La atención de la opinión pública volverá a depositarse este miércoles en la Cámara de Diputados, donde habrá una sesión especial impulsada por la oposición para tratar temas sensibles como la declaración de emergencia en materia de discapacidad, el aumento de las jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.
Los bloques opositores confían en obtener una amplia mayoría para aprobar los proyectos, pese al rechazo del Gobierno nacional, que argumenta el elevado impacto fiscal de estas medidas.
En Córdoba como en otras ciudades del país, los prestadores de servicios de discapacidad, familias y pacientes impulsan una nueva concentración. La misma es en la Plaza San Martín a las 12.
“Necesitamos respuestas concretas urgentes. Defendemos las políticas públicas que garantizan la inclusión, el acceso a tratamientos, educación, transporte y una vida digna para todas las personas con discapacidad que hoy está en riesgo”, advirtieron en la convocatoria.
Desde el sector advirtieron que no se trata de una política de beneficios sino de derechos humanos. “El sistema de prestaciones en discapacidad no depende de fondos del Estado ni requiere inversión desde el Tesoro Nacional sino que se sustenta a través de un fondo solidario al que aportan obras sociales y prepagas”, indicaron.
Desde los prestadores de servicios de discapacidad entienden que con este desfinanciamiento el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad pretenden que cada obra social “pague lo quiera, que cada familia resuelva sola y que la discapacidad vuelva ser un ‘problema privado’”.
De continuar esta situación indicaron que habrá un colapso de las instituciones, familias sin apoyos, profesionales especializados que se van del sistema o atienden de manera particular, niños sin docentes de apoyo a la inclusión ni equipos terapéuticos.
Solicitud de reunión con Provincia
En medio de la incertidumbre sobre el alcance de las prestaciones que tienen por ley las personas con discapacidad (PCD), desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) le enviaron una carta al Gobierno Provincial para solicitar ser escuchados “con la urgencia que esta situación amerita”.
“Solicitamos ser recibidos de manera inmediata por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer con el fin de plantear personalmente el alcance de esta crisis y las consecuencias concretas que ya están ocurriendo en nuestra provincia, ya que el caso que desaparezca el sistema actual que depende de la Nación, la atención a PCD será responsabilidad de las provincias”, expresaron.
“La situación no admite demoras, el tiempo de actuar es ahora”, concluyeron en una carta firmada por representantes de 47 instituciones.
Escuelas: la inclusión en riesgo
Capredis también alertó sobre “el riesgo real e inminente de colapso del sistema educativo en lo que respecta a la inclusión”. Es por eso que convocan a las escuelas, equipos directivos y comunidades educativas a sumarse de forma activa a este reclamo legítimo.
“Este escenario compromete de manera grave y directa la continuidad de las docentes de apoyo a la inclusión (DAI), figuras fundamentales para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”, manifestaron.
Entre las causas sostuvieron que las instituciones ya no pueden sostener a sus profesionales y por tanto los equipos interdisciplinario se desarman y que desde junio la asistencia de las DAI son de menos horas dado que los montos que se perciben quedaron absolutamente desfasados.
Frente a esta situación desde la cámara indicaron que los estudiantes podrían quedar sin apoyos indispensables para una participación plena y efectiva y los docentes de grados deberán asumir, además de sus responsabilidades cotidianas, la complejidad de los procesos de inclusión.
Qué propone la ley de emergencia
La iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, la reforma del sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Andis y cumplir con el cupo laboral para PCD.
El oficialismo rechaza el proyecto por considerarlo “regresivo y asistencialista”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que si se aprueba la ley, el Ejecutivo la vetará.
