La célebre máxima “el show debe continuar” encontró su final para un empresario circense. Un tribunal federal de Córdoba le bajó “el telón” al bonaerense Ángel Alfredo Almada (54) y lo condenó en lo penal y civil por haber reducido a la más degradante servidumbre a tres mujeres que debieron soportar hasta lo indecible en un circo.
En un fallo unipersonal, la jueza del Tribunal Federal N° 3 de esta Capital, Cristina Giordano, condenó a Almada en diciembre a cinco años de prisión por tres hechos de reducción a servidumbre (entre 2015 y 2016) y le impuso resarcir con $ 93,1 millones a las víctimas. El fiscal general Maximiliano Hairabedian había solicitado seis años y medio de cárcel.
La simple asociación de diversión con un circo en muchos casos nunca está relacionada con la realidad. En este en particular, lo está sobre todo con el horror y la humillación exacerbada.
El circo del horror
El horror se destapó cuando durante la pandemia una mujer de Alta Gracia llamó a la línea 0800 888 9898 del Polo de la Mujer para solicitar ayuda por violencia de género. Contó no sólo que su pareja la había maltratado sino que, en 2016, había sufrido situaciones aberrantes en el Circo Unión, de Almada, también conocido como Almada Zuker.
La mujer contó una historia de vida traumática por falta de contención socioafectiva y vulnerabilidades económicas. Quedó embarazada de su novio, quien la echó de la casa a la calle.
Buscó trabajo en el circo, donde Almada –de familia circense– le prometió un lugar “bien” para residir ella y su hijo, y una fuente laboral. Pero ese fue el principio del abismo.
La única comida diaria que le daban era nauseabunda y escasa y, lejos de ser un trabajo digno, el empresario la sometió a jornadas extenuantes: repartir volantes para promocionar el show, acomodar las butacas, recibir a los espectadores, limpiar la cocina y preparar los alimentos.
Las tareas comenzaban cerca de las 9 y se extendían hasta casi la medianoche. El “trabajo” incluía disfrazarse de “Sapa Pepa” y bailar. El disfrazarse le desagradaba particularmente, porque además del hedor que acumulaba el traje, debía disfrazar de payaso a su hijo de tan sólo 1 año para que también “trabajara” en el show.
En un hecho que pudo ser trágico, el pequeño se cayó del escenario y tuvo que ser hospitalizado.
Luego de largas jornadas, sólo podía higienizarse con un precario tarrito con agua (apenas disponía de un baño químico), ya que la ducha no existía para ella en la casilla rodante, en condiciones más patéticas que el circo.
Almada incluso llegó a despreciar de una forma inaudita al pequeño hijo de la joven y le arrojaba comida al suelo como si fuera un animal. “El Hombre Araña”, otro de los personajes del circo, se compadeció y le brindó ayuda.
Para evitar que pudiera dejar el circo, Almada le retuvo el DNI con la excusa de necesitarlo para hacerle una “fotocopia”. Pero no se lo devolvió. Tampoco le pagó un sueldo, pese a los reclamos de pago de los $ 300 diarios prometidos e incumplidos.
Para poder comer y alimentar a su hijo (sólo contaba con un plan social) trabajaba, en paralelo, limpiando casas. Sin embargo, cuando regresaba a la miserable casilla era sometida a hostigamientos. “No sé dónde está tu hijo; quizá estará por una zanja”, declaró que Almada solía decirle para manipularla.
En cierta ocasión, otros “empleados” del circo la amenazaron de muerte con un cuchillo. Le advirtieron que no se hiciera la “pícara”, porque en el lugar se hacía lo que “dice Almada”.
Explotación aberrante
La mujer denunció también que el empresario se introducía descaradamente en la casilla (pese a su rotunda negativa a ser su “pareja”) y llegó a violarla de forma reiterada. De acuerdo con su versión, producto de los abusos quedó embarazada, lo que habría enfurecido a Almada. Dijo que la golpeó y la obligó a consumir pastillas abortivas (pese que ella sí quería tener el bebé) e incluso la sobrecargó de trabajos de mucha fuerza para –según su presunción– forzarla a perder el embarazo.
Sufrió hemorragias y fue internada, pero no perdió el embarazo. Al volver, Almada la siguió sometiendo a trabajos forzados, entre ellos limpiar el colectivo donde el explotador vivía con su novia. Allí encontró su DNI, que le había sido retenido, y pudo huir a la terminal de La Pampa, donde el circo hacía sus funciones. El empresario la encontró pero le pagó los pasajes para que ella regresara con su hijo a Alta Gracia y que abortara.
Finalmente perdió el embarazo. Intervino la Senaf y una Fiscalía provincial, que abrió una investigación por “aborto y abuso sexual”. Este expediente se sustanció de forma separada de la causa federal de la Fiscalía N° 3 y el Juzgado N° 1.
