La “privatización” de la educación en la Argentina que el presidente electo Javier Milei pretende impulsar durante su gestión de gobierno es una de las más controvertidas del abanico de fuertes cambios que propone. Por ahora, de todos modos, no está en los planes de gestión en el corto plazo.
La plataforma electoral de La Libertad Avanza plantea una reforma de nueve puntos que incluye quitarle el rango ministerial a Educación y unificarlo como secretaría en el “megaministerio” de Capital Humano, junto a otras áreas clave como Desarrollo Social y Trabajo; eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles; modificar el estatuto docente y el diseño curricular e implementar un sistema de vouchers educativos para “descentralizar la educación” entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselo al Ministerio.
De la misma manera que ocurre en Chile, con ese voucher o bono las familias elegirían la escuela para sus hijos, sea pública o privada. El objetivo, se explica en las bases, es generar competencia entre las instituciones educativas en todos los niveles de educación; lo que se busca es reducir el gasto público y la burocracia estatal.
El referente de este sistema fue el economista liberal estadounidense, y ganador del Premio Nobel de Economía de 1976, Milton Friedman. Sus teorías se expandieron en distintos países de la mano de John Chubb y Terry Moe, asesores, entre otros, de la reforma “pro–mercado” de Margaret Thatcher en Reino Unido.
Hoy en el mundo son pocos los que abrazan este sistema. Además del país vecino, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia lo implementan con diferentes resultados.
En Chile se creó un modelo único que combinaba diversas políticas de educación de mercado, que se apoyaba en la descentralización de la administración de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación Pública, con la intención de que fueran más eficientes. El caballito de batalla era lograr mejores resultados académicos. ¿Se logró?
Los índices educativos mejoraron en el año 2000 y después se estancaron; aunque el país vecino sigue siendo líder en la región en las pruebas de evaluación internacionales. Los expertos consideran prematuro asegurar que esto se deba exclusivamente al sistema de vouchers.
Lo que sí es cierto es que la aplicación del “bono” marcó un antes y un después en la sociedad chilena con consecuencias no deseadas, como mayor segregación e inequidad, la pérdida de matrícula en las escuelas municipales y el cambio en la percepción social de los docentes que dejaron de ser vistos como funcionarios públicos para ser empleados de una patronal.
Cómo funciona
El investigador Gonzalo Muñoz, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales de Chile, exjefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, y consultor en proyectos del BID, OECD y Unesco y autor de libros, explica a La Voz que el término “educación voucher” refiere a un modelo de financiamiento en el que el Estado entrega recursos para la educación de niños y jóvenes basados en una fórmula que asocia a cada estudiante con un monto en pesos chilenos que el Estado paga independientemente de si es una escuela pública o privada.
El voucher y el proceso de privatización extrema comenzaron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. “Este modelo privatizador permite que, sin decir que vas a debilitar la educación pública, lo puedas hacer”, considera Muñoz.
El investigador explica que estos sistemas de vouchers van acompañados en la mayoría de los casos de políticas de privatización y mercantilización de la educación: se facilita que los centros privados brinden educación mientras que a los públicos se les presta menor atención y no se los acompaña con políticas específicas.
La “libre elección” de la escuela, detalla Muñoz, incorpora la dinámica de competencia de las instituciones por conseguir la matriculación de niños. A más alumnos, más financiamiento. Con lo que se recibe por cada alumno, los establecimientos educativos deben encargarse de todos los gastos, incluido el pago de salarios a los docentes. El monto del voucher no es igual por cada niño sino diferenciado por nivel socioeconómico: el más pobre recibe más recursos. “Chile fue un experimento mundial, bajo la idea de que la competencia iba a producir una dinámica favorable para la calidad educativa”, sostiene Muñoz.
Estos modelos de regulación de la educación tienden a acompañarse de evaluaciones estandarizadas, porque de esta manera las familias disponen de información para su elección en base a los estándares de los centros educativos.
“En Chile el modelo de mercado generó una segregación del sistema”, asegura Muñoz, y explica que durante un tiempo (desde la década del 90 y hasta el 2015) se permitía un “copago” a las escuelas privadas sobre lo que otorgaba el Estado, como promueve en Argentina la plataforma de La Libertad Avanza. Esa modalidad, sostiene el investigador, amplificó la segmentación socioeconómica. “La libertad de elección –es decir, que la familia sea la responsable de elegir la educación del los hijos–, si bien suena como algo intuitivo y deseable, tiende a generar dinámicas de segregación muy fuertes y a reproducir las desigualdades. Las escuelas públicas se concentran en los más pobres y se van quedando en ella los que no tienen posibilidades de elegir. “, insiste Muñoz.
De todos modos, explica que en Chile es difícil atribuir estas consecuencias sólo al voucher, ya que el sistema educativo es una combinación de políticas de privatización y de mercantilización.
Competencia y calidad
“Los sistemas basados en una fuerte privatización confían en que la competencia va a mejorar la calidad, pero hay evidencia en el mundo, bien contundente, de que ésta no mejora la calidad del sistema. La privatización puede dinamizar el mercado educativo y generar una mayor competencia entre colegios, pero esto no conduce a mejores aprendizaje a nivel agregado”, remarca Gonzalo Muñoz.
