Este jueves se debatirán dos proyectos de ley referidos a género y diversidad en la Cámara de Diputados de la Nación.
Uno de ellos es el proyecto de ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, más conocido como “ley de cupo laboral trans”, que irá por la media sanción en Diputados. Las organizaciones de la diversidad vienen reclamando hace al menos una década la ley de cupo.
El proyecto prevé un cupo laboral travesti trans del 1% en el ámbito público, incentivos para contratar personas travestis y trans en el ámbito privado, y créditos a tasa preferencial para emprendimientos conducidos por personas de este colectivo.
“El proyecto apunta a adoptar medidas de acción positiva y desarrollar políticas públicas tendientes a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas trans, siendo un colectivo históricamente vulnerado y marginado, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades, tal como recomiendan los tratados internacionales”, indicaron en la página oficial de la Cámara de Diputados.
Allí también aclaran que el proyecto se confeccionó teniendo en cuenta los 15 proyectos con estado parlamentario anteriores, el dictamen de 2018, las propuestas de 150 organizaciones, la información recabada en las reuniones informativas de 2020, el decreto presidencial 721/2020 (que estableció el cupo laboral travesti trans en el sector público) y la mirada del Poder Ejecutivo.
Entre esos proyectos presentados anteriormente, estaba el de la diputada por Córdoba Gabriela Estévez, de 2016, 2018 y 2020, con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
“La expectativa de vida de las personas travestis y trans en nuestro país es de entre 35 y 40 años de edad, como consecuencia de la vulneración histórica de sus derechos humanos, y su exclusión del mercado laboral formal es uno de sus capítulos principales. Nueve de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con trabajo registrado, lo que condena a la mayoría de ellas al trabajo sexual, exponiendo así su salud integral y hasta su propia vida”, explicó Estévez.
Otros proyectos, como el de las organizaciones Federación Argentina LGBTIQ y ATTTA Red Nacional proponían una ley integral trans más amplia en cuanto a acceso a la vivienda, a la educación y la salud de las personas trans y la reparación histórica para las personas mayores.
Repercusión en las organizaciones
La noticia fue celebrada por organizaciones de la diversidad sexual en Córdoba, que en 2016 fue cuna de la formación de la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans.
“Este es un hecho histórico y un logro colectivo que se refleja en la lucha incansable de miles de compañeros en todo el país. Ya no podemos esperar más, necesitamos que se reconozca e instrumente nuestro derecho de acceder a un trabajo formal; muchas de nuestras vidas dependen de esto”, afirmó Thiago Galván, secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
“La ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans cuenta con el acompañamiento de más de 250 organizaciones en todo el país, con una construcción colectiva y fundamentalmente federal. De aprobarse, esta ley sería el corolario de una política pública que se ha expandido en los últimos años. Actualmente, el cupo ya fue decretado para la administración pública nacional y el Senado. También con leyes de cupo y/o inclusión laboral travesti trans en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, así como con ordenanzas de este tipo en más de 50 municipios de todo el país”, agregaron desde la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
“La discriminación laboral que sufrimos las personas travestis y trans es estructural. No sólo depende de las crisis internacionales o las malas políticas económicas, sino también de los años de violencia y exclusión por parte del Estado, que legitimó prácticas que están arraigadas en el plano de la cultura, donde aún no se nos ve como sujetas productoras de fuerza de trabajo en diferentes ámbitos. Es imperioso, desde el Estado, revertir, reparar y transformar la vida de cada una de nosotras, entendiendo que el trabajo es un eje ordenador de la vida de las personas. Esto nos permitirá proyectar una vida digna en igualdad de condiciones”, exhortó Claudia Vásquez Haro, presidenta de la Convocatoria Federal Travesti y Trans Argentina.
Sin embargo, desde la Agrupación 1969, que pertenece al Partido Obrero, advirtieron sobre dos aspectos a resolver: “Entendemos como una victoria del movimiento que el parlamento trate esta iniciativa al fin. En cuanto al texto de la ley, entendemos que es progresista, aunque advertimos sobre dos aspectos fundamentales. El primero es acerca de las condiciones laborales de contratación en la planta estatal: creemos importante que quienes sean contratados bajo esta legislación deben estar en planta permanente y no con contratos precarizados, como suele realizar el Estado actualmente”, explicaron a través de un comunicado.
El segundo aspecto que criticaron fue que haya beneficios a las empresas que contraten personas travestis y trans: “No puede haber en una ley que dictamina un derecho al empleo genuino un beneficio a los capitalistas que, con la complicidad estatal, llevan a cabo despidos y son también actores centrales en la precarización y la situación de miseria de la población travesti trans y no binaria”.
“Ahora nuestra tarea es seguir en las calles para exigir su aplicación sin restricciones y la exigencia de un presupuesto acorde. Y también resaltar el número de artículos con el cual diferimos, porque nuestra lucha no puede ser utilizada y rebajada a una herramienta para la explotación por parte de las patronales”, indicaron desde 1969.
Por su parte, desde la Asociación Travesti Trans Argentina de su sede Córdoba indicaron: “Desde Atta acompañamos y celebramos que podamos estar en la agenda de Diputados para debatir el cupo laboral trans, pero creemos que esto no es suficiente, ya que son muchos los derechos que se nos han negado, como el derecho a la salud, a la educación, la reparación histórica para adultos mayores. También para las adolescencias y niñeces trans”, dijo Pía Aldana Ávila, representante de Atta Córdoba. “Por eso creemos y luchamos para que exista una ley integral trans”, concluyó.
Equidad en medios públicos
El otro proyecto es el de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El proyecto fue presentado por Norma Durango, senadora de La Pampa por el Frente de Todos y presidenta de la comisión de la Mujer de la Cámara Alta.
El proyecto prevé que los medios de comunicación públicos deberán aplicar con obligatoriedad en todos los estratos de la planta del personal, hasta los roles directivos, el principio de equidad. Además establece que debe garantizarse la representación de personas trans en un porcentaje de al menos el uno por ciento.
Para los medios de gestión privada, el proyecto establece que deberán acogerse a un régimen de promoción. La autoridad de aplicación (Poder Ejecutivo) llevará un registro de servicios de comunicación de gestión privada y emitirá un certificado de equidad en la representación de los géneros.
Para la obtención de ese certificado, los medios deberán acreditar una vez al año los progresos en materia de equidad en –al menos– cuatro requisitos: políticas de inclusión laboral con perspectiva de género; procesos de selección de personal fundados en la equidad; acciones de apoyo a la distribución de las tareas de cuidado; disposición de salas de lactancia y guarderías; capacitaciones en género y comunicación; promoción del lenguaje inclusivo y creación de protocolos de prevención de la violencia laboral y de género.
Además, la autoridad de aplicación deberá crear campañas de fomento a la igualdad, promoción del lenguaje inclusivo y capacitar en género al personal de los medios de comunicación, entre otras tareas. También tendrá competencia sancionatoria para quienes no cumplan la ley.
En caso de que sea aprobada también por la Cámara de Diputados, pasará a ser ley y se sumará a la ley de cupo femenino en la política de 1991 y la ley de paridad de 2018.
