El cuaderno habría sido el “libro de registro de la trata”. Los investigadores que allanaron la casa de uno de los hijos de Roberto Moyano, empresario sospechado de haber liderado una “pyme de explotación sexual” en ciudad de Córdoba, descubrieron que en el cuaderno no sólo había anotaciones sobre una clase de Derecho, sino también algo más “pesado”: una nómina de mujeres y horarios, de presuntos “pases”, y de clínicas para someter a cirugías a las víctimas.
El juez federal N° 1 de Córdoba capital, Carlos Ochoa, procesó al denominado “clan Moyano”, integrado por el supuesto jefe de la banda criminal, el propio Moyano (61); su mano “derecha”, Julio Manuel “Cacho” Páez (58); Federico Moyano Chinellato (23), autor del mentado cuaderno rotulado a su nombre; el exencargado de Rapoza, Gustavo Elías Guggiana (57); María Elba Chinellato, exesposa de Moyano (p), y su también expareja, Sandra Elizabeth Oviedo (59).
Los graves cargos que se investigan, según cada caso, van desde asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual agravada (por una víctima menor de edad, engaño, abuso de situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido por tres o más personas) hasta lavado de dinero de origen delictivo.
La “agencia de modelos” en un shopping
La denuncia de una mujer ante la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba capital, de Enrique Senestrari, disparó la investigación. En 2017, la denunciante manifestó haber vivido una situación “extraña” cuando concurrió a una entrevista laboral en la “agencia de modelos” denominada “Nova Moda”.
Si bien la “agencia” ya no existía al momento en que los efectivos fueron a constatar en el subsuelo del shopping Patio Olmos, efectivamente sí había funcionado allí. Los guardias de seguridad del centro comercial confirmaron que “Nova Moda” ocupaba el local 72.
La pesquisa, sin embargo, se archivó hasta que aparecieran nuevos datos sobre posibles casos de explotación sexual. En Facebook, los investigadores corroboraron que la “agencia” funcionó y el shopping aportó un dato clave: Moyano (p) figuraba como el viejo locatario del local 72.
La causa fue entonces derivada a la Justicia provincial por presunta promoción de prostitución, pero finalmente el fuero ordinario se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia federal por sospechas de trata.
Una serie de denuncias a lo largo de los años dieron impulso al caso contra los Moyano y allegados. Todas las denunciantes, supuestas víctimas de la explotación sexual, apuntaron directamente a Moyano como “dueño” de los “after” Rapoza, Rapoza VIP, Club Ibiza, Delirios y Madero.
El empresario habría explotado a mujeres (y menores de edad) en departamentos y mediante el servicio de bar o de entretenimiento que prestaban esos locales como “pantalla”.
Así, en 2002, Moyano y Julio Manuel “Cacho Moyano” Páez (58) habrían sometido a una joven de otra provincia que había llegado a Córdoba con el sueño de convertirse en abogada y terminó abocándose a la prostitución, por su situación de vulnerabilidad.
La víctima comenzó originalmente a prostituirse bajo la “tutela” de otro hombre al que Moyano, tiempo después, habría comprado el “negocio” para pasar a regentearlo él.
Como nuevo “jefe”, Moyano la habría explotado sexualmente durante unos 10 años a fin de obtener ganancias. “Nos hacían vivir en los locales; trabajábamos 24 horas. Sólo teníamos un par de horas para descansar; estábamos todo un día entero con un ‘cliente’. Éramos amenazadas. No podíamos decir para quién trabajábamos”.
Moyano habría controlado los servicios sexuales de la joven y de otras mujeres (para lo cual les retenía sus DNI y las obligaba a drogarse y a mantener relaciones sexuales sin protección), con lo cual lucraba con su imperiosa necesidad de trabajo y por las “deudas” que habrían contraído con él.
Esas “deudas” eran consecuencia de las “multas” que le habría impuesto Moyano, al igual que a otras mujeres. La víctima contó que si atendían a algún “cliente” de manera independiente o si no querían trabajar en Navidad, les aplicaban “multas” de dinero muy elevadas. “Nos querían cobrar si nos dormíamos, si el cliente se quejaba. Siempre buscaba un motivo para sacar un extra”, relató.
