El cierre del concurso preventivo de Molino Cañuelas, la megaempresa alimenticia que es dueña de marcas como los bizcochitos 9 de Oro y la harina Pureza, le reportó a la Justicia de Córdoba un ingreso de $ 4.383.266.727,34, que ya ingresaron a su cuenta oficial en el Banco de Córdoba.
El monto supera, incluso, a la sucesión de José Manubens Calvet, que también fue millonario, pero que se canceló en varias cuotas. En este caso, fue en un solo pago.
El presupuesto que tenía asignado el Poder Judicial de Córdoba para este año fue de $ 469 mil millones. En una sola causa, un poco más del 2% de todo el gasto anual del funcionamiento de Cámaras, juzgados, fiscalías y toda la estructura burocrática y técnica de Tribunales.
El proceso
Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos S.A solicitaron abrir el concurso preventivo de acreedores el 2 de septiembre de 2021 por una deuda de U$S 1.600 millones.
La presentación se hizo en el Juzgado Civil y Comercial de 6ª Nominación de Río Cuarto, en Córdoba, a la que se sumó otra en la ciudad de Córdoba.
El proceso terminó en los últimos días de este año cuando la jueza Mariana Martínez homologó el acuerdo preventivo alcanzado por las empresas concursadas con sus acreedores.
La negociación con alrededor de 650 acreedores fue compleja, pero la compañía logró presentar una propuesta de reestructuración que obtuvo la conformidad de más del 89% del capital verificado. Este acuerdo fue homologado judicialmente en julio de 2025. Lo que restaba determinar, a partir de allí, eran los honorarios y los aportes, lo que se llaman “las costas” del juicio.
Todas las cifras son multimillonarias. Los montos de dinero de este concurso solo parecen comparables, a escala país, con el concurso preventivo presentado en la misma época en Santa Fe por la Compañía Vicentin. La diferencia que marcan en Tribunales de Córdoba es que a diferencia de ese proceso, que se acompañó de causas penales, escándalos políticos, judiciales y mediáticos, en este caso se llegó a un acuerdo en tiempos razonables, con propuestas aceptables y sin estrépito público ni denuncias.
Una de las primeras grandes batallas que tuvo el concurso fue la competencia territorial. El abogado Juan Manuel González y los estudios jurídicos de Facundo Carranza y Asociados de Río Cuarto; de Ortega, Palazzo y Cafure de Córdoba, y el buffet Alegría consiguieron que se considere a Adelia María como el lugar de asiento principal de los negocios de las empresas, que tienen sede en distintos lugares del país.
La propia sentencia enumera entre las medidas que se tuvieron que tomar la inhibición de bienes ubicados en Córdoba, Buenos Aires, Salta, San Luis, La Pampa, Chaco y Santa Fe.
La intención de los abogados de la empresa era llevar el concurso a Buenos Aires, en una maniobra que buscaba que los acreedores estén “en terreno visitante”. De haberlo conseguido, la tasa de Justicia sería del Poder Judicial bonaerense, no del cordobés.
Molino Cañuelas concretó este lunes 15 de diciembre el pago de la tasa con un depósito en el Banco de Córdoba.
Ahora resta el pago del aporte para la Caja de Abogados de la Provincia que está calculada en $ 2.500.000.000. En el acuerdo se estableció que el pago se debe cumplir durante 2026.
Los abogados intervinientes no quisieron hacer declaraciones y pidieron reserva sobre los datos relativos al juicio y que se respete la misma discreción que mantuvieron durante todo el proceso.
En un comunicado publicado por la oficina de Prensa de la Justicia de Córdoba se señala que la jueza Martínez “resaltó la creación de un equipo afectado exclusivamente a la tramitación de dichos concursos preventivos, así como las diversas instancias de publicidad de los principales hitos de la causa y la cantidad de audiencias celebradas para abordar las distintas cuestiones que se suscitaron en estos casi cuatro años de proceso”.
“La sentencia valoró la importancia que tuvo la reestructuración de deuda privilegiada autorizada; lo cual, en su oportunidad, se convirtió en una vía útil y eficaz para permitir la conservación y la continuidad de la empresa en tanto fuente laboral. Al evaluar la factibilidad de cumplimiento, analizó la viabilidad económica de la propuesta concursal –que no fue impugnada- de manera que esta no se constituya en una mera expresión de deseos, sino que razonablemente su cumplimiento sea posible", abundó.
Molino Cañuelas y la Compañía Argentina de Granos no entraron en cesación de pagos, no despidieron personal ni se atrasaron en el pago de salarios y continúan trabajando, explotando sus marcas comerciales.
En la resolución, la magistrada también destacó la relevancia social de la actividad empresarial, que está inserta a nivel nacional e internacional. Esto “trasciende el ámbito meramente privado y traslada sus efectos al interés social de la comunidad”, enfatizó.
