Un dato en un juicio de divorcio en Buenos Aires abrió la puerta a un vidrioso trasfondo familiar ocurrido en Córdoba hace 28 años. La Justicia federal local investiga si en 1993 un hombre anotó como suya en el Registro Civil provincial a una nena cuando la madre adujo desconocer la identidad del padre de la por entonces pequeña.
El comerciante, imputado por alteración del estado civil y falsedad ideológica, sufrió un revés judicial hace unos días cuando la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba revocó el sobreseimiento por extinción de la acción penal dictado por el juez N1°, Ricardo Bustos Fierro.
De esta manera, el hombre continuará bajo investigación en una causa que comenzó en 2011.
El caso
Las suspicacias sobre el accionar del hombre surgieron hace algunos años durante la tramitación de divorcio del hombre con otra mujer, su entonces esposa.
En los papeles, el comerciante figuraba padre legítimo de la nena junto a la madre de la pequeña, quien la dio a luz el 28 de marzo de 1993 en el Hospital Misericordia. En aquel momento, la mujer argumentó que desconocía la identidad real del padre de la niña.
Posteriormente, el imputado (un conocido de la vecina de la mamá de la nena) se habría presentado en el Registro Civil y habría insertado datos falsos para obtener la partida y DNI de la nena que lo acreditaba a él y a la madre como padres.
De ese modo, habría alterado el estado civil de la pequeña porque, según los dichos de la progenitora, ella desconocía la identidad real del padre de su hija.
Con posterioridad, la niña fue adoptada por la esposa del comerciante, que se radicó en Buenos Aires.
Durante la tramitación del divorcio, a la Defensoría Pública de Menores N°2, de la ciudad porteña, le pareció sospechosa que la pequeña fuera adoptada por la entonces pareja del hombre, y advirtió la posibilidad de algún tipo de irregularidad al momento de la inscripción en el Registro Civil cordobés.
Remitió el caso al fiscal federal N°1, Enrique Senestrari, quien abrió una investigación e imputó al negociante por la supuesta alteración del estado civil de la niña y por falsedad ideológica.
Sobreseimiento y revocación
En mayo del año pasado, el juez Bustos Fierro declaró extinguida la acusación por prescripción y lo sobreseyó.
Sin embargo, el fiscal Senestrari apeló ante la Sala A de la Cámara Federal y solicitó la revocación del fallo. En esa instancia, el fiscal general destacó que si bien lo que se protege es la identidad y el estado civil de las personas, lo que se vulneró en la causa fue la identidad de la entonces niña, protegida por la Constitución Nacional y por la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esa línea, consideró que al ser delito continuo y permanente, no es posible catalogarlo como prescripto porque sus efectos no concluyeron.
La camarista Graciela Montesi consideró que si bien el hombre había sido imputado por alteración del estado civil y falsedad ideológica, debería aplicarse la figura de supresión o alteración de la identidad de menores (con una escala penal que va de los dos a los seis años de prisión).
“Cabe ponderar en orden a la figura en juego que la inscripción de un recién nacido como hijo de alguien, que en realidad no mantiene tal vínculo biológico, resulta un hecho con entidad suficiente como para alterar la identidad de esa persona. Ello así, desde que tal acto implica esconder al menor sus raíces biológicas, aún cuando el padre de sangre es desconocido”, indicó.
Consideró que la supresión o alteración de la identidad constituye un delito de carácter permanente, “por cuanto se comete en todos los instantes en los cuales se mantiene vigente la acción prohibida, de manera que todos los momentos de su duración pueden imputarse como consumativos del mismo. Es decir, que su consumación se prolonga interrumpidamente en el tiempo mientras se siga realizando la acción típica”.
En ese sentido, abundó al señalar que el hecho delictivo “continuaría ejecutándose hasta tanto la víctima recupere legalmente su identidad, momento a partir del cual cesaría el delito”. Allí, según afirmó, comenzaría a correr la prescripción de acuerdo a los plazos legales correspondientes a la figura penal que el juez deberá precisar al profundizar la investigación.
“Entiendo así equivocado el razonamiento efectuado por el instructor y considero que, a los fines de verificar la extinción o no de la acción penal, debe estarse a la figura penal aquí valorada como de específica aplicación”.
Los demás camaristas, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Ávalos, votaron en igual sentido y la Sala A revocó el sobreseimiento. De este modo, el juez deberá ahondar en la investigación.
