El pasado martes 25 de noviembre, miles de mujeres marcharon en ciudades de todo el mundo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue instaurada en 1999 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana, allá por 1960.
Se busca así visibilizar la problemática estructural de la violencia de género y además comprometer a los Estados parte para que brinden recursos en pos de los derechos humanos de las mujeres.
Según datos de la ONU, en el mundo hay 736 millones de mujeres que fueron víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Sólo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención.
La Argentina, reconocida por su compromiso en pos de los derechos de las mujeres en el último tiempo, ha dado grandes pasos en retroceso desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei y esto ha quedado en evidencia a nivel mundial.
El 14 de este mes, Argentina fue el único país de la ONU en votar en contra de un proyecto para la protección de mujeres y niñas. Y aunque generó asombro en la comunidad internacional, no causó sorpresa en el ámbito local, donde ya se conoce la postura del Gobierno nacional frente a la temática, el desfinanciamiento que realizó sobre las políticas públicas destinadas a la ayuda de mujeres en situación de violencia y las expresiones de muchos de los funcionarios de La Libertad Avanza que desconocen o minimizan la cuestión.
Se ve que el papelón a nivel diplomático hizo que el país cambiara de postura y, 11 días después, la representante argentina Ursula Basset condenó “la violencia contra mujeres y niños” en una reunión de la ONU en Nueva York, en el marco, justamente, del 25 de noviembre.
La misma Basset fue quien había retirado su voto días antes en la ONU.
Casi al mismo tiempo, y mientras las mujeres y diversidades de todo el país manifestaban en la calle su repudio al Gobierno, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendía en una comisión del Senado un proyecto de ley para ampliar las penas por falsas denuncias. Según él, estas se dan en mayor cantidad en denuncias por motivos de género.
No hay estudios hasta el momento que demuestren que las falsas denuncias tengan un impacto significativo en la sociedad. De hecho, fiscales y profesionales que trabajan en la temática aseguran que este tipo de denuncias son un porcentaje insignificante frente a la gran demanda que existe para proteger a mujeres de hombres violentos, de hombres que, en la mayoría de los casos, conviven con ellas, son sus parejas, padres de sus hijos.
Por supuesto que, para esa realidad aplastante y que deja a una mujer muerta cada 30 horas en el país, no hay un solo proyecto de ley del Ejecutivo. Al contrario, el desmantelamiento está dejando solas y en mayor vulnerabilidad a miles de mujeres.
En la misma semana, este miércoles 27, fuentes de Casa Rosada hicieron trascender en los medios que el Gobierno podría derogar el documento nacional de identidad no binario, que agrega en el DNI la nomenclatura “X” a la clásica F de femenino y M de masculino, para reconocer a aquellas personas de identidades que no se enmarcan en varones/mujeres.
En un país donde la cifra de femicidios no afloja y las denuncias de violencia física y sexual siguen subiendo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y salvar vidas.
La memoria de las hermanas Mirabal, que simbolizan la resistencia frente al abuso de poder, nos interpela hoy más que nunca a no retroceder y a exigir un compromiso real con la igualdad, con la justicia y con políticas públicas que honren la vida y la dignidad de todas las mujeres y diversidades.
