El abogado cordobés Juan Carlos Vega, representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de Víctor Saldaño, el argentino condenado a muerte en Estados Unidos, pidió se dé “por terminado el amicus curiae del Estado argentino” en la causa en la que el tribunal internacional exigió a los Estados Unidos que adecúe su sistema penal para evitar los sesgos “racistas” y el virtual estado de “tortura” de las personas detenidas por largo tiempo en el “corredor de la muerte”. El cordobés lleva en esa condición casi 30 años (más de la mitad de su vida) y tiene un fuerte deterioro de su estado mental.
El pedido de Vega -según el escrito que presentó- se funda en que un representante de la Cancillería le informó que la Argentina no tomaría ninguna medida que pusiera en peligro su alineamiento con los Estados Unidos.
El Estado argentino no hará nada para acompañar el caso del cordobés Víctor Saldaño
“El Estado argentino, por instrucciones del presidente Javier Milei, ha decidido quitar todo apoyo a las víctimas del racismo judicial probado en este caso”, dijo Vega al diario La Nación. Agregó que esa conducta es “contraria a la Convención Americana, que obliga al Estado a garantizar y defender los derechos de los argentinos violados en sus derechos humanos de vida, libertad y garantías judiciales como lo es el caso del argentino Víctor Saldaño”, señaló Vega.
El funcionario aludido es el subsecretario de Asuntos Internacionales en Derechos Humanos y Civilización, Martín Francisco Montes, quien en una audiencia virtual a través de la aplicación Zoom el 5 de diciembre pasado, en presencia de Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, planteó la posición del país.
“El subsecretario, en esa audiencia, fue categórico. El Estado argentino no haría nada que comprometa su alianza política con los EE. UU. […] Es decir que la Argentina adopta una actitud de total legitimación y apoyo a la conducta de los EE. UU. de no cumplir con la Declaración Americana, de no respetar a la Comisión Interamericana”, señaló.
Vega planteó que “privilegiar una alianza política con los EE. UU. y legitimar la tortura en que vive el argentino Saldaño a base de sentencias declaradas nulas por la propia Comisión configura, además, un delito penal en el que incurren los funcionarios del Estado Nacional a cargo de la Cancillería argentina”. Esto podría anticipar otras acciones legales.
El caso de Víctor Saldaño
El cordobés fue detenido por secuestrar y asesinar a tiros Paul Ray King, un vendedor de computadoras. Según la investigación, Saldaño y el mejicano Jorge Chávez, ambos drogados y borrachos, el 25 de noviembre de 1995, sorprendieron a King en el estacionamiento del supermercado Sack’N’Save de Plano, Texas. Lo llevaron al área de Tickey Creek, en el Lago Levon. Y allí le dispararon y lo mataron. Le robaron U$S 50 y un reloj de plástico que Saldaño tenía cuando lo arrestaron; el cordobés también conservaba el arma homicida.
Su cómplice, que confesó el hecho, fue sentenciado a cadena perpetua. Saldaño recibió la primera sentencia de muerte en julio de 1996 y desde septiembre de ese año está en el “corredor de la muerte”. Primero fue en Huntsville, en un pabellón de máxima seguridad, pero más flexible que la cárcel Allan B. Polunsky, de Livingston, Texas, donde fue trasladado hace años.
Esa primera sentencia fue anulada luego por estar viciada de racismo. “Se le aplicó un protocolo racista que incluía un multiple choice, en el que si decías que sos Wasp (acrónimo de white anglo-saxon protestant: blanco, anglosajón, protestante) vos no tenés la misma peligrosidad que si sos latino, negro o asiático”, detalla Vega.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que se realizara un segundo proceso, que repitió el fallo. Este juicio, celebrado en McKinney en 2005, ya no aplica el protocolo racista, pero encuentra a un Saldaño con tal nivel de deterioro mental que ya no podía defenderse, según sus abogados.
En noviembre de 2019 la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la última instancia de apelación al argentino. Desde entonces espera que las autoridades de Texas decidan ejecutar la sentencia aplicándole una inyección letal.
“Este no es un caso relevante por la pena de muerte, ni por ser Saldaño el único argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Es importante porque demuestra que en Estados Unidos, el país que se mira a sí mismo como el garante de las libertades, existe racismo judicial. Jamás defendimos la inocencia de Saldaño, el planteo siempre fue de igualdad ante la ley”, expresó Vega.
El proceso ante la CIDH se inició en 1998 cuando Vega decidió denunciar a EE.UU. por la violacion del articulo 2 de la legislación americana, que establece el derecho del individuo de igualdad ante la ley independientemente de toda raza, religión o política.
En 2015 la Comisión Interamericana respecto de trasladar a Saldaño a un hospital psiquiátrico y que sea indemnizado con U$S 10 millones por los daños causados por sus años de prisión “a base de racismo judicial, puro y exclusivo”. Luego, Vega pidió a la CIDH que dejara de lado la indemnización por ese monto, fije un dólar como valor simbólico, “pero condene a Estados Unidos a pagar por las violaciones de los derechos humanos probadas en el caso Saldaño”, remarcó.
Los representantes de los Estados Unidos, quienes mantuvieron media docena de reuniones con la CIDH, indicaron que no cumplirán las “recomendaciones” porque no están jurídicamente obligados, ya que la Declaración Americana “no tiene fuerza jurídica obligatoria” en aquel país, como tampoco lo tiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
“Ellos afirman que no se sienten obligados por la declaracion de Derechos Humanos, se declaran al margen de la ley internacional de Derechos Humanos, rechazan que sea obligatoria la Convención de Viena y hasta ignoran la Carta de los Derechos Humanos que fue ratificada por el Senado de los Estados Unidos en 1951, y que tiene fuerza de ley en ese país. Nunca antes se había probado el racismo en el sistema judicial americano. Y a diferencia del caso de George Floyd, aquí no son los policías blancos los cuestionados, sino los jueces blancos y las leyes blancas”, apuntó Vega.
“Se debe recordar que los EE.UU. son firmantes de la Declaración Americana sobre Derechos humanos y la postura en el caso Saldaño manifiesta un doble estándar en DD.HH. de alta gravedad. Sus representantes integran la Comisión Interamericana. La han presidido en reiteradas oportunidades. Su secretaria ejecutiva durante más de ocho años fue Elizabeth Abi Mershed. Y el Informe de admisibilidad en el caso Saldaño lo redacta y firma en el año 2000 el comisionado Robert Goldman de los EEUU., decano de Derecho de la American University”, remarcó Vega.