Moyano no sólo habría lucrado con las “multas” y los servicios sexuales, sino también con la “deuda” que le habría inducido a contraer a la víctima al introducirla en el consumo de cocaína que le vendía.
La misma damnificada dijo que el “empresario” en 2023 seguía explotando a mujeres en los locales “disimulados” como discos: “Son boliches encubiertos. Hay sillones donde se hacen los ‘servicios’”. Los pesquisas observaron a Moyano presuntamente en situaciones en las que habría estado involucrado en el ofrecimiento de servicios sexuales de mujeres.
En la estructura, Páez se habría encargado de controlar los servicios sexuales que la víctima prestaba en los locales y habría actuado, además, como cobrador y administrador de la cocaína para que “resistiera” la mayor cantidad de “clientes”. También se habría desempeñado como personal de seguridad de Moyano y de los departamentos donde se habría consumado la explotación.
Procedimientos para ser más “atractivas”
En el proceso de sometimiento a las víctimas, el empresario habría inducido a la mencionada denunciante a someterse a procedimientos en su cuerpo para lucir más “atractiva” para los “clientes”: “Nos hacían inyectar silicona líquida en los muslos y en los pechos para que pudiéramos trabajar más. Una de las chicas murió debido a las siliconas y producto de los golpes que recibía”, dijo la denunciante.
La situación se habría complejizado cuando, producto de una relación sin protección con un “cliente”, la joven quedó embarazada a temprana edad, lo que profundizó su vulnerabilidad.
Los investigadores también advirtieron que en 2023 Moyano, con la colaboración de sus hijos Agustín (sigue prófugo) y Federico Moyano Chinellato –quienes oficiaban de administradores de los locales–, y el encargado de Rapoza, Guggiana, habrían engañado a una adolescente (16) para explotarla en Rapoza VIP.
Aprovechándose de su extrema vulnerabilidad (vivía con su padre en un hotel abandonado, sin agua caliente ni luz), la habrían inducido a trabajar como stripper y luego a volcarse a prestar servicios sexuales, para lo cual la presentaban junto con otras menores en eventos, bares, bailes y boliches como “las chicas que bailan en Rapoza”.
El mismo Moyano habría sido el presentador de la víctima en el “show del baile del caño”: “Ella es (nombre de la víctima)… Las chicas de Rapoza VIP… Estamos en la noche del after más famoso, el más elegante (….). Diosas totales. Show del caño en esta noche caliente”.
El empresario negó haber estado vinculado con la explotación o las relaciones sexuales en departamentos o en sus boliches: “Nunca. Eso está prohibido. No he visto ningún tipo de situación obscena. Después de la ley de trata, no se usaron más los strippers, bailes del caño, nada. Creo que fue el (entonces) gobernador (José Manuel) De la Sota el que sacó la ley, lo que es show de strippers y todo eso desapareció (…). Dentro de ese espectáculo, no ofrecían sexo; eso nunca, ni dentro ni fuera del local”.
Pero en la casa de su hijo Federico los investigadores hallaron un cuaderno con su nombre y anotaciones aparentemente de una clase de Derecho (el joven declaró que cursaba abogacía) y otros papeles. En ellos detectaron una nómina de mujeres y horarios, lo que el juez Ochoa consideró “’los pases’ de las víctimas explotadas sexualmente”.
Incluso, Federico habría anotado averiguaciones sobre cirugías estéticas para mujeres, las clínicas donde hacerlas y qué cirujanos podrían intervenir.
Otra de las víctimas que se investigan en la causa habría sido captada y acogida por Páez cuando buscaba un alquiler donde vivir. Cuando contactó a Páez, ya que lo conocía de Rapoza por haber asistido al lugar, este se habría presentado como dueño del pub y socio de Moyano.
De esta forma, en supuesta connivencia con Moyano, Páez le habría ofrecido el alquiler de un departamento propiedad de Marisa Chinellato, exesposa de Moyano. La víctima aceptó residir allí y Páez ganó su confianza al punto que le habría ofrecido tener una relación amorosa.
