El caso del bebé nacido por gestación por sustitución y posteriormente abandonado en una clínica de Córdoba generó conmoción en la sociedad y reavivó el debate sobre la necesidad de regular esta práctica en Argentina.
Según lo que hasta ahora se sabe de la investigación, que se desarrolla en Buenos Aires, una mujer de Francia habría contratado, a través de una agencia, a una gestante para ser madre.
Esa gestante, oriunda de Córdoba, debía dar a luz en Buenos Aires, donde hasta el año pasado regía una medida cautelar de 2017 que permitía inscribir a bebés de manera provisoria a nombre de los padres comitentes sin autorización judicial previa.
Esta disposición, que solo se aplicaba en ese distrito, fomentó lo que se conoce como “turismo reproductivo”. Sin embargo, la medida fue revocada a mediados de 2024, lo que dejó en una situación incierta a muchas parejas que ya estaban en proceso.
En Argentina, la gestación por sustitución no está prohibida, pero tampoco regulada.
En Córdoba, al igual que en el resto del país, la inscripción de los niños en el Registro Civil a nombre de sus padres comitentes (y no de la gestante) solo podía hacerse con una autorización judicial previa, lo que implicaba un proceso de análisis de las circunstancias que rodeaban la solicitud del tratamiento.
Actualmente, en el país hay investigaciones en curso por posibles abusos en esta práctica. En la ciudad de Buenos Aires, se investigan más de 200 casos, y en Córdoba hay una causa abierta en la Justicia Federal por la posible comisión del delito de trata de personas en 12 casos. Se presume que en estos procesos hubo un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las gestantes.
Estos casos demuestran que, en un sistema sin regulación, pueden vulnerarse los derechos de la gestante y, como en el caso del bebé abandonado, producirse una clara afectación de los derechos del niño.
Un sistema sin controles y con riesgos de abuso
La gestación por sustitución iba a ser incluida en la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, pero fue apartada a último momento. El vacío legal hizo que los tribunales debieran resolver cada situación sin contar con una ley que estableciera un marco claro para la práctica.
Gabriel Tavip, juez de Familia de Córdoba, destacó la urgencia de una regulación específica. Para el magistrado, el caso del bebé abandonado en Córdoba es una consecuencia directa de la falta de controles y la habilitación de estas prácticas sin supervisión adecuada.
“Lo primero que hay que analizar en estos casos es la situación de la gestante, asegurarse de que no haya sido forzada o manipulada. Luego, evaluar la idoneidad de los comitentes, como se hace en los procesos de adopción”, explicó. En Córdoba, agregó Tavip, se han desarrollado protocolos para evaluar a quienes buscan ser padres a través de esta técnica.
La vulnerabilidad de la gestante
Para la abogada de familia Sabrina Kenis, la urgencia de una legislación específica es innegable. “Sin un marco legal adecuado, proliferan situaciones de abuso de poder y explotación de mujeres gestantes”, advirtió.
En la práctica, esto permite que se realicen acuerdos de subrogación de manera “altruista”, es decir, sin intercambio económico. Sin embargo, la realidad judicial demuestra que, en muchos casos, existe una contraprestación económica encubierta, lo que pone en riesgo los derechos de las gestantes. “Las mujeres terminan cosificadas en aquellos supuestos en los que se aprovecha su vulnerabilidad”, señaló Kenis.
Otro problema es el rol de las clínicas de fertilidad en estos procesos. “No solo cumplen una función médica, sino que actúan como intermediarias entre los comitentes y las gestantes, muchas veces sin garantizar que las condiciones sean justas y equitativas”, explicó la abogada.
En Córdoba, de hecho, hay una investigación en curso por presunta trata de personas que involucra a centros de fertilidad, profesionales de la salud y abogados que facilitaron gestaciones subrogadas con mujeres en extrema vulnerabilidad.
¿Qué pasa con el bebé abandonado?
El niño se encuentra bajo la guarda de una familia en Córdoba, mientras que la Justicia Federal de Buenos Aires deberá decidir sobre su destino. Es probable que sea incluido en el sistema de guarda preadoptiva.
Respecto a la madre comitente, aún no se sabe con exactitud qué tipo de consecuencias podría enfrentar. “No cumplir un acuerdo no convierte a alguien en delincuente, pero sí abre la posibilidad de demandas civiles por abandono por parte de ese niño si algún representante legal lo asume”, explicó Kenis. Sin embargo, en la actualidad no existe una figura penal que sancione este tipo de situaciones.
Tavip y Kenis coinciden en que la única manera de evitar nuevos casos de abuso y vulneración de derechos es mediante una ley clara que determine cuándo la gestación por sustitución es válida y bajo qué condiciones. “Es necesario establecer un marco restrictivo que contemple la protección de la gestante y del niño”, sostuvo Tavip.
Kenis, por su parte, cree que la clave está en encontrar un equilibrio entre prohibir y regular. “No se trata de impedir la gestación por sustitución, sino de garantizar que se realice de manera ética y en igualdad de condiciones para todas las partes involucradas”, concluyó.
