El gobierno de Javier Milei declaró su guerra a los feminismos y al colectivo LGBTIQ+ con una serie de discursos y medidas que, más que una simple “batalla cultural”, representan un retroceso en materia de derechos humanos y políticas de igualdad.
Desde su discurso en el Foro Económico de Davos hasta la reciente medida sobre los tratamientos hormonales, el mensaje es claro: desmantelar los avances conquistados en las últimas décadas, en nombre de una supuesta lucha contra el “marxismo cultural”.
En su discurso en Davos, Milei repitió afirmaciones que ya fueron desmentidas por especialistas y organismos internacionales. Dijo, por ejemplo, que el concepto de brecha salarial de género es un invento, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que a nivel global las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres por trabajos de igual valor.
También afirmó que la figura de femicidio convierte la vida de una mujer en algo “más valioso” que la de un hombre, lo que desconoce que esta categoría legal no busca jerarquizar vidas sino reconocer una forma específica y sistemática de violencia de género.
Ante este escenario, la respuesta no tardó en llegar. La última marcha del orgullo que se realizó el sábado 1 de febrero en todo el país se convirtió en una multitudinaria manifestación en defensa de los derechos adquiridos, con una consigna clara definida por sectores opositores: resistir el avance del odio.
A pesar de esto, las decisiones del Gobierno avanzaron aún más. En una entrevista, el Presidente dijo que había niños que eran mutilados con cirugías de cambio de género, algo que fue negado por especialistas y familias. Al día siguiente (este jueves), emitió un DNU en el que se prohíbe el tratamiento de hormonización para menores de 18 años.
La Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, establece en su artículo 11 que “todas las personas mayores de 18 años de edad” podrán “acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.
Para adolescentes de entre 16 y 18 se considera su capacidad progresiva para la aplicación del tratamiento, tal como lo establece el Código Civil y Comercial. Para menores de 16 años, no se aplican prácticas de hormonización, sino que, tal como indican especialistas en endocrinología, se puede considerar un “bloqueo puberal” que sólo retrasa la menstruación o el desarrollo de vellos y otras características corporales. Esto se realiza bajo supervisión médica, con autorización previa de padres o tutores o autorización judicial.
En el bloqueo puberal no hay cambios irreversible, como sí lo son algunos cambios corporales que se producen tras la hormonización propiamente dicha.
Ahora, la explícita prohibición provocará que no se pueda financiar la medicación para personas de 16 y 17 años ni desde el Estado ni desde las obras sociales. Esta medida no sólo afecta la salud de quienes necesitan estas terapias, sino que también refuerza la discriminación estructural que históricamente marginó a la población trans.
Lo más fuerte de esto es que el discurso presidencial alimenta un clima de hostilidad que se traduce en ataques concretos: en Córdoba, murales homenaje a un activista trans, Eugenio Talbot Wrigth, y de Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo, fueron vandalizados en un contexto de creciente violencia contra la diversidad.
La retórica del Gobierno se enmarca en una estrategia más amplia que busca demonizar cualquier política de igualdad como parte de una “ideología de género” que supuestamente impone valores ajenos a la sociedad.
Pero no es una “ideología” lo que se defiende, sino derechos fundamentales. No se trata de un privilegio, como afirmó Milei al referirse al acceso a tratamientos hormonales, sino de garantizar que todas las personas puedan vivir conforme a su identidad sin que el Estado les cierre las puertas.
La idea de una “batalla cultural” puede servir como excusa para atacar a una minoría y construir una identidad y un discurso desde esa posición.
La historia ha demostrado que los derechos no son inamovibles y que pueden perderse si no se defienden. En Argentina, el movimiento feminista y LGBTIQ+ está demostrando que esos sectores no están dispuestos a permitir una regresión. La pregunta es si el Gobierno insistirá en esta confrontación o si entenderá que la verdadera libertad no se construye eliminando derechos, sino garantizándolos para todas las personas.
