El sistema de salud argentino, tanto el público como el privado, está en crisis. El Gobierno nacional comenzó un proceso de desregulación que alcanza a las prepagas, pero, más allá de esa decisión, todos los actores involucrados coinciden en que se requieren respuestas de fondo, además de establecer prioridades.

Hay serios problemas de sustentabilidad, fruto no solo de la inflación de los últimos años, que distorsionó variables, sino que hay complicaciones que se vienen acumulando desde hace más de dos décadas.

Hay aspectos que, al menos por ahora, los gobiernos no han puesto en debate y que –según hay consenso entre los referentes del sector– deben abordarse de manera urgente. Uno es el programa médico obligatorio (PMO), que fue sumando ítems, pero no las fuentes de financiamiento requeridas.

Otro está vinculado al personal de salud: faltan profesionales de determinadas especialidades mientras que abundan en otras. También hay zonas del país en donde la escasez es extrema. En ese contexto, hay que trabajar en armonizar la oferta con la demanda, para lo que se requiere establecer incentivos. Esa discusión hace años que viene postergada.

Esos fueron los ejes de la última edición del ciclo Voces que suman, de la que participaron el economista Jorge Colina, de Idesa; Ruth Kaplan, decana de Ciencias de la Salud de la Universidad Siglo 21; Juan Grass, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (Aclisa), y Matías Buffa, gerente Médico de Prevención Salud del Grupo Sancor Seguros.

El panel fue moderado por el periodista Daniel Alonso, coordinador del ciclo que cuenta con la producción ejecutiva de Sebastián Gilli. El contenido se difundió por la plataforma de La Voz y por su perfil en YouTube, con réplicas en los portales de Los Andes y de Vía País.

Colina repasó que, en 2019, hubo una recuperación de los precios de las prepagas, pero con la llegada del Covid-19 el gobierno de entonces resolvió un congelamiento. “En ese punto empieza la crisis, porque el valor de la medicina privada se usa como referencia para todo el sector. El segundo semestre de 2023 fue caótico; hubo guardias colapsadas, copagos altos. Javier Milei llegó y liberó los precios y las empresas establecieron aumentos que luego el mismo Gobierno hizo retrotraer”, explicó.

Desde junio, las prepagas vienen subiendo las cuotas entre uno y dos puntos por encima de la inflación, con lo que el economista proyecta que a fines del año próximo “se habrán recuperado”, aunque advirtió que eso no implica que todos los médicos e instituciones de salud se recuperen.

Grass, en tanto, enfatizó: “No nos salva el mercado. Hay que regular”. El titular de Aclisa planteó que está “en peligro” la sustentabilidad de las clínicas y los sanatorios, porque “diferentes financiadores pagan distinto por la misma prestación, además de que hay prestaciones que son más deficitarias que otras. De ese mix depende la sustentabilidad, porque se generan subsidios cruzados”.

A ese panorama hay que sumarle que, si hay menos escala, las dificultades se acrecientan e incluso es más complejo contar con equipos, como ocurre en muchas localidades del interior, “ya que trasladarse a trabajar no solo es una decisión profesional, sino un plan de vida”.

“Frente a esta situación, las instituciones se financian adeudando impuestos y todos los recursos humanos están mal pagos –continuó–. Somos un sector altamente demandante de mano de obra especializada, y mucha es femenina. Hay que resolver estos temas porque las decisiones que se tomen hoy en formación de recursos humanos impactarán en el mediano plazo”.

Buffa coincidió y planteó la necesidad de una mesa intersectorial, con “pluralidad de miradas” para buscar soluciones a los diferentes aspectos del sistema. Además, acentuó que la falta de médicos y de enfermeras es “preocupante”, por lo que “hay que definir qué necesitamos hoy y qué a futuro, y empezar a tomar decisiones en ese sentido”.

Sobre ese punto, Kaplan precisó que las mayores carencias se dan en pediatría, médicos de familia, internistas, terapistas, ginecólogos y enfermeras, además de cuidadores.

“La contracara es que hay especialidades hipertrofiadas. Debemos preguntarnos por qué hace 20 años abundaban y ahora escasean. Tenemos la posibilidad de dar soluciones, porque la explicación no es solo el factor económico; podemos brindar orientaciones, darles las capacidades a los estudiantes. Como formadores, tenemos que dar las herramientas para que quieran quedarse, para que puedan afrontar los entornos complejos”, señaló.

La decana de la US21 entiende que para diseñar la currícula y establecer orientaciones e incentivos, “se requiere de un trabajo coordinado conjunto entre ministerios, áreas de recursos humanos y formadores de pregrado, de grado y de posgrado. Un profesional competente debe tener habilidades para desempeñarse en entornos complejos, habilidades tecnológicas y entrenamiento para la medicina centrada en la persona”. Kaplan está convencida de que de esa forma “se podrá paliar la situación para los próximos 20 o 30 años”.

Reordenar el PMO

La necesidad de rediseño del PMO es otro punto crucial. Al esquema original, que era amplio, “se sumaron más obligaciones bajo leyes que no indican cómo financiarlas; eso hace muy difícil la sustentabilidad a mediano y largo plazo”, dijo Buffa y planteó que “hay que revisar, lo que no implica recortar. Se debe establecer qué es lo prioritario y qué puede ser de cobertura selectiva en función de la decisión de los afiliados”.

Grass detalló que el PMO es, por legislación, un “piso” para las prestaciones, lo que se fue alterando en la práctica. Describió que si bien la Argentina destina casi el 10% de su producto interno bruto (PIB) a salud, del bolsillo de los ciudadanos “sale casi el 30%” de ese dinero.

