El domingo pasado los ríos de Córdoba se cobraron una nueva víctima: esta vez fue una niña que murió a metros del vado de Cabalango, en Punilla. Desde que comenzó la temporada ya suman 16; una decena de ellos en lagos y ríos.
Si bien bañistas, profesionales de la salud y bomberos intervinieron para intentar reanimar a Jazmín Saldaño, la falta de guardavidas en esa zona evidencia carencias en la prevención, como en muchos lugares del territorio provincial.
Córdoba sancionó en 2001 la ley 8939, pero nunca fue reglamentada. En las últimas décadas existieron varios intentos por actualizar el marco normativo en la Unicameral pero todos resultaron infructuosos. En todos los casos se hizo hincapié en la importancia de los ríos y lagos en la oferta turística de la provincia y en la necesidad, a la vez, de proteger a cordobeses y visitantes.
Varios intentos, escasa reacción
En 2006 la legisladora Mónica Prato propuso modificar la ley vigente en cuanto al organismo habilitado a habilitar la función de guardavida. La norma establecía a la Dirección de Regímenes Especiales del Ministerio de Educación pero Prato solicitó que lo hiciera la Sección Grupo Especial de Salvamento (GES), dependiente del Ministerio de Seguridad, porque consideró que tenía la capacidad técnica para llevar mejor adelante la evaluación técnica, entregar la libreta habilitante y controlar el ejercicio de la actividad.
En los fundamentos, Prato sostenía que eran pocos los lugares de la provincia en los cuales “se cumple la normativa”. Y agregaba que “al no haberse definido claramente el organismo de aplicación es prácticamente ausente el control del servicio”.
Dos años más tarde, el exlegislador José Maiocco también planteó la necesidad de modificar la ley. Sostenía que la provincia “se ofrece como un lugar de turismo seguro” y que era deber de los legisladores “otorgar prevención y seguridad en las aguas, ríos, balnearios públicos, piletas de clubes o privadas aportando un valor agregado a la actividad turística”.
El exlegislador impulsaba que la ley se aplicara “creando los controles adecuados”. Eso incluía un Registro Provincial de Guardavidas para llevar un preciso control de las personas habilitadas y aptas para el desarrollo de la actividad.
Pasaron 10 años para que la Unicameral recibiese otra propuesta para legislar la actividad de los guardavidas. En 2018 los exlegisladores Javier Bee Sellares y Carlos Ciprian promovieron la derogación de la ley 8939 e impulsaron una norma más completa y actualizada con el fin de preservar la seguridad pública del ambiente acuático.
“Habían ocurrido algunas muertes durante ese verano y creímos que era momento de abordar un tema tan importante”, sostuvo Bee Sellares a La Voz.
El proyecto de ley establecía la creación del Observatorio Provincial de Guardavidas (OPG), el cual debía estar integrado por un representante del Ministerio de Gobierno y de las áreas de Salud, Educación, Trabajo, Ambiente y Servicios Públicos, además de la agencias Córdoba Deportes y Córdoba Turismo.
La función principal del OPG era elaborar un Plan de Prevención, Seguridad, Salvamento y Rescate Acuático y para tal fin podía convocar a expertos. A su vez, proponía que la autoridad de aplicación de la ley sería el Ministerio de Gobierno, encargado de hacerla cumplir y de aplicar sanciones.
“El plan busca generar conciencia ciudadana, contar con profesionales guardavidas formados con los alcances específicos para actuar en cada caso de emergencia y velar por la seguridad de las personas. Asimismo consideramos necesario contar con una norma que permita institucionalizar la formación profesional del guardavidas”, indicaba el proyecto de ley.
También se creaba el Registro de Guardavidas de la Provincia, la emisión de la Libreta de Guardavidas y la reválida técnica y física anual.
Además, la norma estipulaba un fluido intercambio de información con instituciones públicas o privadas, municipales, provinciales o internacionales con el objeto de incorporar conocimientos y técnicas, desarrollar la formación del salvamento acuático en todo el ámbito provincial, entre otras iniciativas.
En cuanto a la formación, al Ministerio de Educación le correspondía habilitar y controlar el funcionamiento de las instituciones formadoras de profesionales guardavidas.
“No hubo interés de ser debatido en comisión. Considero que el Gobierno provincial no tuvo como prioridad el cuidado de la vida humana en todos los ámbitos”, agregó el exlegislador.
Dos años más tarde el objetivo de ajustar la normativa volvió a tener estado parlamentario a través de un proyecto de ley de la entonces legisladora Mariana Caserio. Pero tampoco llegó a ser analizada en el recinto.
Caserio había propuesto que “todos los espacios habilitados como ámbitos acuáticos debían contar en forma obligatoria con el servicio de guardavidas”. Y argumentaba: “Nuestra obligación es legislar en pos de la protección y de la seguridad de las personas”.
En cuanto a la formación, el Ministerio de Educación tenía a cargo la creación, habilitación y homologación de la carrera profesional y de otorgar el título oficial habilitante para el ejercicio de los guardavidas. Además era su potestad habilitar y controlar el funcionamiento de las escuelas de guardavidas.
Como autoridad de aplicación figuraba la Secretaría de Seguridad y entre sus funciones estaba la creación del Registro Provincial de Guardavidas, la realización de programas y cursos para modernizar la tarea y actualizar los perfiles técnicos profesionales.
“Nuestra provincia no se encuentra exenta de los ahogamientos y podemos observar que año a año se producen hechos de esta naturaleza y de los mismos algunos son lamentables con la consecuencia de la pérdida de vidas humanas”, aseguraba Caserio tiempo atrás.
La exlegisladora planteó que el proyecto de ley tenía la intención de “llenar un vacío legal ante la inexistencia de una normativa que regule plenamente la actividad de los guardavidas”. Y citó el caso de otras provincias que ya tenían leyes y reglamentaciones para regular la formación y la actividad de guardavidas.
“La problemática es cada vez más grave, se necesita una ley superadora y no hacer más parches”, sostuvo Caserio entonces.
La Legislatura solo aprobó un curso formativo
En todos estos años solo hubo voluntad política para aprobar el dictado de un Curso Provincial de Guardavidas, a través del IPEF, incorporado a la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba y con certificación oficial.
Tampoco se pusieron de acuerdo para sancionar con fuerza de ley la adhesión de la Provincia a la ley nacional 27.155, presentada por el exlegislador Eduardo Serrano.
Esta norma nacional regula la formación y ejercicio de la profesión de guardavidas, incorporando presupuestos básicos y elementales que deben cumplirse en todo ambiente acuático; establecer las obligaciones que tienen los empleadores con relación a dichos ambientes, instalaciones existentes y el suministro de equipamiento, con el fin de permitir la atenuación de riesgo para los trabajadores guardavidas garantizando la mayor efectividad en la tarea de prevención y rescate en casos de emergencia y la creación del Registro Nacional Público de Guardavidas, en el cual deberán inscribirse todos los guardavidas que ejerzan la actividad en cualquier ambiente acuático, entre otros aspectos.
“Lamentablemente se metió la política. Cuando decidí apartarme de Hacemos por Córdoba difícilmente le iban a dar lugar a un proyecto de ley que había pasado por mis manos”, expresó Serrano. Y agregó: “Se está haciendo poco para intentar reducir las muertes por ahogamiento y tampoco existe seguridad jurídica y laboral para los guardavidas”.
