El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y aseguró que la decisión representó un retroceso en la lucha por los derechos adquiridos de las personas con discapacidad. Consideró además que significó un golpe a la tarea que la Defensoría del Pueblo provincial llevó adelante durante los últimos años en favor de los sectores más vulnerables.
Galoppo recordó que la Defensoría del Pueblo se caracterizó por centrar su labor en el fortalecimiento de los procesos de inclusión social y en la promoción del respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Remarcó que se trató de una función esencial de la institución, que buscó mejorar la calidad de vida de individuos y comunidades en situación de discapacidad, pobreza y vulnerabilidad social, entendiendo que allí se encontraban las mayores demandas y necesidades.
En ese sentido, destacó que solo durante el último año de la actual gestión, y a través del área de Inclusión Social, la institución materializó una amplia variedad de iniciativas. Entre ellas, se ofreció asesoramiento y acompañamiento en trámites claves como la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento indispensable para el acceso a múltiples beneficios.
También se trabajó en la rehabilitación de pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas de manera provisoria, lo cual permitió garantizar recursos esenciales para familias que dependen de ese ingreso.
Asimismo, la Defensoría gestionó reclamos ante obras sociales, prepagas y el Pami vinculados a coberturas de prestaciones de rehabilitación, educación y transporte, y acompañó solicitudes de medicamentos de alto costo ante el Ministerio de Salud de la Nación.
En paralelo, promovió el acceso al pase libre por discapacidad en el transporte público en sus niveles municipal, provincial y nacional, y facilitó la gestión de beneficios como la exención en el pago de peajes y el libre estacionamiento para personas con CUD.
Del mismo modo, intervino en trámites relacionados con la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que constituyen herramientas clave para la protección social.
En relación al trabajo de sensibilización, Galoppo destacó que se llevaron adelante numerosos talleres y capacitaciones destinados tanto a la comunidad como a agentes estatales. El objetivo fue fomentar el respeto, la diversidad y el trato adecuado, con especial énfasis en la importancia de la accesibilidad.
Se subrayó, en particular, la promoción de la Lengua de Señas como recurso fundamental para derribar barreras comunicacionales y avanzar en la inclusión de personas sordas o hipoacúsicas. Además, la Defensoría se consolidó como un Centro de Prácticas Laborales calificantes para personas con discapacidad, lo que permitió abrir espacios concretos de formación y empleo.
El trabajo en red también tuvo un papel central. La institución consolidó alianzas estratégicas con fundaciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones con amplia trayectoria, entre ellas Cilsa y el Cottolengo Don Orione.
Estas acciones conjuntas tuvieron como propósito fortalecer la capacidad de respuesta frente a las demandas sociales y dar mayor alcance a las iniciativas de inclusión. A la par, se establecieron vínculos con municipios del interior provincial y con Centros de Participación Comunal y Centros Vecinales de la capital, lo que permitió ampliar el territorio de acción y llevar los programas a diferentes localidades.
En sus declaraciones, Galoppo sostuvo que “la Defensoría del Pueblo trabaja para redoblar esfuerzos en este tema, propiciar una mirada estructural de los factores problemáticos que vulneran derechos fundamentales y continuar trabajando incansablemente para garantizar que nadie quede afuera”.
En tanto el Defensor Adjunto subrayó que, a pesar del contexto generado por el veto, la institución mantiene intacto su compromiso con la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Córdoba.
“La Ley de Emergencia en Discapacidad expresa la preocupación de miles de personas con discapacidad, familias y profesionales que trabajan diariamente por los derechos a la salud, a la educación, a la participación y a una mejor calidad de vida. Este ha sido un consenso de la sociedad logrado por muchos años, sería un retroceso si el Estado dejara de garantizarlo”, manifestó Galoppo.
