La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba fortalecieron su trabajo conjunto para abordar de manera integral la creciente problemática de las personas en situación de calle, en un contexto marcado por el agravamiento de múltiples factores sociales.
La crisis económica, el desempleo, la violencia urbana y el deterioro de la salud mental postpandemia fueron identificados como los principales ejes que requieren intervenciones urgentes y coordinadas para tratar esta problemática.
Un escenario social complejo
Un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo confirmó que las mayores preocupaciones de los cordobeses giran en torno a la inseguridad, la falta de empleo, la violencia social y la fractura de los lazos comunitarios.
Estos datos se complementan con informes de diversas instituciones y medios que alertan sobre el aumento del consumo problemático de sustancias, la escasez de oportunidades laborales y el impacto en la salud mental, situaciones que, en casos extremos, terminan expulsando a las personas del sistema y arrojándolas a la vida en la calle.
Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto, explicó que desde el organismo se viene trabajando hace años en el relevamiento de esta población para visibilizar su realidad y contribuir a las políticas públicas. “El primer paso para cualquier solución es reconocerlos como sujetos de derechos, ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad, que requieren un Estado presente y una sociedad comprometida”, sostuvo.
La necesidad de reforzar las acciones se hizo evidente cuando un grupo de 20 personas en situación de calle, algunas de ellas desalojadas recientemente de la Terminal de Ómnibus, se presentó en la sede de la Defensoría en busca de ayuda. Fueron atendidos por un equipo interdisciplinario del área de Inclusión Social, que escuchó sus demandas y evaluó sus necesidades inmediatas.
Ante esta situación, Galoppo solicitó una reunión urgente con Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, para articular respuestas concretas.
El encuentro, del que participaron equipos técnicos de ambas instituciones, permitió no solo analizar los casos particulares de quienes acudieron a la Defensoría, sino también evaluar el estado general de la problemática en la ciudad.
Respuestas inmediatas y articulación institucional
Como resultado de la reunión, el Municipio avanzó en gestiones para brindar asistencia en alojamiento, documentación y atención sanitaria a la mayoría de las personas del grupo, muchas de las cuales ya dependían de programas estatales para acceder a alimentación básica.
Además, se identificaron dos casos que no estaban registrados en los sistemas de asistencia social, lo que permitió incluirlos en los circuitos de ayuda.
Galoppo destacó la importancia de este tipo de articulaciones: “Cuando las instituciones trabajan en conjunto, las respuestas son más efectivas. Nuestro rol es garantizar que el Estado llegue a quienes más lo necesitan”. Por su parte, desde la Secretaría de Políticas Sociales municipal se comprometieron a seguir monitoreando la situación y reforzar las políticas de inclusión.
Si bien las acciones inmediatas son fundamentales, ambos organismos coincidieron en que el problema de la situación de calle exige estrategias a mediano y largo plazo. La falta de vivienda, las adicciones, la salud mental y la reinserción laboral son ejes que demandan políticas integrales y sostenidas en el tiempo.
En ese sentido, la Defensoría adelantó que continuará realizando relevamientos periódicos y promoviendo mesas de trabajo interinstitucionales, mientras que el Municipio reforzará sus programas sociales con un enfoque en la prevención y la restitución de derechos.
