La Asamblea Discapacidad Regional Córdoba se moviliza este martes desde las 10 para visibilizar la situación crítica que atraviesa el área. La concentración inicia en Avenida Colón al 600 y se extiende hasta la Superintendencia de Servicios de Salud ubicada en Dean Funes 769.
“Nuevamente tenemos que salir a manifestar para visibilizar esta situación y reclamar una solución. Prestadores de los servicios para personas con discapacidad estamos en una agonía económica aplastante”, indican en un comunicado.
Avierten que sin trabajadores cubriendo las prestaciones las personas con discapacidad no podrán recibir los tratamientos que por derecho les corresponden cuando cuentan con su CUD (Certificado único de discapacidad).
Según manifiestan esto sucede tanto con las obras sociales en la esfera de la Superintendencia, como con la adminstración de seguridad social provincial Apross, la cual denuncian que tampoco cumple con los valores estipulados en el nomenclador.
“Hoy salimos a la calle a decir basta de precarizar a los prestadores, sin prestadores no hay derechos y sin derechos no hay patria posible!”, y las principales máximas se la movilización serán: “Sin trabajadores no hay prestaciones”, “La inclusión es trabajo” y “Discapacidad en agenda”.
Dos aspectos de la crisis
Los trabajadores de discapacidad plantean que existen dos aristas en el conflicto que atraviesan, uno temporal y otro estructural.s
El temporal refiere a la demora en el cobro de los trabajos realizados que se facturan a la obra social al finalizar el mes y el pago llega más de 60 días días. En algunos casos la demora supera ese plazo y llega a 180 días lo cual se les hace insostenible en el contexto inflacionario del país.
Por otro lado, el aspecto estructural tiene que ver con la tendencia histórica que se evidencia en la relación que existe entre el valor de los aranceles y el valor de los costos y la inflación.
Esa relación ha empeorado constantemente en los últimos 10 años y hoy en día denuncian que los aranceles cubren apenas el 50% de lo que cubrían una década atrás, por lo que aumentar un 98% para recuperar su valor histórico.
“Es tiempo que dejen de ser los prestadores, los que con su trabajo y resignación, garanticen a las personas con discapacidad el ejercicio y goce de sus derechos. Así es, el sistema de inclusión hoy por hoy e históricamente se sostiene desde el trabajo de profesionales. Es tiempo de que el Estado asuma las políticas necesarias para garantizarlas ya que la inclusión por derecho es su responsabilidad”, cierran.
