionales, personal de seguridad y armamento largo. También actúa la Dirección de Bomberos, la Dirección de Motocicletas, la de Investigación Administrativa, ambulancias con profesionales de la salud y agentes de la Policía Municipal de Tránsito, encargados de ordenar calles y establecer desvíos si se evalúa necesario.
Este funcionamiento integral, con matices, se aplicó en las 13 amenazas citadas.
El costo económico
Los procedimientos tuvieron un costo considerable para la Provincia.
Según pudo conocer La Voz, un operativo estándar de cuatro horas implica gastos vinculados al uso de móviles policiales, motos, equipamiento especializado, armamento, canes y despliegue de personal. Ese conjunto de recursos representó un total de 13.513.000 pesos. A esa cifra se le suma la tasa del 30% prevista por la Ley 4982, que eleva el monto final a 17.567.000 pesos por cada intervención.
El cálculo permite dimensionar el costo real de movilizar toda la estructura policial frente a una amenaza que, en cada uno de estos casos, resultó ser falsa.
El marco legal de la falsa amenaza
En materia legal, la falsa denuncia está tipificada en el Código Penal. Los artículos 149 bis y 149 ter establecen penas de prisión o reclusión de seis meses a dos años para quienes formulen amenazas destinadas a alarmar o amedrentar, con incrementos de uno a tres años en casos de anonimato o utilización de armas.
Además, en Córdoba, estas conductas se considera delitos de intimidación pública para la Justicia provincial, contemplados en el artículo 211 del Código Penal, lo que habilita sanciones adicionales por las consecuencias económicas que provocan al Estado.
Las investigaciones judiciales permitieron determinar en varios casos que los autores podrían ser menores.
Bajo los principios del derecho procesal penal juvenil, se aplicaron medidas socioeducativas o instrumentos de Justicia Penal Restaurativa, según lo indicado por las autoridades.
Sin embargo, fuentes provinciales insistieron en que se mantendrá la persecución penal correspondiente para establecer responsabilidades y encontrar a los responsables de estos actos.
Ministro Quinteros: “No se juega con el terror”
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con La Voz fue categórico al referirse a la sucesión de amenazas ocurridas. “Cada amenaza de bomba ha activado un protocolo estricto que la Policía ha cumplido sin excepciones. Y todas las que hemos recibido este año han sido falsas”.
También explicó que cada hecho fue derivado a la Justicia. Dijo: “Cada procedimiento es puesto inmediatamente a disposición de la Justicia, porque es allí donde debe avanzarse para identificar a los responsables”, y aseguró que la Provincia pone todos los recursos de investigación a disposición del Ministerio Público Fiscal.
Quinteros remarcó la gravedad jurídica y social de estos episodios al afirmar que “no se trata de una travesura: es un delito que moviliza recursos, altera servicios esenciales y genera miedo en la sociedad”.
También anticipó las consecuencias para quienes resulten identificados: “Cuando se identifique a quienes están detrás de estas maniobras, muchos van a entender que no se juega con el terror”, y prometió que el Gobierno provincial “va a actuar con toda la severidad necesaria para que este tipo de conductas se termine de una vez por todas”.
