En la primera oportunidad en que tuvieron que mostrar sus cartas, los exfuncionarios acusados de delitos que van de la omisión de deberes de funcionario público al encubrimiento, con el exministro de Salud provincial Diego Cardozo a la cabeza, mostraron estrategias divergentes, que lejos de un relato común, en algunos casos la búsqueda de probar la inocencia de uno parece complicar la de otro u otros, sentados en el mismo sector de la sala de la “causa Neonatal”.
El abogado de Cardozo, Diego Matheu, dijo que él se enteró recién de las cosas que ocurrían en el hospital el 7 de junio y que ese mismo día ordenó que se hiciera la denuncia penal, se realizara una auditoría, se iniciara un sumario administrativo y se separara a todos los agentes que tuvieron intervención en los eventos. “A partir de la ejecución de estas medidas, no volvió a suceder ningún caso; y hasta el 11 de agosto, que fue ministro, no tenía razones para suponer que estas medidas no habían sido cumplidas por las áreas a las que se les ordenó”, remarcó Matheu.
Esto complica, especialmente, a la exdirectora Liliana Asís. Uno de sus abogados, Felipe Trucco –quien también asiste a la imputada por encubrimiento Martha Gómez Flores–, dijo que lejos de encubrir, “estas médicas fueron las primeras en advertir que ocurrían muertes de bebés por causas no evidentes y comenzaron a asociar los casos, establecer una cronología, y eso es lo que llevó a que luego se pudieran juzgar estos eventos como homicidios”.
En su presentación del caso, Trucco dijo algo que trajo al juicio al propio poder judicial. “En mayo, la Justicia ya tomó conocimiento de estos hechos, una denuncia es poner en conocimiento del Poder Judicial, lejos del encubrimiento, eso ocurrió ese mes”, dijo Trucco, en directa alusión a la reunión que tuvieron un fiscal, el jefe de los forenses y otro acusado, el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama.
Claudio Orosz, abogado de Escudero Salama, también se refirió a esa reunión en la que su representado comentó lo que conocía de lo que estaba sucediendo y entonces le dijeron que, con lo que tenía, no había aún elementos suficientes como para hacer una denuncia.
Esa reunión fue investigada también, pero terminó en el archivo, luego de que otro fiscal determinó que no hubo delito, una jueza de control disintió y el fiscal de la Cámara de Acusación Jorge Leiva cerró el tema.
Las palabras de Escudero Salama –a través de Orosz– complicaron a las autoridades del hospital, al asegurar que recién se denunció en los casos de los días 6 y 7 de junio, por su impulso.
La defensa de la jefa de Enfermería, Alicia Ariza, acusada de omisión del deber de denunciar, es todavía más complicada para Asís. Dijo, por medio de su abogado Pablo Piggini, que “ella descansó en la confianza en que la estructura jerárquica estaba a cargo de la situación y le habían dicho que se había dado intervención a la Justicia”.
Justiniano Martínez, quien habló por el exsecretario Carvajal, buscó poner en contexto a todos. “No existe ningún precedente de un asesino serial en Córdoba, y menos de las características que hoy se investigan. Nadie podía representarse en marzo de 2022, y hasta en junio, que hubiera una persona que dentro del ámbito de la salud estuviera intencionalmente intentando o logrando matar a bebitos recién nacidos”, explicó el veterano penalista. “Estaban buscando razones médicas con las muertes”, abundó Martínez, quien recordó que en su cargo Carvajal debía supervisar la gestión de 45 hospitales provinciales, no solo el Neonatal.
“No había la más mínima posibilidad de que haya tenido conocimiento que los eventos hayan sido la consecuencia de una conducta criminal”, declaró Leonardo Monti, abogado de la médica que está imputada por haber firmado el certificado de defunción de Francisco Cáceres, el primer bebé muerto. María Alejandra Luján va a ser una de las primeras en declarar. Sólo se le atribuye participación en los dos primeros eventos.
Jeremías Carot, como abogado de Alejandro Gauto, exsecretario en el Ministerio de Salud provincial, dijo que la acusación “es un absurdo”, que en la reunión del 7 de junio en la que se dice que se acordó una estrategia de ocultamiento no participó porque estaba en fisioterapia y no hay en la causa una sola nota ni un mensaje dirigido a él. Se le atribuye como parte de la estrategia de ocultamiento dar licencias al personal, algo que Cardozo dijo que ordenó él, pero que no era del ámbito de decisión funcional de Gauto.
Ezequiel Elettore, abogado de Adriana Moralez, dijo que ella no era funcionaria, sino apenas una médica neonatóloga, que formaba parte de un comité de seguridad para la mejora de la atención a los pacientes que no tenía poder de policía, sino que cada vez que sucedía un hecho adverso realizaba un análisis de causa raíz. Contó que eso se hizo en marzo y en abril. Que por eso se recomendó el cambio de vitamina K, se revisaron colchones, se buscaron insectos. Moralez se fue de vacaciones y cuando volvió, el 6 de junio, junto con Escudero Salama motorizaron las primeras denuncias. “Nunca se había imaginado hasta el 6 de junio que esto podía ser consecuencia de un acto criminal”, remarcó Elletore.
En varias presentaciones, se aludió al tiempo que pasó la causa, con dos autopsias hechas que confirmaban una muerte no natural, en la fiscalía entonces a cargo de Jorgelina Gutiez, en el Distrito 3. Quizás el más enfático fue Orosz: “¿Pasó algo? La denuncia estaba hecha. Había dos autopsias”.
