Una vez más el sector de la discapacidad volvió a las calles para pedir respuestas al Gobierno nacional en la que consideran una crisis histórica.
En un día clave por la sesión especial en Diputados que por estas horas trata la ley de emergencia, cientos de personas se juntaron en la Plaza San Martín para sostener una lucha que teme no tener el efecto deseado.
Con la promesa de veto por parte del jefe de gabinete Guillermo Francos, los profesionales, pacientes y familias claman por orientar alguna respuesta que les permite seguir sosteniendo un sistema que garantice prestaciones de calidad.
El escenario ya es conocido. En las últimas semanas se han resentido algunos servicios. Si no hay cambios de fondo, eso se continuará agravando.
En paralelo los prestadores no tienen incrementos y por tanto algunos de ellos están en serias dificultades de continuar apostando al sostenimiento del sistema.
Carolina Armeloni, licenciada en psicopedagogía y coordinadora del equipo interdisciplinario Catepsi instó a que si el Gobierno nacional decide no apoyar la emergencia explicite cuál es la solución.
En medio de esta situación de incertidumbre pidieron a la Provincia que reciban a representantes del sector y que se pronuncien al respecto.
Por su parte el psicólogo y coordinador de AcompañarTe Julio Abba recordó que el pago diferido de algunas obras sociales alcanza los 90 días. “Recién se están pagando servicios de febrero”, dijo.
El especialista consideró que la crisis es más profunda pero que proviene de años anteriores. “La lucha es justa, eso no cabe dudas. Lo que sí creo que sería interesante una política más sistemática y concreta que termine con algunos que se aprovechan de este sistema”.
Preocupación y angustia
Natalia Pereyra trabaja como transportista y contó que este año no cobró de parte de las obras sociales ninguno de los servicios realizados desde enero.
“Genera mucha preocupación. En estos momentos la rueda de hacer malabares con los ingresos se rompió y no sabemos como va a continuar. Además no tenemos certeza de cómo va a continuar esto”, mencionó.
Pereyra dijo que la tarea que realiza genera un compromiso con las familias por lo que suspenderlo no es tan sencillo. “Muchas veces somos la única opción que tienen”, agregó.
Griselda es mamá de un niño con autismo y expresó que lo que está pasando con la discapacidad “es devastador para todos”.
“Esto deja en evidencia al Gobierno nacional que quiere desarmar el sistema de prestaciones. El daño que provocan es gravísimo. No tienen idea como repercute en nuestros hijos. Nos sería imposible poder pagar más dinero para que nuestros niños tengan sus terapias”, concluyó.
