Este martes, a partir de las 17, tuvo lugar una clase pública seguida de una marcha en Córdoba, organizada por personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones. El objetivo fue evidenciar los recortes implementados por el gobierno de Javier Milei en este sector. La movilización comenzó en la concurrida esquina de Colón y General Paz y continuó hacia la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en 9 de Julio 360, para destacar la crítica situación de “estado de emergencia” que enfrentan.
La iniciativa fue impulsada por la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) con el respaldo del Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y la Federación Converger, entre otras entidades. Los manifestantes exigieron la “declaración de emergencia en discapacidad”, protestaron contra un “decreto que eliminaría la adhesión al nomenclador de las obras sociales”, y criticaron un “sistema que margina y excluye”.
Según declaraciones de los organizadores, “es crucial mantener en la agenda pública la situación de emergencia del Colectivo de Personas con Discapacidad y sus prestadores”. Adicionalmente, señalaron que “al desatender los incrementos necesarios en las prestaciones para personas con discapacidad, sumado a despidos, recortes en pensiones y discursos de odio, se añade ahora la preocupación por un decreto que busca flexibilizar el régimen de prestaciones”.
En el documento distribuido, detallaron que la propuesta de desregulación “implicaría que las tarifas establecidas por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad solo sirvan como referencia, permitiendo que cada entidad financiadora (como PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Salud) fije tarifas individualmente, lo que probablemente resultará en mayores desigualdades y condiciones de cobertura más precarias”.
Los organizadores también resaltaron que este cambio “pone en riesgo a las personas más vulnerables y a los trabajadores independientes, al dejar en manos de cada financiador la determinación de los valores del nomenclador”. Además, lamentaron que “algunos sectores vean la discapacidad simplemente como un gasto, lo cual es peligroso al dejar a su discreción la administración de los fondos que aseguran la cobertura y son la principal fuente de empleo para miles de profesionales en el país”.
Concluyeron destacando que “los valores de los aranceles no están alineados con la inflación actual, sumado a la naturalización de pagos diferidos y los grandes obstáculos burocráticos que enfrentan muchos financiadores al momento de otorgar coberturas y aprobar prestaciones”. Todo esto, afirmaron, “repercutirá gravemente en personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, transportistas e instituciones del sector”, e hicieron un llamado a la comunidad para “involucrarse y participar activamente en cada expresión de lucha en el contexto de la declaración de Emergencia en discapacidad”.
