Después de ocho años de sancionada la Ley N° 10.393 que regula el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos (AT) en la provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud reglamentaría en las próximas semanas la normativa que, entre otras cosas, establece que para ejercer la profesión se debe poseer un título terciario o universitario en el área y que la matriculación debe realizarse en el Ministerio de Salud. También indica cuáles son las responsabilidades, funciones y requisitos para su desempeño.
La reglamentación es una demanda que las asociaciones de AT vienen esperando desde 2016 para garantizar la calidad y la eficacia de los servicios de salud mental que ofrecen.
Se estima que en la provincia de Córdoba hay unos ocho mil acompañantes terapéuticos que trabajan con personas con discapacidad, con problemas de salud mental o adicciones, en inclusión escolar, cuidados paliativos y con sus familias con el fin de colaborar en la recuperación de la salud, en la calidad de vida o en la reinserción social del paciente, según el caso.
Desde distintos ámbitos advierten que la falta de regulación de la ley ha dado lugar a que personas sin la formación adecuada y autodenominados “acompañantes terapéuticos” brinden servicios de salud. Incluso, sostienen desde una de las asociaciones que los nuclean que han llegado casos de mala praxis a la Justicia. “Es la profesión de salud con más demanda, visible en los establecimientos escolares, en niños y adolescentes con la condición del espectro autista, a quienes no se les permite su ingreso a la escuela sin un acompañante terapéutico”, explica Silvana Bertoni, acompañante terapéutica en el Hospital Nacional de Clínicas y coordinadora de Acompañantes Terapéuticos Autoconvocados Cordobeses (Atacor). Este es sólo un ejemplo de las funciones de los AT.
La secretaria de Salud Mental de la Provincia, María Pía Guidetti, anticipó a La Voz que esta semana se enviará a la Fiscalía de Estado el último documento con los puntos de la reglamentación, que fueron elaborados en conjunto con una comisión de la Facultad de Psicología de la UNC, y con ello se daría por finalizada la entrega de los requisitos técnicos. “Creemos que la reglamentación saldrá este mes para que inmediatamente tome estado parlamentario”, indicó Guidetti.
Una vez que se reglamente, los AT podrán matricularse en el Ministerio, ya que no están colegiados.
La funcionaria explicó que la reglamentación sufrió demoras porque la Fiscalía de Estado requirió varias modificaciones jurídico-técnicas que fueron corregidas y que, posteriormente, durante la pandemia el trabajo se discontinuó.
“No hay mala voluntad. Sabemos que los acompañantes terapéuticos son de suma importancia para la clínica del paciente”, apuntó.
La importancia de la ley radica en la obligación a una capacitación brindada por universidades, institutos terciarios o instituciones legalmente habilitadas a tal fin. En caso de no tenerlas hasta ahora se deberán certificar los conocimientos a través de un examen.
“La tecnicatura universitaria para acompañante terapéutico dura cuatro años y hoy hay peluquerías que están vendiendo cursos de acompañantes terapéuticos de tres meses. Al no haber un registro, una matrícula, una corroboración oficial de qué conocimientos tiene cada profesional o seudoprofesional, incluso algunas obras sociales contratan a personas que salen con ese certificado de tres meses de una peluquería”, aseguró Bertoni. Agregó que los AT son los profesionales que más demanda tienen en este momento en el país y eso -remarcó- “hace que aumenten los riesgos de mala praxis”.
La demora en la reglamentación movilizó también a algunos legisladores de distintos partidos políticos.
En la primera sesión después del receso de julio, en la Unicameral se tratará un pedido presentado por el Frente Cívico para instar al Ministerio a reglamentarla; cuenta con el apoyo de otros bloques. Las organizaciones que nuclean a los AT solicitaron a ONG que trabajan con personas de tercera edad, con discapacidad o infancias que participen del debate en la Legislatura.
“Hace ocho años que venimos reclamando la matrícula de todas las maneras posibles y no entendemos por qué no lo hacen. No hay cuestiones técnicas ni jurídicas que impidan que esa matrícula se haga efectiva, salvo la presión o lobby que pueden hacer las personas que tercerizan empleo”, planteó Bertoni. “Nos preocupa que el Gobierno de Córdoba avale con su silencio formaciones riesgosas para la atención de la salud de los cordobeses. Nuestro reclamo no es el de una camarilla profesional sino un reclamo de salud pública. La ausencia de matrícula genera tercerización y precarización laboral y un grave riesgo para cualquier potencial usuario de acompañamiento terapéutico”, agregó.
Un largo reclamo
Romina Zejdlik, acompañante terapéutica desde hace 22 años, presidenta de la Fundación por la Inclusión Plena y mamá de cuatro varones, uno con diagnóstico de autismo, dice que la regulación de la ley 10.393 es una lucha que todo el colectivo de AT viene realizando desde hace muchos años. “Así como las personas con discapacidad tienen derecho a recibir todas las prestaciones por su médico de cabecera (...), también los AT cumplen un rol esencial en los tratamientos”, explicó.
Y agregó: “Si no se reglamenta, lamentablemente, el servicio que brindamos queda precarizado, se desdibuja y sigue sin darse el valor que amerita dentro del encuadre que son los tratamientos y la rehabilitación para las personas con discapacidad”. Para Zejdlik, la reglamentación sería “una conquista más de los derechos establecidos”.
La acompañante terapéutica Candela Malicho sostiene que la matrícula es imprescindible porque los AT necesitan trabajar con “un sistema digno” que los acompañe y tener un respaldo ante las actividades que realizan. “Trabajamos con personas y consideramos muy importante la vida de esa otra persona. Así como cuidamos a otro, necesitamos que el sistema nos cuide a nosotros a través de una ley vigente”, refirió. “Que todos los profesionales estemos en condiciones legales óptimas y dignas va a mejorar el trabajo tanto nuestro como la vida del usuario”, apuntó.
Verónica Aguilar, acompañante terapéutica de la ciudad de Río Cuarto, opinó: “Por respeto a nuestros pacientes que necesitan de nuestros servicios y a sus familias necesitamos urgentemente que salga esta regulación, que seamos reconocidos por el Estado. Porque hay una parte del Estado que sí nos reconoce porque pagamos nuestros impuestos, pero por otro lado no nos reconocen”.
Marta Lastra, mamá de un niño de 11 años con diagnóstico del espectro autista y abogada especialista en discapacidad, plantea que la reglamentación también es indispensable para la tranquilidad de las familias y para asegurar las mejores condiciones y calidad de prestaciones.
“La necesaria formalización de este tipo de prestaciones de AT no hace más que lograr que las profesiones sean tratadas de igual manera, sean exigidas en su calidad de igual manera ya que las otras prestaciones ambulatorias tienen sus exigencias, tienen sus procesos de evaluación y de control”, remarcó.
Subrayó que el acompañante terapéutico es fundamental para aquellas discapacidades que tienen desafíos conductuales, como el autismo. “Debemos asegurar a la persona con discapacidad, a su familia y a su entorno la profesionalización. Hoy tenemos muchos cursos de los que no se conoce la cantidad de tiempo que se dedica a la formación ni existe la obligación de que se formalice y se homogeneice el conocimiento, por eso resulta imprescindible para dar seguridad jurídica y dar un marco legal a este tipo de prestaciones que se reglamente la ley, que es justa y necesaria para todos los sectores”, concluyó.