Los maltratos y aberraciones se extendieron a otras dos “empleadas” y hasta a otra trabajadora, una bombera de Corrientes a cargo de la cantina.
La segunda víctima de Almada, de La Falda, contó que con su novio comenzaron a trabajar para el circo en pésimas condiciones: “No nos dejaban salir cuando queríamos. A veces no comíamos. No nos podíamos ir porque no teníamos los documentos”.
“El dueño nos amenazaba cuando nos intentábamos ir. Se nos mojaban los colchones. Estaba embarazada y lo perdí por los trabajos forzados que hacía de armar las carpas”, describió. También tenían que disfrazarse. Almada llegó a humillarlos diciéndoles que eran “una porquería”.
La mujer terminó con secuelas psicológicas severas. No pudo estar con su padre cuando murió y tiene que afrontar en la actualidad la discapacidad de sus hijos. Uno de los pequeños vivió también con sus padres en la casilla y sufrió el maltrato de la cantinera.
Almada tampoco abonó a la tercera víctima por su trabajo de repartidora y muñeca del circo. Gracias a un hombre que también se encargaba de manejar la camioneta con la que se publicitaba el show, ella y la pareja anterior escaparon.
El fiscal Hairabedian cambió la calificación del delito originalmente imputado a Almada (trata de personas con fines de explotación laboral agravada) por el de reducción a la servidumbre.
En el juicio, Almada expresó su orgullo por su vida circense y su trabajo, “el más sano del mundo”. Reconoció que pedía los DNI a quienes “trabajaban” en el circo y que los retenía por si la Policía los solicitaba.
Dijo que pagaba a todos en efectivo y que trabajaban pocos días, todo lo contrario a lo denunciado por las víctimas, que sostuvieron que eran seis días de intensas tareas y uno de descanso. Afirmó que una de las víctimas “tuvo la idea de denunciar” y luego se sumaron las otras dos. “Miles de personas han trabajado conmigo y nunca tuve problemas, y de golpe, tres personas que se conocían”, opinó.
Negó que el pequeño de la primera víctima participara del circo y haberle suministrado a la mujer pastillas abortivas. Rechazó haber ejercido violencia psicológica y abuso sexual, y aseguró que las mujeres no realizaban trabajos pesados.
La defensora pública oficial Berenice Olmedo, en representación de las víctimas, destacó el impacto devastador de la explotación: estrés postraumático, pérdida de autoestima y deterioro emocional, angustia y ansiedad.
El fiscal aseguró que la explotación se consumó en contra de mujeres vulnerables, víctimas del engaño y la violencia en condiciones indignas, sin paga, en la informalidad y durante jornadas extenuantes. Sostuvo que tenían limitada su libertad de autodeterminación, y que fueron obligadas a realizar trabajos forzados. Rechazó la estrategia defensiva del imputado de redirigir el foco hacia un caso de precariedad laboral.
Resaltó que se evidenció un “patrón” de explotación con un mismo perfil de víctima y de un autor delictivo, con un calcado modus operandi y sindicado por las tres mujeres como su explotador. Descartó la teoría del “complot” introducida por Almada, de una confabulación de las mujeres en su contra.
El fiscal puntualizó que la cantinera también había acusado al empresario por maltrato, por retención de los DNI y descalificó los dichos del imputado sobre que trabajan pocos días por semana, ya que en el Facebook del circo, dependiendo de la época, hacían funciones todos los días.
El defensor de Almada, Francisco Vidal, dijo que no se probó la explotación y que la duda razonable impedía condenarlo. La jueza Giordano derrumbó los argumentos: “La posición exculpatoria del imputado se desvanece al confrontarla con la contundencia de la prueba”.
Resaltó los intentos de cuestionar la veracidad de los relatos de las víctimas y de descalificar el rol del personal técnico que las asistió. Sin embargo, puntualizó la magistrada, quedó establecida de “modo palmario la coherencia y coincidencias en los dichos de las víctimas”.
“Los hechos acreditados claramente ocurrieron en un contexto donde Almada, aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad, las recibió en su circo, donde luego las hizo trabajar, les retuvo sus documentos, las obligó a hacer las tareas propias del circo, sin pagarles, maltratándolas, violentándolas, hasta que pudieron salir de ese escenario, no precisamente con su consentimiento sino huyendo de un escenario donde estaban siendo coercionadas y obligadas a trabajar en condiciones insalubres”, aseguró.
Dijo que cometió un “claro abuso de poder” para “quebrantar la voluntad de las víctimas”, utilizando el “miedo y la violencia como herramientas para consolidar su dominación”, no un “simple incumplimiento laboral”.
Condenó al explotador a cinco años de cárcel y a pagarles civilmente con $ 93,1 millones a las víctimas por daños patrimoniales y moral.