“Hay que tener en claro cuánto dinero hay y para qué alcanza. Cada vez que se suma una prestación, hay que definir cómo se cubre. No se puede dar una cobertura universal sin límites y endilgarle esa responsabilidad a un financiador con recursos finitos. Un juez ordena un medicamento que cuesta millones sin siquiera saber si es lo que corresponde; entonces se sacan recursos a todos y los ponemos sobre una persona”, remarcó.

Para Colina, el “ordenamiento” debe encararse inevitablemente: “No necesariamente hay que sacar, pero sí establecer si determinadas prestaciones que son servicios sociales no los tiene que tener bajo su responsabilidad otra área. Tiene que haber reglas; hoy no hay reglas. El costo del PMO tiene que ver con la accesibilidad, la demora y la calidad de los prestadores”.

Los panelistas coincidieron respecto de que la fragmentación del sistema es una restricción para un diálogo amplio. Colina subrayó que el Ministerio de Salud de la Nación no tiene capacidad de rectoría, porque las provincias se reservaron para sí esa función. “No hay un sistema de salud, hay 24. Esa es la realidad”, definió.

Sobre el financiamiento, proyectó que, “como en el mundo, la gente cada vez tendrá que poner más plata de su bolsillo”.

Para Buffa, “hay una oportunidad de una mayor articulación público-privada, una posibilidad de más trabajo conjunto; en especial en el interior puede haber transformación de clínicas en policonsultorios o complementación con lo público, con los privados pagando lo que corresponde”.

En cuanto a la medicación de alto costo, sostuvo que debe haber una regulación, ya que de lo contrario “se corre el riesgo de desfinanciar a todo el sistema”.

Grass añadió que la crisis de financiamiento que se arrastra hace años repercutió en las instituciones de salud y, en consecuencia, en los equipos de trabajo. “Estamos a tiempo de recomponer la situación. La inteligencia es hacer sustentable el sistema. Hay costos que se le agregaron que cada vez se llevan más recursos, hay que ver de qué presupuesto sale ese dinero. Estamos anarquizados. El Ministerio de Salud de la Nación debería tener la coordinación”, opinó

Para Kaplan, la articulación entre instituciones universitarias, Estado provincial y prestadores de salud es una vía de solución. “Profesionales empáticos y más comprometidos generan menos gasto en salud; profesionales idóneos redundan en un mejor manejo de los recursos”.

Voces del panel

Jorge Colina, presidente de Idesa: El año pasado fue fatídico para el sistema

“El sistema privado de salud en la Argentina depende fuertemente de los precios, que hasta el año pasado se les fijaba a las prepagas y que sirve como referente para el resto de los prestadores. Cuando empezó la crisis cambiaria de 2018, los precios regulados sufrieron; cuando el gobierno de Cambiemos terminó, dejó esos precios en valores aceptables. Con la pandemia, pudieron sostenerse, porque la gente restringió la demanda, pero en 2021 empezó aumentar la demanda con precios congelados. El 2023 fue fatídico para el sistema y se abrió una crisis casi terminal. Este Gobierno liberó los precios, hubo aumentos fuertes y los mandó a retrotraerse. Hoy la medicina privada está 15% por debajo de 2020, antes de la pandemia”.

Ruth Kaplan, decana de Ciencias de la Salud de la US21: Hay que planificar los recursos humanos

“Estamos haciendo poco o casi nada para planificar el recurso humano que necesitamos hoy y que vamos a necesitar en los próximos años. No solo médicos, tampoco con enfermeros, kinesiólogos, cuidadores. La salud pública es una, más allá de que haya entidades privadas y estatales. El recurso humano es uno, y hay que trabajar de manera mancomunada con una previsión, identificando las necesidades, entre el Estado, las entidades de salud y las universidades. Todos hablamos de la crisis, pero se pueden tomar medidas para fomentar el desarrollo de determinadas especializaciones, profesiones, para que elijan quedarse en determinados lugares, que elijan quedarse en la Argentina”.

Juan Grass, presidente de Aclisa: Hace más de 20 años que estamos en emergencia

“El sistema está con precios bajos. Hay que tener en cuenta que para dar una prestación hay un paciente con una necesidad, un médico que lo atienda en un espacio donde tenga todo lo necesario para hacerlo. Y la tercera pata es el financiador, ya que sin este no es posible el proceso. Hay instituciones de gestión estatal y privada, todos prestadores de salud pública. Quienes tienen un empleo hacen aportes que alimentan al sistema de seguridad social, que financia a gran parte del esquema. Las prepagas son seguros de salud que tienen unos seis millones de afiliados. El Estado sostiene con sus recursos a quienes no están en ninguno de esos dos sistemas. Hace más de 20 años que estamos en emergencia sanitaria″.

Matías Buffa, gerente Médico de Prevención Salud: La inflación médica siempre es más alta

“Hubo y hay una situación económica que condicionó y condiciona al sistema de salud y llevó a un deterioro de clínicas, sanatorios y de profesionales. Aunque este año se empezó a nivelar, todavía hay atrasos. Hay varios vectores que se deben trabajar. Por ejemplo, la falta de profesionales en diferentes puntos del país, especialmente en el interior del interior, donde hay falta de especialidades críticas, se fue deteriorando la cantidad de ginecólogos, pediatras, médicos de familia. Hay que abordar este punto. Otro aspecto es que la inflación médica es más alta que la real en todos lados y eso complica la sustentabilidad; así, en las localidades de menos de 30 mil habitantes hay menos atención de complejidad. Hay que resolver y ordenar el sistema para que haya oportunidades de atención para todas las personas”.