El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió presentar una demanda judicial contra el Gobierno del presidente Javier Milei, con el fin de exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada por el Congreso y promulgada por decreto.
La norma prevee un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y no docentes, pero el Ejecutivo postergó su ejecución hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
En la sesión, los consejeros advirtieron que el decreto que promulga pero a la vez suspende la aplicación de la ley “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”.
Por ese motivo, instruyeron al rector a iniciar acciones judiciales y a comunicar la medida a todas las unidades académicas, colegios y hospitales universitarios.
Reclamo por la crisis presupuestaria
La resolución de la UBA se apoya en la situación económica que atraviesan las universidades nacionales, marcada por el deterioro salarial, la falta de insumos y la emergencia presupuestaria declarada por la institución.
“La no aplicación de la ley profundiza la crisis y constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”, señala el documento aprobado.
El Consejo exigió al Ejecutivo cumplir de inmediato con la ley, asignando los recursos necesarios “en observancia de las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
Otra ley en suspenso
La decisión de la UBA se conoce en paralelo a la suspensión de la ley de emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas, que el Gobierno también mantiene sin aplicación hasta que el Congreso determine las partidas presupuestarias correspondientes.
