Mario Pereyra tiene 69 años y vive en una casilla en barrio Altos de Vélez Sársfield. Tuvo tres accidentes cerebrovasculares (ACV) que lo han inmovilizado y le generaron dificultades para hablar. Hace dos meses le suspendieron su pensión.
“Estoy mal, no tengo para comer. Me quedé sin plata; y mi hijo, que hace changas, está sin trabajo ahora”, contó con tristeza a La Voz.
Su historia se reproduce por miles. Si bien no existen datos oficiales, se estima que al menos cuatro mil personas con discapacidad –solo de la ciudad de Córdoba y alrededores– perdieron su pensión no contributiva en las últimas semanas, principalmente en agosto.
Aparentemente su caso, como el de muchos otros, tuvo el origen en una falla en la notificación domiciliaria. Pereyra perdió su pensión sin recibir una carta documento y se enteró cuando no apareció el dinero en su cuenta bancaria.
A pesar de que el 18 de julio pasado el vocero presidencial Manuel Adorni mostró una radiografía de un perro que habría sido utilizada en Corrientes para acceder a la prestación, organizaciones especializadas en la materia advierten que la gran mayoría de los casos no fueron como el que mostró el funcionario.
Bajo el término “no cumplieron con los requisitos establecidos”, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya dio de baja más de 110 mil pensiones en todo el territorio nacional.
Entre los motivos de suspensión estipulados por el Gobierno, está que la citación no pueda ser entregada por causas atribuibles al beneficiario o no asistir reiteradamente a las citaciones. Sin embargo, las citaciones se realizan únicamente por carta documento, un medio inaccesible y que no llega a muchos lugares por dificultades con el servicio de correo.
De hecho, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), Andis informó que a junio de este año el 46% de las cartas enviadas no habían podido ser entregadas. Además, hubo personas citadas en lugares que quedaban a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia.
El conflicto se da en medio de la denuncia de un presunto esquema de corrupción que involucra a la Andis tras la difusión de audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo, y tras el rechazo del Senado al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Oficina desbordada
Desde hace varias semanas, una fila interminable por la calle 9 de Julio al 300, entre Tucumán y Sucre, se dibuja sobre la peatonal. Decenas de personas esperan ingresar al Centro de Atención Local de Andis.
“Desde la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos, estimamos que actualmente unas 200 personas por día de la ciudad de Córdoba y alrededores están yendo a consultar”, sostuvo Martín Passini, de Apadim Córdoba.
La oficina está desbordada. En una mañana fría solo hay asientos para siete personas. Un empleado sale a entregar números y vuelve al mostrador. Repite la acción algunas veces más, hasta las 11. La atención cierra a las 13.
Mientras espera poder ingresar, Roxana contó su drama: “A mi hermano le suspendieron la pensión que le permitía alquilar un sitio en barrio Santa Rosa. Además, tengo a mi mamá con una quebradura en el pie y que se hace cargo de él”. La incertidumbre sobre dónde vivirán los próximos días sus familiares la angustia.
Otro testimonio en la fila es de Héctor, un vendedor ambulante de medias que se acercó a consultar porque no le llegó la citación y teme que le suspendan la pensión.
Qué son las pensiones no contributivas
Las pensiones llamadas por “invalidez laboral” contravienen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que promueve el modelo social de la discapacidad y no considera las barreras sociales, económicas y ambientales que impiden el trabajo, y es una política de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas imposibilitadas de trabajar y en situación de vulnerabilidad social.
Su monto equivale al 70% de una jubilación mínima y habilita el acceso a la cobertura sanitaria del programa Incluir Salud. En la provincia de Córdoba alcanza a 100 mil personas.
El otorgamiento de estas pensiones viene creciendo de manera ininterrumpida desde 2018, y allí puso el foco el Gobierno nacional al llegar al poder. Sin embargo, como comentó Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de Acij, en La Voz en Vivo, las pensiones solo alcanzan a un 20% aproximadamente de las personas que tienen alguna discapacidad en nuestro país.
En septiembre de 2024, el Gobierno publicó un decreto que impuso criterios que fueron cuestionados por la Justicia argentina y por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en sus evaluaciones de 2012 y 2023.
Desde ese momento, para acceder a estas pensiones se debe acreditar un 66% de disminución de la capacidad laboral y cumplir con otros requisitos restrictivos.
La interrupción de la pensión supone la pérdida de un ingreso fundamental para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda, y también produce la pérdida de la cobertura del programa Incluir Salud, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos y el acceso a prestaciones centrales.
Auditoria cuestionada
Paralelamente, la Andis inició un proceso de auditoría a más de un millón de beneficiarios para evaluar si cumplían o no con los requisitos para continuar recibiendo esta prestación.
El proceso se desarrolla en cuatro etapas. Primero, el envío de cartas documento con turnos médicos asignados; luego, la realización de entrevistas y controles por profesionales del Pami; después, el análisis de la documentación por parte de la Andis y, por último, la emisión de dictámenes que determinan la continuidad o la suspensión de los beneficios. Desde Acij, difundieron una guía orientativa al respecto.
Además de las irregularidades técnicas, desde las organizaciones que trabajan en el tema sostienen que las citaciones no tienen en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad y su contenido resulta inaccesible para muchas de ellas. Tampoco se incluyó en las cartas documento información clara sobre el tipo de documentación que se requería ni sobre cuán actualizada debía estar.
Es por este motivo que solicitan la interrupción de la auditoría, hasta tanto no se subsanen las irregularidades y se sigan vulnerando derechos de las personas con discapacidad.
“El proceso está viciado, es arbitrario e inaccesible. Además, lo justifican desde un discurso que no es real. Hay una narrativa de recorte”, dijo Passini.
Trámite de rehabilitación
Desde Andis, informaron que para tramitar la rehabilitación de la pensión existen actualmente tres mecanismos:
- Correo electrónico desde su domicilio
Redactar y enviar una nota firmada (puede ser del titular del beneficio o a través de una persona de apoyo), en la que se solicite la rehabilitación, e incluir un resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos, a reclamosdaaeyl-andis@andis.gob.ar.
- Oficina de Anses
Previa solicitud de turno, dirigirse a la oficina más cercana a su domicilio con una nota en la que se solicite la rehabilitación, y se deben incluir un resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos.
- Oficina Andis
Concurrir a la oficina de Andis más cercana y completar el formulario “Cambio de situación del beneficiario”, adjuntando resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos.
Las solicitudes se responden en un plazo de 24 a 72 horas, con un máximo de 10 días, dependiendo de la cantidad de solicitudes recibidas. Las solicitudes relacionadas con asuntos judiciales se procesan de inmediato.
Para otras cuestiones, se han habilitado varios correos electrónicos:
- para justificar cambios de domicilio: cambiodomiciliopnc@andis.gob.ar;
- para justificar inasistencias por motivos como internación o ausencia del país: inasistenciapnc@andis.gob.ar;
- para consultas sobre turnos y asesoramiento general: citacion@andis.gob.ar.
