El reciente cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno nacional, que fue reducido a una subsecretaría que primero dependió de Capital Humano y en los últimos días se transfirió al Ministerio de Justicia, generó una gran preocupación y un rechazo entre las trabajadoras y los movimientos feministas, como así también de las áreas de género de otras provincias.
El impacto llegó incluso a ámbitos internacionales que miraban a Argentina como un faro por seguir en la región en materia de políticas públicas destinadas a género y diversidad.
De hecho, Argentina fue el único país ausente de una conferencia que se hizo este 11 de junio en Chile, a raíz del 30° aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como “Convención de Belém do Pará”, el primer tratado internacional contra la violencia de género, al que Argentina suscribió en 1995. Un comité de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los ataques contra las defensoras de derechos humanos en Argentina y manifestó su preocupación por las garantías para la protección a las mujeres.
El cierre del Ministerio
Cuando asumió como presidente Javier Milei, y tal como lo había adelantado en la campaña electoral, primero bajó de rango al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una subsecretaría que dependía del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, y el 24 de mayo el área fue transferida al Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Días después, el 4 de junio, el Gobierno anunció el cierre definitivo del área con una reducción casi total del personal, generando un clima de incertidumbre entre quienes conforman la subsecretaría.
Fernanda Fuentealba, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y operadora de la línea 144, contó que el 4 de junio se anunció que la cartera se reduciría en un 80%, eliminando la mayoría de los programas territoriales. Claudia Barcia, que estaba a cargo de la subsecretaría, renunció tras el anuncio.
“Entre los programas afectados, se encuentran Acompañar, la Línea 144, el equipo de abogadas que acompaña casos de femicidio, el programa Producir, el programa del Cupo Laboral Travesti-Trans, y la implementación de la Ley Micaela”, dijo Fuentealba.
De 1.400 trabajadores que tenía el anterior Ministerio, solo seguirían con contrato 100. “No nos dicen si va a desaparecer, pero en una línea que funciona las 24 horas, los 365 días del año y para todo el país, aunque la dejes, si sacás a casi toda la gente para atenderla, es imposible llegar con toda la demanda. Nosotros atendemos”, dijo Fuentealba.
Además, otras fuentes advirtieron que un informe indica que para el programa Acompañar y la línea 144 se ejecutó solo el 45% del presupuesto previsto para el primer bimestre del año en comparación con el año anterior.
La trabajadora dijo que la reducción también implicaría la desaparición de equipos interdisciplinarios que brindaban asistencia a víctimas de violencia de género. El programa de rescate de víctimas de trata de personas no tuvo ejecución.
Algo parecido ocurre con el programa Acompañar, que brinda ayudas económicas a mujeres en situación de violencia. Además, se anticipó que se dará de baja al Programa para el Apoyo Urgente y Asistencia Integral, que se aplicaba ante casos de violencias extremas por motivos de género.
“El 30 de junio se vencen la mayoría de los contratos. Estamos hablando de que somos personal capacitado, profesional especializado para abordar situaciones de violencia”, dijo Fuentealba, que además de ser operadora de la línea 144, es una psicóloga especializada en el tema.
“Argentina, desde la vuelta a la democracia, cuenta con dispositivos para cumplir con el compromiso del Estado en materia de género asumidos al suscribir a los convenios internacionales. En 1992, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, que luego fue cambiando de forma y ampliándose en todos los gobiernos hasta llegar a lo que fue el Ministerio de las Mujeres”, reseñó.
Impacto en Córdoba
El cierre del ministerio y la reducción de los programas nacionales de género impactan fuertemente en las provincias. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Mujeres de Córdoba (exministerio provincial), la falta de articulación y de apoyo nacional afecta las capacidades de respuestas locales. Programas vitales como el Programa de Atención en Urgencias (PAU), la Ley Brisa y la gestión de becas económicas para víctimas de violencia de género, que antes contaban con respaldo nacional, ahora dependen exclusivamente de los recursos provinciales.
Desde Córdoba, advierten que muchas de las articulaciones y las ayudas económicas para familiares de víctimas de femicidios han quedado “en el limbo”. Según las fuentes, el Programa de Atención en Urgencias (PAU) fue suspendido y se impusieron nuevos requisitos que cambian su naturaleza de urgente.
Aunque la provincia cuenta con programas como Nuevo Rumbo (que es un alquiler de urgencia para salir de la situación y por un corto tiempo) y Nueva Vida (una ayuda a largo plazo, de dos años, para fortalecer a la persona que salga de la situación de violencia), la ausencia de los programas nacionales afecta a las mujeres que antes contaban con ambas herramientas para poder afrontar su situación. Hay que recordar que uno de los principales obstáculos para salir de una situación de violencia es la falta de recursos económicos.
En Córdoba, el área de violencias extremas con un equipo interdisciplinario se coordinaba y analizaba qué ayuda correspondía para cada caso.
