En el debate público, los váucheres educativos suelen presentarse como un giro: pasar de un esquema donde el Estado financia a las escuelas a otro en el que financia directamente a las familias. En general, se lo asocia con la idea de ampliar la libertad de elección y de generar incentivos de competencia entre escuelas por la matrícula.
En Argentina, el instrumento más reciente en esa línea es el programa nacional de Vouchers Educativos, un subsidio explícito a la demanda: la Nación transfiere el beneficio directamente a las familias para cubrir parte de la cuota de la escuela a la que ya asisten sus hijos. El diseño es focalizado: alcanza a familias con ingresos de hasta siete salarios mínimos, cuyos hijos van a escuelas privadas con alto aporte estatal (al menos 75%). El monto cubre hasta la mitad de la cuota de jornada simple (con topes por nivel y por jurisdicción). En 2024 alcanzó a más de 833 mil estudiantes y se prorrogó para 2025. Para evaluar su alcance, conviene partir de una característica del sistema argentino que suele quedar en segundo plano: desde hace décadas, además de las escuelas estatales, una porción relevante de las escuelas de gestión privada recibe recursos públicos –sobre todo provinciales– a través de aportes. Al financiar una parte de esos costos, el aporte estatal se traduce en una cuota más baja para las familias y funciona, en los hechos, como un subsidio indirecto a la demanda.
Con ese punto de partida, para analizar el programa resulta útil considerar cómo conviven distintos instrumentos de financiamiento público sobre el mismo circuito educativo. Para dimensionarlo, alcanza con mirar la matrícula.
¿Cuán grande es el circuito ya subsidiado?
En términos de matrícula, la educación estatal concentra alrededor del 73% de los alumnos. La privada con subvención estatal representa cerca del 22%, y la privada sin aporte público, una porción mucho menor (5%).
En ese esquema, el aporte provincial abarata la cuota: no la elimina, pero la hace más accesible. Por eso, su impacto se ve claro en cómo se reparte la matrícula según el nivel de ingreso: los hogares de menores ingresos se concentran en la escuela estatal, mientras que a medida que sube el nivel socioeconómico aumenta la asistencia a privadas, especialmente a las privadas subvencionadas. En ese contexto, el váucher nacional se suma, en gran medida, sobre ese mismo segmento.
¿Qué agrega el váucher nacional sobre lo que ya existe?
En la práctica, el programa se concentra en un segmento específico: familias de ingresos medios con hijos en escuelas privadas con alto aporte estatal.
Hasta ahí, el programa podría leerse como un cambio de paradigma. Aun así, el programa no reemplaza el esquema provincial de aportes a las escuelas, sino que se le adiciona. Es decir que, para una parte de los alumnos del circuito privado subvencionado, conviven dos formas de financiamiento público:
- Una provincial, estructural y de larga data (aportes a escuelas, principalmente para cubrir salarios).
- Otra nacional, reciente y visible (transferencia a familias).
Al superponerse instrumentos con lógicas distintas, la política pública pierde transparencia: se vuelve más difícil saber qué parte del costo educativo cubre cada nivel del Estado, a qué objetivos responde cada aporte y con qué criterios se asigna.
Además, por cómo está diseñado el váucher, su efecto más probable no es reorganizar masivamente la matrícula, sino contener: aliviar el pago de una escuela a la que la familia ya asiste y evitar salidas forzadas del circuito privado subvencionado frente a un aumento de las cuotas.
Ordenar para no duplicar
En un sistema donde la educación privada con aporte estatal ya recibe financiamiento público provincial, sumar un váucher nacional sobre el mismo universo tiende a generar superposición. El resultado no es necesariamente más “libertad de elegir”, sino reglas menos claras sobre quién financia qué, con qué objetivos y bajo qué criterios.
Por eso, más que sumar programas, el eje debería ser ordenar responsabilidades: la provisión y el financiamiento de la educación básica son competencia primaria de las provincias y la Nación debería evitar montarse con instrumentos paralelos sobre funciones que ya ejercen las jurisdicciones. El camino razonable es un acuerdo Nación–provincias que defina roles y canalice recursos de forma coordinada, con ministerios provinciales fortalecidos y con reglas explícitas, más allá de la herramienta presupuestaria que cada provincia elija.
