El conflicto ambiental y urbanístico en barrio Cerro de las Rosas, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, se intensificó en los últimos días tras la presentación de una denuncia penal por parte del centro vecinal. Los vecinos acusan a funcionarios municipales de permitir el desarrollo de proyectos inmobiliarios y comerciales que violarían el amparo ambiental vigente desde 2018.
Desde la Municipalidad aseguran que se están cumpliendo las tareas de control que establece la medida cautelar.
La presentación, realizada ante la Unidad Judicial 18, advierte sobre una “sistemática destrucción del ambiente, el urbanismo, el patrimonio y la identidad barrial”.
La medida cautelar que rige sobre el barrio fue otorgada por la Justicia en octubre de 2018 y establece una serie de restricciones para evitar el deterioro ambiental y patrimonial de la zona.
Según el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, el municipio tiene la obligación de abstenerse de habilitar emprendimientos que no cumplan con las exigencias en el tratamiento de efluentes ni autorizar la remoción del arbolado sin justificación técnica.
También prohíbe la demolición de inmuebles con valor patrimonial y la autorización de construcciones que no respeten la normativa de uso del suelo. Además, impone la implementación de un plan especial de recolección de residuos y el fortalecimiento de los controles municipales para evitar infracciones ambientales.
Los vecinos sostienen que, pese a la existencia del amparo, el municipio ha permitido el avance de obras que modifican el perfil del barrio. En particular, denuncian la demolición de viviendas antiguas para la construcción de edificios en altura, locales comerciales y estacionamientos.
Señalan que este tipo de emprendimientos generan problemas en el tránsito, afectan el acceso a servicios y provocan un impacto ambiental negativo por la reducción de espacios verdes.
Desde el centro vecinal, advierten que el crecimiento desordenado y la falta de controles adecuados han llevado a un deterioro de la calidad de vida en la zona.
En su denuncia, mencionan el incumplimiento de la Ley de Política Ambiental de la provincia de Córdoba (ley 10.208), que exige estudios de impacto ambiental previos a cualquier intervención que pueda modificar el entorno natural o urbano. También remarcan la falta de acceso a información pública sobre las autorizaciones otorgadas por la Municipalidad.
El presidente del centro vecinal, Adrián Zak, expresó su preocupación por lo que considera una actitud permisiva del municipio frente a los desarrolladores inmobiliarios. “Hace años que venimos alertando sobre la destrucción de nuestro barrio y el municipio sigue ignorándonos. Esta denuncia es la única vía que nos queda para frenar este avasallamiento”, afirmó.
Uno de los principales reclamos de los vecinos es la pérdida de identidad barrial. Cerro de las Rosas es un barrio tradicional de la ciudad de Córdoba, caracterizado por su perfil residencial y la presencia de inmuebles históricos. Advierten que la proliferación de negocios y edificios fuera de escala está alterando la fisonomía del sector y lo transforma en una zona comercial sin planificación.
Qué dice la Municipalidad
Desde la Municipalidad, aseguraron que aún no fueron notificados de la denuncia penal presentada por el centro vecinal.
Sin embargo, desde Asesoría Letrada explicaron que el centro vecinal viene solicitando la intervención en cinco reclamos puntuales por presuntas irregularidades, “las cuales ya fueron analizadas por las áreas correspondientes”.
Según indicaron, de esos cinco casos, sólo uno presenta una infracción activa, mientras que los demás cuentan con los permisos requeridos y están dentro de la normativa vigente.
En el caso de una demolición en la calle Luis de Tejeda, se constató una infracción y se labró un acta en julio de 2024, con un expediente en trámite.
No obstante, otras obras en el barrio, como la remodelación de una oficina en Gregorio Gavier y la construcción de un local comercial, fueron consideradas conformes a la normativa, por contar con permisos vigentes.
También señalaron que algunas intervenciones que en su momento se iniciaron de manera irregular fueron regularizadas con posterioridad mediante la obtención de permisos.
La Municipalidad sostiene que el amparo ambiental no prohíbe toda intervención en la zona, sino únicamente aquellas que incumplan la normativa vigente.
“El amparo no impide cualquier actividad en la zona, sino aquellas que están explícitamente prohibidas. Se permite todo lo que esté dentro de la normativa vigente”, afirmaron fuentes oficiales.
Además, señalaron que la medida cautelar está en etapa de apelación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a raíz de un recurso presentado por desarrollistas que consideran que el amparo obstaculiza el crecimiento económico de la zona.
En ese sentido, la Municipalidad argumenta que el crecimiento de la ciudad debe darse de manera equilibrada, garantizando el derecho a la vivienda y la inversión privada sin afectar la calidad de vida de los vecinos.
Sin embargo, desde el centro vecinal cuestionan este planteo y aseguran que no se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir que se respeten las normas establecidas.
El centro vecinal de Cerro de las Rosas insiste en que la actitud del municipio es de “desinterés y falta de compromiso con la legalidad”.
Según Zak, muchos funcionarios se niegan a recibir a los vecinos o a responder sus notas formales. “Nos ignoran sistemáticamente y permiten que se siga degradando el barrio”, afirmó.
También advirtió sobre la falta de fiscalización en las construcciones en curso y la ausencia de respuestas sobre el impacto ambiental de los nuevos desarrollos.
