Tras la toma de las instalaciones del Instituto Superior de Educación Artístico Musical (Iseam) Domingo Zipoli, de la ciudad de Córdoba, trascendieron denuncias de parte de estudiantes mujeres contra un compañero de escuela por delitos contra la integridad sexual.
Impulsadas por el Centro de Estudiantes, las tomas comenzaron a finales del mes de mayo. Durante dos semanas, los chicos reclamaron por el alcance del título para ser docentes titulares. Pero al finalizar las medidas de fuerza, mensajes introducidos en un buzón donde se evaluaron las medidas acusaron 15 casos de abuso sexual, acoso y una violación.
En todos los hechos señalados habría participado el mismo estudiante. Cuando se abrió el buzón, cuatro adolescentes decidieron hacer las denuncias en el Polo de la Mujer. Y tras un periodo durante el cual el acusado no asistió al Zipoli, el Ministerio de Educación definió un régimen de alternancia que es rechazado por el Centro de Estudiantes.
La resolución de Educación respecto de la alternancia educativa en el Zipoli
En un documento enviado a la dirección de la escuela, a la que este medio pudo tener acceso, la cartera de Educación resuelve un régimen de alternancia educativa. De esta manera, se establece que durante una semana asistirán a la escuela las denunciantes por la mañana y el denunciado por la tarde. La siguiente semana, se invertirá ese esquema.
A su vez, se resuelve “propiciar un trabajo con toda la comunidad educativa, en especial con las y los estudiantes junto a docentes en clave formativa y con especial atención a los Acuerdos Institucionales de Convivencia sosteniendo conductas basadas en el respeto y el diálogo pedagógico en la cotidianeidad de la vida escolar”.
En sus consideraciones previas a las resoluciones, las autoridades resaltan que el día 1° de agosto el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Quinta Nominación, Secretaría Número Trece, dispuso una medida de restricción de acercamiento y prohibición de comunicación del joven respecto de las adolescentes, por el plazo de tres meses.
Además, Educación consigna que se realizaron consultas a la Inspección Superior Artística, al área de Apoyo Jurídico y al área de Convivencia Escolar del propio ministerio. Y el 10 de agosto, la dirección de la escuela Zipoli pidió “decisiones para garantizar la trayectoria formativa del y las estudiantes”.
Anoche, consultados sobre el tema, desde el Ministerio de Educación señalaron que, a través de Inspección y la Dirección General de Educación Superior, “se continúa trabajando con familias y estudiantes de la comunidad educativa para encontrar alternativas que puedan garantizar los derechos y las obligaciones de todos los involucrados, en el cumplimiento de la disposición de la Justicia”.
Los motivos del rechazo de los estudiantes a la alternancia en el Zipoli
El Centro de Estudiantes ahora plantea que la decisión tomada por las autoridades de Educación revictimiza a las denunciantes. Y además, dijeron, las expone ante el resto del estudiantado.
“Lo que pedimos es que la persona acusada de tantos hechos no venga más a la escuela de manera presencial. Esto no se trata de evitar que él continúe estudiando. Por lo contrario, entendemos que el Estado debe garantizar su derecho y ahora estamos por elaborar una contrapropuesta”, explicaron desde el órgano representativo.
Consultada sobre casos similares, la especialista Noé Hinny (psicología jurídico forense, autora de “Clarita”, un libro para la prevencion del abuso sexual) sostuvo que hay que consultar a la víctima antes de tomar una definición.
“Una joven que ha sido violada ha perdido mucha libertad y muchas veces se ve afectado su deseo de estudiar y seguir con su proyecto de vida. Si se le impone un cambio como una rotación, porque al parecer les va a hacer bien, se está obviando aquellos fenómenos que se activan después de un ataque sexual”, sostuvo.
Sugieren resguardar a las víctimas y asegurar el acceso a la educación para todos
Puesta a reflexionar sobre situaciones de este tipo, la especialista consideró que es importante que el denunciado no pierda las posibilidades de educación. Pero, advirtió, si las denunciantes son sus compañeras, éstas son las que deberían elegir en qué condiciones seguir con sus estudios.
“Ojo con darle la misma normativa al denunciado y a las víctimas, sin permitir que las denunciantes opinen sobre la decisión que va a caer sobre ellas, incluídos los padres. Todo debe favorecer a que la víctima reduzca su estrés post traumático”, sostuvo, a la par que alertó por una potencial estigmatización si se puede identificar a las víctimas.
Por su parte, la presidenta de la organización Sehas y especialista en derechos de las infancias, Marysel Segovia, consideró que cuando los posibles abusos son entre niños y adolescentes se trata de casos muy difíciles de abordar.
Pero alertó que “se debe garantizar el derecho de las chicas de ser escuchadas”. “El tema no termina cuando se hacen las denuncias. Necesitan contención y acompañamiento. Por otro lado, el estudiante denunciado debe tener garantizado el derecho al acceso a la educación, pero esto no debería afectar a la integridad gravemente vulnerada de las denunciantes”, concluyó.
