El gobierno nacional desreguló el sistema de transporte de media y larga distancia en todo el país, una medida que se propone generar un cambio radical en el mercado.
“Deja de ser un servicio público y se pasa a un registro. Antes el Estado nos decía qué servicios debíamos realizar y cuánto cobrar y ahora la lógica será a través de la oferta y de la demanda, con libertad de condiciones”, indicó Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi).
Por ahora hay bastante incertidumbre sobre los cambios reales, en cada distrito. Referentes del sector empresarial esperan que en las próximas semanas se conozcan más detalles de la reglamentación que terminará de definir puntos claves de la nueva modalidad.
“Somos precavidos, la norma trae algunas mejoras pero también genera dudas sobre la exigencia que se le va a solicitar a los nuevos prestadores”, agregó Gaona, representante de la cámara que agrupa a más de 40 empresas del sector.
Por su parte, Claudio Luna, secretario general del gremio Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) advirtió preocupación por posibles riesgos en la seguridad y en las condiciones laborales de los trabajadores que se incorporen al sector.
La medida y el debate
En lo que refiere al transporte de pasajeros interjurisdiccional (de una provincia a otra), la Secretaría de Transporte de la Nación apunta a la incorporación de nuevas empresas, transportistas individuales (personas humanas) y empresas extranjeras en un registro abierto.
En un comunicado, la administración nacional argumentó que la desregulación tiene como objetivo la “liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual”, y reemplaza una norma con más de 30 años de antigüedad.
“Con las críticas y posibilidades de mejoras que existen, consideramos que tenemos un buen servicio de transporte que incluso ha sido un faro en la región. Queremos cuidar ese nivel de calidad. Se pueden sumar más prestadores, pero no lo puede llevar a cabo cualquiera”, agregó Gaona.
Según establece la norma, el nuevo Registro Nacional de Transporte de pasajeros incluirá la capacidad de transporte, cantidad de asientos, seguros contratados, nómina de conductores, periodicidad de servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje. Esto supondría una mayor oferta de servicios y competencia de precios.
Sin embargo, algunas fuentes del sector temen que en la práctica no exista un control acorde a los requerimentos.
“La autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Actualmente no dan abasto y no tienen presencia en todas las terminales de pasajeros. Si la tendencia es hacia el achique estatal, nos preguntamos cómo van a controlar la operatoria”, dijo el gremialista Luna.
Para el dirigente sindical la nueva disposición supone la inclusión de algunos actores que venían realizando el servicio por fuera del marco normativo, de modo informal. “Existen 700 chapas de empresas radicadas en la provincia de Córdoba, de las cuales el 80% ofrecen servicios ilegales”, apuntó.
A los fines prácticos, entre las incógnitas que presenta el nuevo sistema, está dónde se fijarán el origen, parada intermedia y fin del recorrido. Para ello cada autoridad municipal deberá establecer un marco regulatorio que permita una logística que no perjudique las normas de tránsito y de seguridad urbana.
Para Celadi, la incorporación de nuevos espacios físicos para el ascenso y descenso de pasajeros podría permitir una mejora en el servicio de las terminales de pasajeros. “Tenemos casos en los cuales pagamos un canon muy alto en una terminal deteriorada que ahora competirá con otros lugares”, manifestaron desde la cámara empresaria. Incluso los municipios podrán disponer de paradas rápidas en sitios específicos de cada ciudad.
Otra duda refiere a un mínimo de unidades por prestador para estar habilitado. “Si tengo una combi y manejo yo solo y se me rompe, ¿cómo respondo ante los pasajeros?”, se preguntó una fuente del sector.
A Luna le cuesta observar algún punto positivo a la norma. “Frente a una estructura de costos fijos, aquel que quiera competir contra empresas consolidadas apuntará a una precarización laboral o a un ajuste en las medidas de seguridad de los vehículos”, advirtió el gremialista.
El empresario Gaona consideró en tanto que el tiempo determinará si esta normativa tuvo el efecto deseado por el gobierno o si, por el contrario, perjudicó el sistema. “No queremos que el transporte transite por el camino inverso al crecimiento”, dijo. Además compartió que la nueva disposición supone un desafío grande para las empresas que ya estaban registradas para diferenciarse y comunicar a los usuarios sobre los beneficios que podría suponer el respaldo de firmas con trayectoria.
En la práctica la nueva disposición no repercute directamente sobre los pasajeros que tienen boletos para traslados en los próximos días. “Queremos llevar tranquilidad a la población. Estos cambios serán paulatinos”, manifestaron desde una de las empresas.
