Este jueves, el Concejo Deliberante de Córdoba tratará el proyecto de ordenanza que formaliza la creación de una comisión especial para discutir la reforma del Código de Convivencia municipal. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, tomará estado parlamentario en la sesión y podría ser tratada sobre tablas y aprobada ese mismo día, lo que permitiría que la comisión comience a funcionar la próxima semana.
La propuesta fue presentada por el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y contempla la creación de la Comisión Especial de Revisión y Adecuación del Código de Convivencia Municipal. Esta funcionará de forma transitoria, ad honorem y con integración plural. Su objetivo será elaborar un diagnóstico sobre la aplicación del actual código, vigente desde 2016, y redactar un anteproyecto de reforma.
La comisión estará integrada por 15 concejales: ocho del oficialismo y siete de los bloques minoritarios. Será presidida por un edil del bloque mayoritario, con acompañamiento de representantes opositores. Según el proyecto, sus funciones incluirán la recolección de aportes ciudadanos, la convocatoria a expertos, la sistematización de propuestas y la elaboración de un informe final con recomendaciones para una nueva normativa.
El concejal oficialista Nicolás Piloni anticipó que la intención es constituir formalmente la comisión el próximo 2 de julio, en una reunión que contará con la participación del administrador de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz.
Este funcionario adelantó a La Voz parte del informe técnico que servirá como insumo inicial, el cual revela que el 58% de los artículos sancionatorios del Código de Convivencia tienen una aplicación mínima o nula.
El código actual, sancionado hace casi una década, cuenta con 289 artículos, de los cuales 225 establecen sanciones. De ellos, 48 registraron menos de 10 actas labradas en 10 años, y 41 nunca se aplicaron. Esa escasa efectividad normativa es el argumento central del oficialismo para impulsar la reforma.
La comisión podrá sesionar tanto en el Concejo Deliberante como en espacios territoriales, como los CPC, parques educativos y centros vecinales. Tendrá un plazo de seis meses para cumplir su tarea, con posibilidad de prórroga.
El Concejo le garantizará apoyo técnico y presupuestario. Al finalizar, deberá presentar un informe con diagnóstico, conclusiones y anteproyecto de ordenanza.
Qué dicen los opositores sobre la reforma
Desde la Unión Cívica Radical, la presidenta del bloque, Elisa Caffaratti, valoró la apertura del debate, aunque advirtió sobre la falta de prioridades. “Nos parece bien. Tenemos varios proyectos presentados, y Javier Fabre viene trabajando el tema con mucha dedicación. Veremos cómo se da el proceso. Lo firmamos ayer. Pero siempre está el riesgo de que sea humo. Nos preocupa que no se avance con el marco regulatorio del transporte y otros temas que son prioritarios”, sostuvo.
Fabre, también radical, presentó una propuesta estructurada en cuatro ejes. El primero apunta a eliminar la “inflación normativa” del actual código. “Córdoba necesita un marco normativo comprensible, operativo y eficaz. Eliminar artículos en desuso no es solo técnico, es un acto de eficacia republicana”, afirmó.
Como segundo eje, propuso adoptar un modelo de “tolerancia cero” en defensa del orden urbano. “La convivencia requiere límites claros. Cuando la norma es solo una sugerencia, se rompe el pacto social. La anomia no es libertad: es desprotección para el que cumple”, argumentó.
En tercer lugar, sugirió avanzar hacia un sistema de fiscalías municipales, reconvirtiendo juzgados de faltas sin crear nuevos cargos ni aumentar el gasto. Y, por último, planteó pasar de un paradigma recaudatorio a uno reparador, con sanciones no económicas y beneficios para vecinos cumplidores.
Desde el Frente Cívico, la concejala Graciela Villata también respaldó el debate, aunque con reservas. “Nos parece importante debatir el Código, modernizarlo y simplificarlo. Pero también hay temas más urgentes, como el transporte, que siguen congelados. Además, esta gestión ya modificó el Código con la figura de los promotores de convivencia, y eso fracasó. No vemos autocrítica”, planteó.
Villata reclamó que el nuevo código incluya sanciones más duras en materia ambiental y que se construya desde un debate real. También cuestionó el desempeño de la Guardia Urbana y alertó sobre los costos de medidas anteriores que, a su juicio, no dieron resultados.
Desde el Frente de Izquierda, Laura Vilches fue más crítica. Consideró que la reforma propuesta es una “medida desesperada” del intendente Daniel Passerini frente al malestar social. “Hay una crisis estructural en la ciudad, agravada por el ajuste nacional que el PJ cordobés acompañó en el Congreso. Quieren discutir las consecuencias de esa crisis, no sus causas. El Código no resolverá los problemas de fondo”, afirmó.
Para Vilches, debatir normas de convivencia en este contexto implica “ocultar bajo la alfombra” los verdaderos problemas sociales y económicos que afectan a los sectores populares. “El transporte, el hambre, la desocupación, la precarización: eso es lo que se debería estar discutiendo”, remarcó.
Jessica Rovetto Yapur, concejala de Cordobeses por la Libertad, centró sus críticas en la necesidad de resolver el problema de los “naranjitas” y limpiavidrios. “Esa es una deuda pendiente con la ciudadanía. Cualquier nuevo código debe abordar esa problemática de forma directa. No se trata solo de regular, sino de hacer cumplir la ley”, sostuvo.
Rovetto Yapur también cuestionó la falta de diálogo genuino por parte del oficialismo y reclamó sanciones más duras contra el maltrato animal. Su bloque impulsa la “Ordenanza Negrita”, que prevé multas millonarias y un registro de maltratadores. “Quiero que este debate no deje afuera temas sensibles, como los derechos de los animales”, expresó.
Pese a las diferencias, casi todos los bloques firmaron el proyecto para crear la comisión. La expectativa está puesta en que el proceso sea participativo, plural y efectivo, y que permita superar las deficiencias del código vigente, cuya aplicación se ha vuelto en muchos casos simbólica o directamente inexistente.
La discusión, que comenzará formalmente en julio, incluirá instancias con universidades, especialistas, ONG, clubes, organizaciones barriales e instituciones religiosas. El desafío será lograr un nuevo código más claro, moderno y aplicable, pero también legítimo y consensuado.
