Con los alegatos defensivos de los abogados del exministro de Salud provincial Diego Cardozo, culminó la etapa de argumentaciones en el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Germán Matheu y Maximiliano García, defensores de Cardozo, reservaron este último turno entre los abogados que asisten a los acusados por responsabilidades funcionales, justamente con Cardozo a la cabeza, acusado de encubrimiento agravado por el hecho precedente (los homicidios de bebés) y su calidad de funcionario público. Y lo hicieron tomando buena parte de los argumentos de sus colegas, en una defensa que al final del proceso dejó un bloque común entre los acusados por delitos en su función.
Las presentaciones hicieron eje en que “Cardozo hizo lo que tenía que hacer en el momento en que se enteró de los primeros casos”, el 7 de junio; que los hechos dejaron de ocurrir luego de las medidas que ordenó, y que la Justicia tenía información que desde el 10 de junio confirmaba que había actos criminales, un dato que no se compartió, y que no produjo ninguna investigación hasta casi un mes después.
“No nombraron los indicios que llevan a concluir que Cardozo sabía. El único hecho que está probado es que era el ministro de Salud de la provincia”, dijo García.
“Toda prueba debe ser valorada bajo el principio de inocencia, y la ley obliga a interpretar cualquier duda a favor del imputado. La verdad de estos hechos es independiente de las expectativas sociales y de las madres. Puede ir en contra de esas expectativas”, consideró.
“Han hecho un análisis con el diario del lunes. Consideraron que toda la información que tenemos hoy con dos años de investigación la tenían en el momento en que sucedían los hechos. Nadie puede encubrir algo que no conoce. Es un delito imposible”, alegó Matheu a su turno.
“Existía un sistema de salud muy comprometido, con fuertes demandas, en una crisis sanitaria, la más importante en la historia de Córdoba, y nos olvidamos de eso. A este contexto, los acusadores lo han omitido adrede”, contextualizó Matheu.
Luego repitió que Cardozo se enteró recién el 7 de junio de dos muertes, en el contexto de descompensaciones de cuatro bebés; que se hicieron denuncias judiciales y “de manera muy genérica, de episodios dudosos con anterioridad”.
Repasó también lo sucedido en torno del reemplazo de la vitamina K en abril, con base en el testimonio en juicio de la directora de Farmacia, Susana Hernández Caffot, quien contó que mientras se separaba el lote y se informaba a Anmat para que se hiciera el análisis de farmacovigilancia, se tenía que autorizar una compra directa, porque los hospitales necesitaban el fármaco. Esto es lo que llega a conocimiento del entonces secretario de Salud, Pablo Carvajal, quien no lo informa a Cardozo porque era un trámite de rutina y estaba dentro de sus facultades.
Según Matheu, este trámite es el que usa la acusación para sostener que el ministro tenía conocimiento, en un tiempo en el que no existía ninguna sospecha de criminalidad.
Acto seguido, Matheu volvió a la secuencia de medidas que ordenó Cardozo apenas se enteró de los eventos, el 7 de junio, tras ser informado por el secretario Carvajal. Ese día dio la orden de intervenir el hospital; pidió identificar y separar a los agentes; iniciar un sumario administrativo; darle seguimiento a los casos judicializados, y formular una denuncia penal, listó Matheu.
“Fue diligente, tomó decisiones y le dio la importancia al tema de acuerdo a la información que tenía en ese momento”, concluyó Matheu.
Respondió, también, el cuestionamiento sobre la falta de seguimiento de la denuncia. “Las órdenes de un superior se cumplen; si no se cumplen, se tienen que reportar. De lo contrario, se dan por cumplidas. Así funciona”, detalló Matheu.
Y volvió al 7, día en que ya había dos denuncias en la Unidad Judicial 18. “Los funcionarios judiciales estaban en conocimiento en el mismo momento que los funcionarios de salud”, remarcó Matheu.
“Cuando se allana el hospital en julio, Cardozo tenía sobrados motivos para entender que eso se hizo por las denuncias que se habían hecho en junio”, examinó Matheu. “No investigaron absolutamente nada; recién después del 11 de agosto empiezan a tener actividad estos sumarios. Y la primera fiscalía del caso tenía un informe toxicológico, además de la autopsia; a los tres días de las muertes, tenían confirmada la criminalidad. ¿Qué cuestionaron los acusadores de eso? Y nos hablan de doble vara y de corporativismo", dijo el abogado, disparando también contra la falta de acción judicial luego de las dos primeras denuncias.
Luego saltó Matheu al 11 de agosto, cuando se conocen estos casos y Cardozo da notas periodísticas. “Se interpretó de manera literal que nosotros sabíamos desde marzo, cosa que ya explicó Cardozo que se refirió al sistema de salud. Y se utilizó de manera maliciosa la expresión de la testigo Viviana Martínez de que Cardozo y Asís eran carne y uña, y por lo tanto él debía saber lo que ocurría”, relató.
Cuando dijo “nosotros teníamos sospechas desde el 18 de marzo, día del primer caso, en la nota con Miguel Clariá que está en la causa habló refiriéndose al sistema sanitario, no de manera literal. Se refirió a que se habían hecho análisis de causa raíz, se habían estudiado esos casos”, aclaró otra vez Matheu.
Sobre la acusación por el reseteo del celular, el 14 de agosto, dijo que la herramienta forense reporta eventos en el sistema operativo que incluyen actualizaciones, errores, limpieza de caché y formateo, y no puede determinar cuál es.
“Cardozo hizo lo que tenía que hacer cuando se enteró de lo que sucedía. Nadie puede encubrir hechos que no conoce”, reiteró Matheu antes de pedir la absolución.
Sobre el pedido de prisión, García dijo que es “formalmente inadmisible”. Fueron los querellantes particulares los que pidieron esto. El fiscal Ruiz Moreno solicitó prisión en suspenso y luego acompañó lo solicitado por los acusadores privados, “sin dar razones ni fundamento”.
“Se han visto en la obligación los fiscales de Cámara de sostener una acusación defectuosa, arbitraria, que hace agua por todos lados”, consideró García, al interpretar la actitud de los funcionarios.
“Son médicos, trabajan, no tienen medios para vivir en la clandestinidad. Y en el caso de Cardozo, que ha tenido actividad pública, le sería muy difícil vivir escondido y con la enfermedad que tiene, que necesita controles permanentes. ¿Por qué buscaría fugarse, si está en juego su vida?“, argumentó García.
“Se busca solamente espectacularidad en esos pedidos de pena”, señaló.