Sin embargo, las cosas dieron un giro y la habría amenazado para que trabajara sexualmente para él, si es que no quería que le pasara nada a sus tres hijos y al padre de los nenes. “Julio me dijo que trabajara para él, y yo le dije que no iba a trabajar en eso. Me agarró del pelo y me amenazó con matar a uno de mis hijos”. También la habría amenazado con incendiarle el auto.
Por temor, la mujer relató que fue sometida a brindar los “servicios” en adyacencias del Mercado Norte y a toda hora. Páez la habría obligado a entregarle la totalidad del dinero.
Además, para que pudiera “aguantar” la cantidad de “clientes” necesarios, le habría suministrado drogas. Incluso, como es habitual en los casos de trata, le habría sustraído su DNI y su teléfono celular, lo que le impidió todo tipo de comunicación.
Cuando le advirtió que lo denunciaría, Páez habría enviado a dos hombres en moto a golpearla. Uno de ellos le habría dicho: “’La próxima vez que amenaces a ‘Cacho’, vas a terminar con la boca llena de moscas’. Aclaro que cuando dijo ‘Cacho’, se refirieron a Julio. ”Me levanté con mucho dolor y me arrastré hasta mi casa. Cuando llegué, lo vi a Julio y me dijo: ‘No te hagas la viva, pasá, lavate la cara. Tenés que salir a trabajar’”.
La mujer quedó embarazada de Páez, lo que, junto con la explotación, violencia, amenazas y vulnerabilidad, le habría permitido al imputado “ejercer el control total” sobre ella.
¿Lavado de la trata en Córdoba?
La hipótesis del fiscal es que Moyano habría blanqueado las ganancias de la explotación de las mujeres con la adquisición de propiedades y vehículos a nombres de sus familiares.
De este modo, habría lavado entre julio de 2015 y parte de 2025 más de U$S 233.323 (más de $ 338 millones al valor oficial de octubre de 2025) con la ayuda de sus familiares, quienes habrían inscripto a su nombre varios bienes.
A través de Chinellato, Moyano habría comprado en 2019 un Audi A4 2.0T FSI, modelo 2012, por $ 1.030.000 (equivalente a U$S 25.685 de ese momento). Con un gusto por los Audi, el empresario habría hecho adquirir en 2021 un A5 2.0 T FSI Coupe 2011 (valuado en $ 2,3 millones o U$S 24.533 de entonces) para que figurara a nombre de su hijo Federico.
Ese mismo año, su otro hijo, Agustín, habría comprado un Fiat Cronos Drive 1.3 0 km por $ 1,9 millones (equivalente a U$S 18.216). Sin embargo, el joven habría adquirido un vehículo mucho más costoso menos de dos años después: una Volkswagen Amarok TDI 180 2017 a cambio de unos $ 7,6 millones (unos U$S 35.431).
Moyano también habría utilizado en 2023 a su novia, Sandra Elizabeth Oviedo (59), para hacerse de una Nissan Frontier 2020 valuada en unos $ 13,3 millones (unos U$S 36.388). Oviedo, a su vez, habría regenteado el Club Ibiza, local que funcionaba como after y fue clausurado en abril pasado.
En 2024, y al calor del crecimiento patrimonial de la familia, Federico habría comprado un DS 7 Crossback HDI 180 automático modelo 2020 por unos $ 43,2 millones (unos U$S 42.002) y dos inmuebles, tanto en Alto Alberdi como en Alta Córdoba, por $ 18 millones (unos U$S 19.108) y $ 13 millones (U$S 12.590), respectivamente.
En el rubro inmobiliario, Chinellato habría puesto a su nombre una propiedad en barrio Ayacucho, adquirida por $ 20 millones (U$S 19.370).
Además de los cargos anteriores, el juez procesó a Moyano (p), Federico, Chinellato y Oviedo por presunto lavado. En el caso de esta última, ordenó su libertad y dictó la falta de mérito por la asociación ilícita, para que se profundizara la investigación.
También ordenó las prisiones preventivas de Moyano (p), su hijo, Páez y Guggiana (Chinellatto ya estaba libre).
