Uber continúa siendo una aplicación ilegal en la ciudad de Córdoba. Así lo interpretan las autoridades municipales tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, aunque habilitó de manera provisoria el camino para que la plataforma comience a funcionar de forma regulada, estableció una serie de condiciones que deben ser cumplidas por la empresa.
Hasta que eso ocurra, su operación sigue sin estar permitida en el ejido urbano y la Municipalidad de Córdoba ya anticipó que continuará realizando los operativos de control en los que se secuestran los vehículos que usan esta plataforma.
El pronunciamiento judicial marcó un punto de inflexión en un debate que lleva casi una década. El TSJ resolvió que Uber podrá funcionar en Córdoba solo si cumple con una batería de requisitos administrativos, fiscales y operativos.
Qué debe cumplir Uber para operar en Córdoba
Esto implica, en la práctica, que deberá adecuar su funcionamiento a las normativas locales, entre ellas la obligación de tributar Ingresos Brutos ante la Provincia y tasas de Comercio e Industria ante la Municipalidad, como cualquier comercio habilitado.
El fallo incluyó exigencias tanto para la empresa como para los vehículos y conductores que pretendan conectarse a su plataforma.
Según lo dispuesto, Uber debe constituir domicilio legal en Córdoba, presentar documentación societaria, contar con habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil y disponer de un medio electrónico de pago. Recién cuando cumpla con todas esas condiciones podrá solicitar el alta oficial, algo que por ahora no ocurrió.
Qué deben cumplir los conductores de Uber
Para los conductores, las exigencias son aún más concretas y hacen un paralelo directo con las normas que ya rigen para taxis y remises.
La ordenanza 12.859, que regula el transporte individual de pasajeros en Córdoba, será de aplicación supletoria para estos casos.
En consecuencia, los conductores que pretendan operar en Uber deberán presentar antecedentes penales, certificados que acrediten que no figuran en registros de delitos sexuales ni de deudores alimentarios, alta ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).
Además, deberán contar con una licencia de conducir profesional habilitante en la ciudad de Córdoba. Esta exigencia deja fuera a los conductores particulares que hasta ahora utilizaban la aplicación, ya que se trata de una categoría mucho más restrictiva.
Qué deben cumplir los vehículos de Uber
En cuanto a los vehículos, la normativa impone un giro drástico respecto del criterio actual de Uber. Mientras la empresa permite vehículos desde modelo 2004 en adelante, el TSJ fijó que solo podrán conectarse a la aplicación aquellos con una antigüedad no mayor a 10 años.
Eso implica que, en 2025, el modelo mínimo permitido será 2015. Además, los autos deberán contar con inspección técnica vehicular (ITV) cada cuatro meses, tener capacidad para al menos dos valijas medianas, aire acondicionado frío/calor y estar ploteados con el logo de la aplicación.
Este último punto no es menor. Implica una clara identificación del vehículo, en línea con lo que ya se exige a taxis y remises.
Por ese motivo, surge una paradoja legal: mientras Uber adapta su estructura para cumplir con las exigencias, los únicos que hoy estarían en condiciones de conectarse legalmente a la aplicación son precisamente los taxistas y remiseros, ya habilitados por el municipio.
La situación abre un interrogante aún sin respuesta: ¿permitirá la Municipalidad que estos conductores presten servicios bajo las tarifas desreguladas que impone la App, cuando la tarifa de taxis y remises está regulada y controlada a través del taxímetro?
En la práctica, muchas de esas situaciones ya se están dando. Existen numerosos casos de remiseros y taxistas que trabajan en simultáneo con Uber o Cabify.
Algunos actores del sistema señalan que esta tendencia podría intensificarse con el nuevo marco legal, y anticipan un escenario en el que los taxis y remises coparían la plataforma.
A su vez, prevén que los autos particulares, más expuestos a controles y sin condiciones para cumplir con todos los requisitos, quedarían limitados a zonas periféricas donde la presencia de taxis y remises escasea o directamente no llega.
¿Sólo para Uber?
El fallo del TSJ alcanza únicamente a Uber. No incluye a otras aplicaciones como Didi o Cabify, que también operan en Córdoba sin regulación clara.
Sin embargo, fuentes del municipio reconocen que será difícil mantener una diferenciación jurídica entre las plataformas una vez que Uber cumpla con las exigencias. Todo indica que las otras empresas deberán seguir el mismo camino si pretenden continuar operando bajo un marco legal.
El cascabel al gato
Más allá del impacto directo sobre las plataformas, el fallo del TSJ puso en evidencia la falta de decisión política que arrastra el municipio desde hace años.
La gestión de Ramón Mestre primero, y luego la de Martín Llaryora, evitaron avanzar en una regulación integral del sistema, aun cuando el uso de estas plataformas se masificó entre los usuarios. La falta de definición respondió, en buena medida, a la presión de un sector de taxistas y remiseros que veía a Uber como una amenaza directa a su fuente de ingresos.
Incluso, durante la gestión de Daniel Passerini, se llegó a licitar una aplicación municipal que competiría con Uber, pero el proyecto fue abandonado poco después, ante la certeza de que el TSJ emitiría un fallo inminente.
Ahora, con la decisión judicial ya firme, el municipio se ve obligado a regular lo que evitó durante casi 10 años. Deberá decidir si avala o no que un mismo vehículo funcione bajo el paraguas legal de remise y, a la vez, opere en Uber con precios dinámicos y sin control tarifario.
También deberá definir los mecanismos de control, fiscalización y sanción, en un escenario donde la frontera entre lo legal y lo informal se volvió cada vez más difusa.
Qué está pasando en Villa Allende
El caso de Villa Allende ofrece una mirada anticipada de lo que podría ocurrir en Córdoba. Fue la primera ciudad de la provincia en debatir y aprobar una ordenanza para regular las aplicaciones de transporte.
En 2024 se aprobó el marco normativo y ya está en plena vigencia. Según informó el intendente Pablo Cornet, la plataforma Cabify ya cumplió con todos los requisitos y opera de manera legal en la ciudad. Uber, por su parte, todavía está adaptando su sistema para poder abonar las tasas de Comercio e Industria que exige ese municipio.
Mientras tanto, en la capital cordobesa, Uber sigue siendo ilegal. Y aunque el fallo del TSJ le abrió una puerta, esa puerta está cerrada con múltiples llaves que la empresa deberá conseguir una por una. Para hacerlo, tendrá que adaptarse a las normas locales, tributar como cualquier empresa y cumplir con los mismos requisitos que se les exigen desde siempre a los taxis y remises.
