La tregua por 15 días que pactaron las empresas prestatarias del sistema de transporte interurbano de Córdoba enroladas en Fetap y los funcionarios del Gobierno provincial tiene por objetivo abordar un déficit de la prestación que, según las prestatarias, ascendió a $ 24.443 millones en los primeros siete meses de 2024.
En ese marco, acordaron abordar distintos puntos para que el servicio sea sustentable, sobre todo con lo que tiene que ver con los programas de boletos sociales de la Provincia, que en todos los casos implican costos que absorben las empresas.
Pero cuál es el estado del sistema. Según los datos que suministró Fetap en base a los valores reconocidos por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), el interurbano tiene costos que superan los ingresos. En concreto, $ 3.349 millones en promedio entre enero y julio de este año.
Se trata de un contexto sobre el que influyeron varios elementos: la eliminación de los subsidios nacionales por parte del gobierno de Javier Milei, la decisión de la administración de Martín Llaryora de cortar los aportes provinciales a la oferta y de incrementar el precio del boleto 359% y la altísima inflación de los primeros meses. A eso se sumó una consecuencia directa de la recesión –que también fue empujada por el incremento del boleto– que es la baja en el corte de boleto.
Volviendo al déficit, En enero, el sistema registró ingresos por recaudación de $ 4.328 millones y un costo operativo de $ 9.308 millones. En febrero, el costo trepó a $ 10.164 millones y los ingresos subieron a $ 5.764 millones. En marzo, el costo siguió a la alza con $ 12 mil millones, aunque también crecieron los ingresos a $ 7.943 millones.
Cerró así un primer trimestre con altísimo déficit, que rozó los $ 5 mil millones en enero y terminó con $ 4.087 millones en marzo.
En el inicio del segundo cuatrimestre, el déficit cae a casi la mita pero también bajan los kilómetros recorridos -que reflejan la prestación del servicio- y aparece un elemento nuevo: compensaciones otorgadas por el Gobierno provincial.
Así, abril registra un costo operativo de $ 10.038 millones, ingresos por recaudación por $ 6.977 millones y una compensación de $ 900 millones. El déficit fue de $ 2.160 millones.
El mes siguiente muestra costos de $ 12.552 millones, ingresos por recaudación por $ 8.404 millones y aportes provinciales por $ 900 millones. El rojo fue de $ 3.248 millones.
Ya en junio, los costos fueron de $ 13.114 millones, los ingresos por $ 8.653 millones y compensaciones por $ 1.600 millones. La pérdida fue de $ 2.860 millones.
Por último, julio marcó un déficit de $ 1.707 millones, producto de la diferencia de los ingresos ($ 8.258 millones de recaudación más $ 2.400 millones de aportes) y costos por $ 12.366 millones.
Boletos sociales, en la polémica
Las empresas también apuntan a quién paga realmente los boletos sociales que impulsa la provincia. En este punto hay que remarcar el crecimiento de estos programas en el sistema. Según los datos de Fetap, en 2022 representaban el 22% del total de pasajeros transportados, mientras que en 2023 fueron el 25%.
Pero cuando la Provincia eliminó los subsidios a la oferta, apuntó a reforzar los programas sociales como una forma de amortiguar el impacto que implicó las fuertes subas que se aplicaron.
En enero los boletos interurbanos subieron un 97,4%. En febrero, se aplicó el segundo incremento, que fue de 44,28%. Luego, en marzo, el Ersep aplicó otro ajuste, del 32,8%. El pasado 10 de mayo, la tarifa se incrementó en un 11%. Y en junio subió otro 9,29%.
Entonces, la participación de los boletos ya es del 42%. Lo que representa un problema para las empresas, porque parte de los programas son absorbidos por las prestatarias. Por eso amenazaron con cortar el Boleto Educativo Gratuito (BEG) a partir del lunes.
En ese programa, el usuario no paga nada. El costo del boleto lo afronta la mitad la Provincia y la mitad las empresas. El Boleto Adulto Mayor (BAM) también es gratuito para los jubilados, y el Estado cubre el 75% y el 25% lo cubren las prestatarias.
El Boleto Obrero Social (BOS) fue uno de los que más creció. El pasajero paga la mitad del pasaje, el 30% lo afrontan las empresas y al resto la Provincia.
En tanto, los boletos para quienes tienen certificado de discapacidad son cubiertos al 100% por las concesionarias. Luego hay otros dos programas, de escaso alcance: uno para embarazadas, que pagan las prestatarias; y otro para personal de salud que cubre el Gobierno.
El conflicto de la semana que pasó fue sobre el BEG. En la negociación que se abre, se aspira a cambiar los porcentajes de cobertura: la Provincia podría subir la cobertura al 75%, aunque otras versiones ubican ese porcentaje en el 66%.
Fetap también quiere discutir los abonos por discapacidad, que según ellos, representan unos $ 700 millones por mes.
En el Gobierno de Llaryora, por su parte, van a avanzar con cambios en el BOS, tal como había adelantado La Voz en julio pasado. Hoy, son beneficiarios quienes cobran hasta 2,3 salarios mínimos ($ 616.528 en la actualidad) y como se dijo antes, paga el 50% el usuario, 30% la empresa y 20% el Gobierno.
La idea sería que, en el caso de viajes metropolitanos, el usuario pague sólo el 20% de la tarifa, el Gobierno afronte el 50% y las empresas sigan con el 30% restante. Y para quienes ganen hasta seis salarios mínimos (hoy sería un salario de $ 1,6 millones), paguen el 50%, con el actual esquema del BOS.
Así, se apunta a recuperar demanda como estrategia para bajar el déficit.
Por último, en la discusión seguramente estará la cuestión de la paritaria. Este martes se acaba la conciliación obligatoria, y los conductores aspiran a recuperar ingresos. Hasta ahora, dicen en el gremio Aoita, no hubo ninguna oferta salarial.
