La reforma del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba avanza sin una fecha determinada para su aprobación definitiva.
El proceso legislativo, impulsado por el intendente Daniel Passerini y canalizado a través del Concejo Deliberante, no cuenta con plazos formales establecidos y será guiado por una comisión técnica que deberá elaborar los primeros borradores del nuevo articulado.
Este miércoles, la Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión Redactora, integrada por cinco profesionales del derecho que tendrán a su cargo la redacción técnica del futuro código.
En la misma reunión participaron jueces y camaristas de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, quienes realizaron aportes en torno a la estructura del régimen sancionatorio, la proporcionalidad de las multas y los límites de la competencia municipal.
El presidente de la Comisión Especial, el concejal oficialista Nicolás Piloni (Hacemos Unidos por Córdoba), confirmó a La Voz que el cuerpo técnico no tiene un plazo establecido para entregar su trabajo.
“La idea es que la propia comisión defina su mecanismo de funcionamiento y reglamento interno. No hay un reloj que nos corra. El intendente fue claro: hay que tomarse el tiempo que sea necesario y dar la discusión que haya que dar para lograr el mejor código posible”, expresó.
El trabajo de la Comisión Redactora no será aislado. Deberá ir presentando avances parciales para su revisión por parte de la Comisión Especial, que es la que mantiene la competencia formal sobre el proyecto.
Además, los concejales bajarán línea sobre los temas prioritarios a partir del análisis de información recolectada a través de reuniones con centros vecinales, clubes, organizaciones sociales y una encuesta digital que se implementará en las próximas semanas.
A su vez, el proceso prevé una instancia de validación técnica con quienes aplican a diario el actual Código: los jueces de faltas y camaristas.
Aunque su participación será no vinculante, se busca asegurar que el nuevo marco normativo no genere conflictos jurídicos ni vacíos de aplicación. “Queremos que esta legislación tenga como base la casuística real”, indicó Piloni.
Quiénes son los expertos
Durante la reunión del miércoles, el viceintendente Javier Pretto dio la bienvenida a los cinco integrantes de la comisión técnica y destacó que, por decisión del Ejecutivo, no se envió un proyecto ya redactado sino que se habilitó un proceso participativo.
“Es una gran oportunidad para tener una herramienta aplicable y entendible para los vecinos. Esta va a ser una tarea ardua, pero también muy necesaria”, expresó.
Los cinco expertos designados cuentan con formación académica y experiencia profesional en el ámbito jurídico y público.
Maximiliano Rafael Calderón es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña como profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal, además de otras cátedras jurídicas en la Universidad Católica de Córdoba. También dicta clases en la Universidad Austral y es socio del estudio jurídico Márquez y Calderón.
Jorge Orgaz es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UNC, profesor de Derecho Constitucional en esa universidad y en la Universidad Siglo 21. Tuvo un rol clave como subadministrador general de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas durante la sanción del actual Código de Convivencia, en 2016, por lo que conoce en profundidad su funcionamiento y estructura.
Pablo Sánchez Latorre, Especialista en Inteligencia Artificial, políticas públicas, y confección de proyectos legislativos. Es Project Manager por el ITBA y Director de Política Judicial y Reforma Procesal en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Es titular de cátedra de Historia del Derecho, UCC y profesor en la UNC. Miembro fundador e investigador de la Red Iberoamericana de Investigación en Derecho, dirige la Diplomatura en Legaltech y Argumentación Constitucional del ITESO de Guadalajara y del Capítulo de Occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México.
Patricia Cóppola es profesora consultora de la Facultad de Derecho de la UNC, con más de cuatro décadas de trayectoria docente. Está especializada en derecho penal, derechos humanos y criminología. Ha participado activamente en debates sobre la reforma judicial con perspectiva garantista, y ha sido convocada por organismos como el Inecip.
Juan Manuel Lozita, por su parte, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba, con una maestría en Gestión Política por la Universidad de Georgetown y la misma casa de estudios local. Es docente universitario, consultor en gestión pública y presidente de la Fundación 20 de Noviembre, enfocada en innovación institucional.
Aporte de jueces y camaristas
Durante la misma reunión en la que fueron presentados, los jueces Miriam Capone y Daniel Pereyra, y los camaristas Armando Mayor y Diana Márquez, realizaron aportes técnicos. Mayor recordó que los tribunales municipales de faltas tienen competencia limitada: “No juzgamos relaciones entre vecinos, sino entre administración y administrados. Lo contravencional y policial es competencia provincial”, remarcó. También advirtió que cualquier reforma debe ser sistémica, para no romper la proporcionalidad en las sanciones.
Márquez planteó que los jueces deben conservar un margen de discrecionalidad al momento de aplicar las penas. “Cada funcionario quiere para su área las multas más altas, pero ahí se empieza a perder la armonía del sistema. Hoy, por ejemplo, se sanciona con importes desproporcionados la ocupación de un espacio reservado para personas con discapacidad”, alertó.
Capone propuso sumar mecanismos pedagógicos para modificar conductas, más allá de la multa. “El que tiene plata, paga y sigue infringiendo. Hay que pensar en otras variables: que el infractor de tránsito, por ejemplo, deba asistir a una capacitación de tres horas. Que la sanción sea en tiempo, no solo en dinero”, sugirió.
Pereyra, en tanto, recordó que la reforma de 2016 unificó el régimen sancionatorio y estableció una escala común de multas. Advirtió sobre los riesgos de normas paralelas que establecen castigos por fuera del código, como la ordenanza ambiental que prevé sanciones de hasta 2 millones de pesos por sacar la basura fuera de horario. “Eso termina generando injusticias y deslegitimando el sistema”, concluyó.
Cómo sigue el debate
La Comisión Especial prevé convocar en las próximas semanas a representantes del Departamento Ejecutivo, colegios profesionales, universidades y vecinos, para seguir recolectando aportes. También se avanzará en la elaboración de un diagnóstico a partir de los datos que surjan de la encuesta digital a los centros vecinales.
Aunque el objetivo interno es tener un primer proyecto hacia fin de año, desde el oficialismo insisten en que no hay un plazo formal. “La prioridad es que este código sea moderno, aplicable, justo y participativo. Si necesitamos más tiempo, lo tomaremos”, sostuvo Piloni.