En este sentido, el sistema privado crece porque sabe que tendrá financiamiento, la oferta se amplifica, se atomiza y las políticas educativas se debilitan. “Las políticas de privatización, en general, generan dinámicas segregadoras que amplifican la desigualdad. Los modelos de mercado no reducen la inequidad de resultados académicos”, subraya Muñoz.
Durante un tiempo, en Chile se permitió que las escuelas tuvieran fines de lucro (algo que no se permite en casi ningún país del mundo), con lo cual el mayor incentivo era ganar dinero y no producir educación de calidad. También se llegó a avalar que los colegios “seleccionaran” a sus estudiantes generando situaciones de discriminación. Hoy, se permite que todo el que quiera se presente en la escuela que desea y la institución escoge de manera aleatoria.
Resultados académicos
En el artículo “Modelos de regulación, políticas educacionales y cambios en el sistema educativo”, de Muñoz y Cristian Bellei, experto de la Universidad de Chile, se indica que el sistema de elección de escuela y la competencia estigmatizó a la educación pública chilena como “para pobres y malos estudiantes”. Esto, sumado a una administración municipal deficiente y a la creación de una oferta casi exclusivamente privada en zonas de expansión urbana produjo “un vaciamiento de las escuelas públicas, lo que derivó en una radical privatización de la educación chilena”.
Los autores describen al sistema escolar chileno como altamente atomizado, privatizado y segregado socioeconómicamente, aunque observan que desde su implementación mejoró el acceso a la educación al igual que las condiciones del proceso educativo. También se registró un leve aumento de los resultados de aprendizaje aunque “partieron de niveles muy bajos y se han estancado durante la última década, manteniendo un carácter altamente desigual”.
A modo de ejemplo, desde 1980 hasta la actualidad, la educación pública pasó de educar a 4/5 a sólo 1/3 de estudiantes en el país trasandino. “La reforma de mercado y la irrupción del Estado evaluador han logrado modestos efectos positivos, al tiempo que han producido relevantes consecuencias indeseadas”, concluyen los autores.
¿Se puede aplicar en Argentina?
En Argentina, la idea de la “educación voucher” supone reformar la Ley Nacional de Educación y la Constitución. En el país, la educación depende de las provincias y no del Estado nacional.
¿Podrá el presidente electo Javier Milei cumplir su propuesta de campaña de avanzar en el experimento de la “educación voucher” o de libre elección de escuelas que se dirige hacia la mercantilización del sistema de educación pública? Esa es la pregunta del millón.
La respuesta es que no será fácil, aunque la creación del Ministerio del Capital Humano podría considerarse la primera medida en marcha, ya que en el gobierno de Javier Milei la educación deja de tener rango ministerial, con la consiguiente pérdida de autonomía para la ejecución de políticas públicas y de disposición de recursos financieros.
La plataforma electoral de La Libertad Avanza plantea el viraje hacia un sistema de vouchers en el que las escuelas deberán competir entre sí para captar alumnos, que con su presencia en las aulas dotarán de recursos económicos a los colegios.
Según este paradigma, cada estudiante recibe un bono con el que las instituciones públicas o privadas financiarán todos los gastos, desde la infraestructura hasta los salarios docentes. Esta teoría neoliberal, que se aplica en Chile y en otros pocos lugares del mundo, promueve la libre elección y competencia como si fuera un mercado pero con financiamiento estatal. con la idea de incentivar la calidad y la eficiencia. Lógicamente, la estrategia que rompe con las redes solidarias que caracterizan a las instituciones argentinas genera adhesiones (en especial en redes sociales) y rechazos (entre académicos y expertos en educación). Pero, ¿es viable?
Por una parte, la Constitución Nacional de 1853 (con sus reformas de 1860 y 1994) establece que la educación depende de las provincias, no del Estado nacional. “Para instalar un sistema de libre elección de escuelas se debería modificar el artículo quinto de la Constitución Nacional, desempoderar a las provincias, nacionalizar la educación y cambiar el esquema de coparticipación federal de impuestos. Este fue el mismo motivo que inhibió a Trump: el carácter federal del sistema educativo”, explica Mariano Narodowsky, exministro de Educación de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2009, académico y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, en un artículo publicado recientemente en la revista Cenital.
Precisamente, las reformas educativas planteadas por La Libertad Avanza proponen, entre otras cosas, crear un Instituto de Financiamiento Educativo que gestione las transferencias a cada escuela según el número de alumnos matriculados y derribar la obligatoriedad de la educación sexual integral, uno de los grandes logros de los últimos años. También busca avanzar sobre la gratuidad universitaria y poner en cuestión el valor estratégico de la investigación científica y tecnológica.
Narodowsky asegura que hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de vouchers.
“Fue una corriente de los ′80 y principios de los ′90 que se agotó. Incluso el Banco Mundial y la Ocde, basados en los datos de las pruebas Pisa, se posicionan en contra de estimular vouchers”, asegura.
Para instalar este modelo se requiere la sanción de una nueva Ley de Educación Nacional en el Congreso y una reforma constitucional, como hizo Chile.
Por otra parte, es prácticamente imposible disputar matrícula en un país con una enorme extensión territorial donde hay escuelas como único servicio. La exopositora y hoy aliada de Milei, Patricia Bullrich, lo afirmó con énfasis en el segundo debate presidencial: “Andá con el voucher a la Puna”.