Trabajadoras del Polo de la Mujer de Córdoba se solidarizaron a través de un comunicado con las empleadas de la Subsecretaría de Nación y advirtieron que la existencia de ministerios, de secretarías y de otras dependencias fue fruto de años de lucha para garantizar políticas públicas integrales. También lamentaron la reducción de la cartera de Ministerio de Mujeres de la provincia a una secretaría. Recordaron que la falta de presupuesto “se traduce en escasez de programas y en precarización laboral” de quienes trabajan en esas dependencias.
“Otra gran preocupación que compartimos como trabajadoras es que somos muy pocas para la demanda que hay y para la complejidad de la demanda. Los recursos son totalmente insuficientes para acompañar a una persona para que pueda salir de una situación de violencia. Hay colegas, compañeras y profesionales que realmente le ponen el cuerpo, más allá de las condiciones de precarización de cada una, hay compromiso. Aunque se haga mucho, es muy difícil”, dijo Belén Valetto, psicóloga trabajadora del Polo de la Mujer y delegada de ATE.
Incertidumbre
Fuentes cercanas al ministerio indicaron que desde el 10 de diciembre hay un clima de incertidumbre respecto a Nación y aseguran que no hay interlocutores con quien hacer las articulaciones. Antes las funcionarias estaban, pero no tenían funciones designadas, ahora directamente no van a estar.
También creen que ante el gran desfinanciamiento de la línea 144, deberán prever alguna forma de dar mayor difusión al número telefónico de Córdoba previsto para casos de violencia: 0800-888-9898, que podría verse sobrecargado. “Aunque desde el 144 se derivaban los casos de Córdoba al 0800, mucha gente llamaba para una primera escucha, antes de hacer la denuncia, y allí atendían esas demandas”, dijo una trabajadora.
Además, el sistema integrado de casos de violencia de género, que permitía el traslado y el seguimiento de mujeres entre provincias, desapareció, complicando aún más la situación de las víctimas que necesitan movilizarse de una provincia a la otra por razones de seguridad.
Por otro lado, advierten que el plan de prevención del embarazo adolescente fue desmantelado. En cinco años, el embarazo adolescente se redujo a la mitad y este tipo de programas de articulación entre salud y género había contribuido a esa realidad.
Perspectivas futuras y articulación local
A pesar del contexto nacional, la Secretaría de Mujeres de Córdoba sigue trabajando con normalidad y quienes trabajan allí piden que se deje en claro, para que las mujeres y diversidades no dejen de buscar ayuda. “En Córdoba siguen teniendo asistencia y acceso a la Justicia. No hay que dejarse desmoralizar por este ataque simbólico”, indicó una fuente cercana a la secretaría. Desde la cartera, siguen trabajando con los recursos disponibles y prevén que en este panorama deberán hacer mayores esfuerzos y optimizar los recursos.
“En Córdoba tenemos otros programas, pero hay provincias que no tienen nada. Acá se pueden poner parches y de alguna manera seguir sosteniendo, pero hay territorios muy complicados”, dijo una fuente cercana a la secretaría, quien aclaró que la Mesa Federal de Género desapareció.
Por otro lado, ven con entusiasmo el interés social genuino en la temática: este año hubo 13 mil personas inscriptas en la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias Contra la Violencia de Género que se brinda desde el Gobierno provincial. El número es histórico si se tiene en cuenta que en las primeras cinco cohortes hubo un total acumulado de 22 mil egresadas.
Por otro lado, en Córdoba hay municipios que siguen solicitando la instalación de un Punto Mujer, un programa que apunta a garantizar el derecho de las mujeres a vivir en una vida libre de violencias que fue instalado en 180 localidades de todo el territorio provincial.
Reacciones y movilización
Ante el anuncio de la disolución de la subsecretaría, se produjo una ola de renuncias y despidos, afectando a más de 500 trabajadores. Las trabajadoras realizaron asambleas para organizar su defensa y visibilizar la gravedad de la situación. Se reunieron en la Comisión de género de la Cámara de Diputados y están trabajando en visibilizar el problema a nivel internacional.
El país cada año debe rendir cuenta ante organismos internacionales, como la Cedaw, sobre qué se está haciendo en materia de prevención y asistencia de violencia a mujeres. Para ello, se pedía un informe a cada provincia, que luego era elevado en forma unificada. La incertidumbre es qué pasará este año con el desmantelamiento a nivel nacional.
Las especialistas advierten que Argentina ahora se retrotrae a los años ‘90. Junto con el desprestigio y el desconocimiento del Gobierno nacional a la tarea que hacen los organismos de género y contra los trabajadores del Estado en general, sin importar su dependencia, ven necesario una tarea pedagógica de explicar todo nuevamente y no dar nada por sentado para seguir visibilizando la importancia de las políticas públicas.
