En las últimas semanas, fuimos testigos de la resolución de dos casos judiciales emblemáticos sobre violencia sexual: la condena, aún no firme, a Juan Darthés en Brasil, por la denuncia de abuso de la actriz Thelma Fardin; y la condena al exgobernador de Tucumán José Alperovich, por abusar de su sobrina, que también era su asesora en el Senado de la Nación.
Cada caso con sus particularidades, y más allá de las instancias de revisión que siguen abiertas, dejan mensajes claros en una sociedad convulsionada y en un contexto general de descreimiento y minimización de las violencias sufridas por las mujeres.
En los dos, la Justicia condenó a los responsables de un delito que no es fácil de juzgar, pues sucede a puertas cerradas, en general sin testigos y muchas veces sin pruebas físicas relevantes. Un cambio de mirada en las últimas décadas y la aplicación de la perspectiva de género en los fallos sobre integridad sexual hicieron que el mayor peso de la carga probatoria recayera en el relato de la víctima.
Determinar que esta persona no miente y que su relato se condice con otros elementos de la causa (peritajes psicológicos, mensajes, peritajes físicos) se volvió esencial.
En el caso de Fardin, los obstáculos fueron enormes: primero, denunciar a alguien muy conocido, querido y con buena imagen, y hacerlo 10 años después. También hacer la denuncia en el lugar de los hechos: Nicaragua. Luego, otro obstáculo: ante el traslado de Darthés a Brasil (dada su ciudadanía en el país vecino), la causa se tuvo que trasladar a esa jurisdicción, por la política de no extradición de los imputados. El primer fallo reconoció que hubo abuso, aunque dijo que no había pruebas suficientes sobre “acceso carnal” y que el delito había prescripto. Un segundo fallo le dio la razón a la denunciante. Y Darthés debe decidir ahora si apela esta nueva sentencia.
En el caso de Alperovich, el desafío fue denunciar a alguien con un poder político y económico enorme. Fue dos veces gobernador y era senador nacional, y un peso pesado del PJ nacional cuando fue denunciado. Que el juez Juan Ramos Padilla lo haya condenado a 16 años, con prisión efectiva, no sólo es un acto de justicia para la víctima, sino que lleva un mensaje a toda la sociedad: la Justicia está por encima de cualquier entramado de poder. Algo que debería ser regla, a pesar de los casos en que el poder se escurre en tribunales.
Estas dos noticias, sumadas a una acusación pública a un periodista de TV Pública y de C5N por presuntos acosos sexuales a colegas mujeres, muestran que romper el silencio es difícil, pero vale la pena. Y que el camino puede ser muy duro para las primeras, pero luego allana el camino a otras.
Contracara
Paralelo a estas resoluciones judiciales y a un avance lento pero constante en esa línea, se vive un retroceso sin precedentes en torno del Poder Ejecutivo.
El cierre del Ministerio de Mujeres de la Nación, con la reducción del 80% de los programas clave, retrotrae las herramientas estatales a épocas previas al regreso de la democracia.
La desarticulación de programas de asistencia a víctimas de violencia o el desmantelamiento de la línea de denuncias 144, como la disgregación de áreas de asistencia a víctimas de trata de personas, son claras decisiones de dejar librados a la suerte a quienes necesitan asistencia estatal para poder, literalmente, salvar su vida.
También recarga a las provincias que tienen equipos de asistencia y a quienes allí trabajan, a veces en situaciones de precarización laboral.
La Justicia puede servir de reparación en los casos de violencia hacia las mujeres y LGBTIQ+, pero siempre actuará una vez producida la violencia, una vez que el daño ya forma parte de esa víctima por años. Para llegar antes, no hay respuesta más efectiva que la asistencia del Estado, la prevención desde el Estado y en todos los territorios. Pero no se puede dejar a criterio de cada provincia la respuesta a una problemática que trasciende todas las fronteras.
Un compromiso que no es sólo un mero acto ético, sino algo asumido por Argentina ante los organismos internacionales desde hace muchos años y a través de leyes.
