El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, que avaló la legalidad de las aplicaciones de transporte como Uber, reabrió el debate en el Concejo Deliberante sobre cómo regular este servicio.
Los concejales de la oposición celebraron la decisión judicial y la presentación de los proyectos para dar un marco regulatorio, pero apuntaron contra el oficialismo por no haber avanzado antes en una normativa clara, lo que derivó en años de conflicto e incertidumbre para conductores y usuarios.
Gabriel Huespe, concejal del bloque Ciudadanos, consideró que el fallo confirma la necesidad de una regulación municipal, dado el “impacto público” del servicio. Sin embargo, advirtió que los requisitos no deben ser tan estrictos que terminen asfixiando la actividad.
“No puede ser tan privado que no haya seguros de responsabilidad civil, ni tan rígido que le ponga un corset al sistema”, explicó en dialogo con La Voz.
“El Tribunal Superior ya dijo que no es un servicio puramente privado, por lo que justifica cierta intervención del Estado, pero el desafío es encontrar el equilibrio”, explicó.
El edil planteó que la regulación debería ser gradual, ajustándose con el tiempo según las necesidades del sector. “Si nos ponemos demasiado taxativos desde el inicio, podemos generar más conflictos. Hay que ir evaluando y mejorando el marco legal en base a la experiencia”, sostuvo Huespe.
Además, aseguró que el debate de los proyecto debe ser algo enriquecedor en el que se escuche a todos los actores involucrados, incluyendo conductores, usuarios y empresas, “para poder llegar a una ordenanza lo más justa posible para todos”.
Por su parte, en una postura más crítica, Jesica Rovetto Yapur, del bloque Cordobeses por la Libertad, celebró el fallo como un triunfo contra lo que calificó como “una persecución y recaudación ilegal” por parte del gobierno municipal.
“La Justicia nos dio la razón. El servicio siempre fue legal según el Código Civil, pero la Municipalidad se negó a regularlo y prefirió multar y hostigar a los trabajadores”, afirmó en conversaciones con este diario.
Y agregó: “Es alarmante que el TSJ haya tenido que establecer un procedimiento provisorio porque el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo no hicieron su trabajo.”
Rovetto Yapur exigió que los proyectos de ordenanzas –cuatro fueron presentados– sean tratados y sancionados “de forma urgente”. “No podemos seguir esperando. Esta resolución judicial es provisoria, y si el oficialismo no actúa, nada va a cambiar realmente”, remarcó.
Su iniciativa es la más liberal de todas, y propone reconocer a las plataformas como un “servicio privado de transporte”, sujeto a regulaciones mínimas para garantizar seguridad jurídica y competencia leal, pero sin asimilarlo a un servicio público.
“No es lo mismo que el transporte urbano masivo. Es un acuerdo entre privados, y el Estado no debe entorpecerlo con requisitos absurdos”, argumentó.
Los puntos polémicos del fallo
Uno de los aspectos que generó rechazo en la oposición fue la imposición de ciertas condiciones técnicas, como por ejemplo la exigencia de que los vehículos tengan capacidad para dos valijas medianas en el baúl del vehículo.
“Esto demuestra lo desconectada que está la Justicia de Córdoba de la realidad del sector”, criticó Rovetto Yapur. “¿Quién define qué es una valija mediana? Son detalles burocráticos que no aportan nada y solo complican a los trabajadores”, dijo.
Huespe, aunque más moderado, coincidió en que algunos requisitos podrían ser revisados. “Lo importante es asegurar que, en caso de accidentes, haya responsabilidad civil cubierta. Pero no hay que caer en exigencias innecesarias”, apuntó en la misma línea.
¿Qué sigue ahora?
Con el fallo del TSJ sobre la mesa, la presión recae ahora sobre el Concejo Deliberante para avanzar en una regulación definitiva.
Mientras Huespe confía en un “debate enriquecedor” que incluya a todos los sectores, Rovetto Yapur acusó al oficialismo de “ignorar la voluntad de los cordobeses” y priorizar intereses políticos.
“Este servicio llegó para quedarse, y la gente lo elige porque se siente segura y respetada”, enfatizó Huespe. “La Municipalidad debe regular, pero sin matar la innovación”, dijo entre sus argumentos.
Por ahora, según confirmaron desde el oficialismo, el tratamiento de los cuatro proyectos de ordenanzas comenzará este martes en comisión para ir avanzando hacía el marco regulatorio definitivo.
