- En 2019 el Congreso Nacional aprobó la ley contra el acoso que se configuró como delito penal.
- La agrupación Mumalá advierte que esta modalidad de volco a las redes durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus y brindó datos de un informe sobre "grooming".
El 7 de abril se conmemora el Día de la Lucha contra el Acoso Callejero y en ese contexto, la agrupación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) advirtieron sobre el traslado de este tipo de violencia contra las mujeres y disidencias al ámbito virtual con el ciberacoso.
En mayo de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 27.501 que incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia hacia la mujer y lo incluye como delito dentro del Código Penal. La iniciativa había recibido la sanción definitiva en el Senado un mes antes.
Por su parte en Córdoba se inauguró en marzo de este año la Unidad Contravencional de Violencia de Género donde pueden denunciarse este tipo de delitos.
En el contexto de aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional a raíz de la propagación del coronavirus, desde distintas instituciones públicas y organizaciones sociales alertaron sobre la posibilidad del aumento de los casos de violencia hacia las mujeres, que en general se producen dentro del ámbito del hogar.
Sin embargo y a pesar de que al acoso callejero se lo relaciona con el ámbito público, desde Mumalá advirtieron que la modalidad se puede trasladarse a lo virtual: "La multiplicación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mantener la socialización, intercambiar información, estudiar en tiempos de pandemia, también abre territorios para las violencias machistas como el cíber acoso o acoso sexual virtual".
Desde la organización recordaron que esta forma de acoso tiene características específicas, tales como que las agresiones tienen efectos duraderos, repetidos y prolongados; se producen sin necesidad de contacto “cara o cara” protegiendo con el anonimato a los agresores y se realizan con gran rapidez y registran una gran amplitud de audiencia y “viralidad”. También este tipo de agresiones poseen durabilidad y permanencia y son altamente invasivas.
El Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, elaboró en 2019 el informe “Violencias On Line” para el que realizaron encuestas a 836 mujeres, adolescentes e identidades sexogenéricas feminizadas, de 17 provincias de la Argentina y donde detectaron que el 75%, de entre 15 y 19 años, afirma que adultos desconocidos trataron de contactarse a través de redes sociales.
Por su parte, el 62 % recibió fotos o videos de contenido sexual de otras personas sin pedirlo; el 58 % recibió comentarios sexuales no deseados, no consentidos a través de internet; el 38% recibió mensajes anónimos de amenazas u hostigamientos. Entre los resultados del informe se destaca que el 83 % de las encuestadas no se acercó a organismos públicos para asesorarse, que a la edad de 9 años empezaron a experimentar violencias on-line y a los 14 el pico de frecuencia de esas violencias.
Entre otras modalidades se registraron también los mensajes anónimos de amenazas u hostigamientos, burlas o comentarios ofensivos en redes sociales, el robo de las claves de redes sociales y la publicación de rumores sobre su persona, como la copia y re-envío de conversaciones privadas y la amenaza pública en las redes.
Como consecuencia de alguna o varias de estas modalidades de acoso, las encuestadas respondieron que dejaron de tener estado público en las redes sociales en un 66% y, porsu parte, el 29% tuvo que cambiar su número de teléfono.
El acoso como delito
La ley 27.501 de acoso callejero modifica la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y en espacios públicos como medios de transporte y centros comerciales en el caso del acoso.
El objetivo es tipificar la violencia política contra la mujer y castigar conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres.
Además la ley indica que se deberá "implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen".
