En una masiva marcha en la Plaza San Martín, de la ciudad de Córdoba, prestadores y familias de personas con discapacidad reclamaron este jueves una respuesta urgente al Gobierno Nacional al pedido de actualización de aranceles y pagos adeudados, en un contexto de un sistema que está “al borde del colapso”, según lo definieron.
En la actualidad, numerosas instituciones están en serios problemas para mantener sus servicios activos con un mínimo de calidad, ante la falta de financiamiento y respuestas por parte de la administración libertaria del presidente Javier Milei.
Medidas extremas como reducir sesiones, solicitar aportes mensuales a las familias para poder sostener a los profesionales, achicar planteles, dejar de ofrecer alimentación en los servicios de doble jornada, entre otras, son cada vez más habituales por parte de los prestadores en un contexto de incertidumbre.
Al mediodía, prestadores y familiares se unieron en un reclamo que intentó concientizar a los diputados nacionales que debatirán en el Congreso el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad la próxima semana.
“La inclusión y los derechos no se negocian”, “Ley de emergencia, urgente”, “Que el privilegio no te nuble la empatía”, fueron solo algunos de los mensajes de decenas de carteles que se extendieron ayer hasta el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba.
La movilización en la Capital cordobesa se replicó en otras localidades del interior provincial y en 14 distritos del país con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
Reclamaron principalmente que se salden los pagos adeudados, la actualización urgente de aranceles y salarios, y la entrega de pensiones de discapacidad. Esto implica un aumento del presupuesto destinado a las prestaciones, que no se ha modificado desde el año pasado pese a la persistente inflación.
Prestadores de servicios, transportistas, acompañantes terapéuticos y trabajadores de talleres protegidos alertan sobre una situación económica “insostenible”.
“No estamos hablando de un simple desfasaje arancelario. Estamos hablando del avance hacia el desmantelamiento de un sistema que sirve, que funciona, y que es ejemplo en toda Latinoamérica”, expresó Virginia Els, presidenta de la Cámara de Prestadores.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión también reclamaron por los pagos adeudados. “Hay personas que todavía esperan cobrar noviembre y diciembre del año pasado. Eso se ha vuelto normal. Estamos en un punto límite”, denunció Julia Domínguez.
“No son privilegios; son derechos adquiridos. Ellos no pidieron nacer así. La situación es desesperante”, aseguró ayer en medio de la marcha por el Centro de Córdoba la madre de una adolescente con discapacidad.
El sistema argentino de apoyo a las personas con discapacidad (PCD) es un modelo único en Latinoamérica que garantiza el acceso a una protección integral, sin importar su capacidad económica. Eso es lo que está hoy en jaque por las políticas que lleva adelante el presidente Milei.
Además, existen planes de asistencia y acompañamiento a este colectivo, como el Programa Federal Incluir Salud y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a derechos y prestaciones especiales, que ahora son cuestionados por el Gobierno nacional.
Que áreas claves en ese sistema de protección estén hoy al borde del colapso, repercute directamente en la calidad de vida de estos pacientes y en las economías de sus familias, lo que pone en riesgo su derecho básico a la salud.
