Antes que en Río Cuarto se registrara una demanda contra AstraZeneca, hubo una denuncia en la Justicia federal de Córdoba por los efectos adversos de otra vacuna contra el Covid-19. La presentación se hizo en 2021, tras la muerte de un hombre de 77 años en el Hospital Nacional de Clínicas un par de semanas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
La denuncia tuvo idas y vueltas, y continúa en investigación, sin resultados concretos. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega pidió el archivo de la denuncia, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja lo confirmó, pero el abogado que representa a la familia del hombre muerto, Fabián Moscovich, apeló a la Cámara Federal de Apelaciones, que ordenó una nueva investigación que recayó en el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, tras el apartamiento de Casas Nóblega.
La denuncia presentada por Moscovich es por el fallecimiento de Francisco Rubén Vergara, quien el 26 de marzo de 2021 fue vacunado, con una primera aplicación, con la vacuna rusa fabricada en el laboratorio Gamaleya. Según el relato del denunciante, Vergara tenía 77, pero parecía de 64, era sano “como un roble” y sólo tenía una leve hipertensión. En abril de ese año, un mes después de la aplicación de la vacuna, Vergara se descompuso, con mareos, vómitos, pérdida del equilibrio y síntomas de una fuerte gripe. El 23 de abril de ese año, Vergara fue internado en el Hospital Nacional de Clínicas y con un test rápido se confirmó el diagnóstico positivo para coronavirus. En ese momento regían los criterios de aislamiento estricto de los enfermos, y Vergara fue alojado en una sala común, sin contactos. A los 10 días, su hija Laura –querellante en la causa– fue llamada para avisarle que le darían de alta, pero cuando llegó a buscarlo, un médico de guardia le dijo que su padre se había desmejorado y que debió ser llevado a terapia intensiva porque “tenía los pulmones quemados”.
Vergara murió y la mujer pidió en reiteradas oportunidades que le entregaran en el Clínicas la historia clínica y los reportes de efectos supuestamente adversos de una vacuna o de su inmunización (Esavi). El 12 de mayo de ese año, Moscovich ingresó la denuncia penal y desde entonces se tramita la investigación, en la que, según el abogado querellante, se obviaron medidas de prueba, como exigir que la Anmat contestara sobre los reportes de Esavi de la vacuna rusa y si este caso estaba incluido en ese relevamiento.
La investigación, tras la indicación de la Cámara de Apelaciones, está en manos de Hairabedian, quien aguarda los resultados de algunos peritajes científicos para decidir cómo encuadra la instrucción.
El caso cobra interés luego de que AstraZeneca anunció que dejaba de comercializar en Europa la vacuna contra el Covid-19, conocida originalmente con el nombre de la farmacéutica, y se presentara una demanda individual en su contra y en contra de la Anmat en la Justicia Federal de Río Cuarto.
A esta presentación la realizó una mujer por $ 100 millones: aduce que le provocó una reacción secundaria que la obligó a pedir un retiro por incapacidad laboral. Fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.
En este caso, la estrategia judicial parece seguir dos pasos: el primero es establecer si se trató de una muerte vinculada a la inmunización, para luego ir en contra del Instituto Gamaleya.
Efectos adversos, en un informe oficial
El Ministerio de Salud publicó un informe detallado sobre los efectos secundarios graves asociados a la vacunación contra la enfermedad de Covid-19. El reporte que se difundió por primera vez desglosa la información de cada uno de los laboratorios a nivel nacional.
Cabe tener en cuenta que, a pesar de que la presencia de estas enfermedades sugiere una posible relación con la vacunación, el informe subraya que “no existe evidencia concluyente de una conexión causal” directa.
El período de análisis comprende desde el inicio de la campaña de vacunación, a fines de diciembre de 2020, hasta el 30 de abril de 2023.
Un punto destacado es que, de un total de 64.010 efectos adversos registrados en todo el país (sobre más de 100 millones de aplicaciones), solo 3.149 fueron considerados graves, lo que equivale a 2,7 cada 100 mil dosis suministradas.
El diagnóstico con mayor incidencia del total de los clasificados se dio con la vacuna de AstraZeneca. El síndrome fue la trombosis, con una tasa de 0,05 cada 100 mil aplicaciones.
Este síntoma fue uno de los más descriptos alrededor del mundo para esta vacuna en particular. Sin embargo, también se detectó con la Sputnik V, pero con una tasa bastante menor: 0,009 cada 100 mil.
El caso contra AstraZeneca
Flavia Ochoa, la mujer de la localidad de Coronel Moldes que demandó por $ 100 millones a la farmacéutica AstraZeneca por haber supuestamente desencadenado un síndrome que la dejó lisiada, dijo que ahora depende a diario de la ayuda de los demás para poder moverse en su casa, ya que no puede llevar una vida normal ni trabajar.
El caso que fue dado conocer originalmente por La Voz el martes tuvo amplia repercusión nacional por la dimensión de la demanda y por la versión de la demandante contra el laboratorio de fama internacional.
La demandante cordobesa, junto con su pareja, demandaron a AstraZeneca y al Estado argentino. De acuerdo con la versión de la mujer, el 4 de enero de 2022, siguiendo las recomendaciones de “expertos”, se colocó la tercera dosis de la vacuna (lote 77.946) en un centro de vacunación de la localidad de Coronel Moldes.
Algunas horas después, siempre según la demanda, comenzó con calambres fuertes y flojedad en las piernas. Su médica le dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna. Le suministraron decadrón y diclofenax para mitigar el fuerte dolor. Se le adormecieron las piernas y la derivaron a una clínica en Río Cuarto.
“Empecé con calambres muy fuertes y con dolores. Eran calambres raros, en brazos, manos y piernas. No lo asocié con la vacuna. Los calambres fuertes me aflojaban las piernas”, contó a Mitre.
Los médicos, al principio, le dijeron que se trataba de “una alergia a la vacuna. Pero si hubiera sido así, se habría pasado a los dos días”.
Según consta en la demanda, le realizaron diversos estudios y le diagnosticaron síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia. Le advirtieron que estaría aproximadamente dos meses en silla de ruedas con rehabilitación.
“Ahora hago pocos pasos con andadores. Dependo todo el tiempo de los demás”, agregó y contó que antes de vacunarse con AstraZeneca no sufrió de problemas de salud: “Incluso trabajaba en una panadería”.
Luego de los reiterados reclamos presentados ante el Defensor del Pueblo de la Nación, su planteo llegó al Ministerio de Salud de la Nación, sin que obtuviera respuestas. Finalmente, decidió acudir al Juzgado federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, y demandó por presuntos daños y perjuicios a AstraZeneca y al Estado nacional (Anmat).
La mujer reclamó poco más de $ 100 millones en total: $ 7,4 millones (incapacidad sobreviviente); fondo de reparación Ley 27.573 ($ 25,3 millones); proyecto de vida-pérdida de chance ($ 9,3 millones); daño moral ($ 7,5 millones); daño moral de la pareja ($ 1,5 millones); daño punitivo ($ 49,5 millones), y daño emergente ($ 180 mil).
La farmacéutica contestó: “Desde AstraZeneca, no realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas”.
“A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros”, dijo, sin embargo, la farmacéutica.
