Además de los recortes indiscriminados sobre las jubilaciones, los programas de discapacidad, los envíos a las provincias y los subsidios a los servicios públicos, el celebrado “déficit cero” del gobierno de Javier Milei se asienta en la paralización casi total de la obra pública nacional, en particular de los trabajos de mantenimiento de rutas y de autopistas a lo largo y ancho del país.
Apenas un año y medio después de que el libertario asumió la presidencia, las consecuencias de este abandono ya son inocultables, con propios y extraños reclamándole no sólo por el lógico y esperable impacto en materia de seguridad vial, sino también en términos de mayores costos en la logística del transporte productivo.
Estimaciones de la Federación del Personal de Vialidad Nacional –organismo que el Gobierno pretende desguazar– hablan de que cerca del 65% de los 40 mil kilómetros de la red vial nacional están hoy deteriorados, con muchos tramos de esos 25 mil kilómetros afectados prácticamente intransitables.
Según datos de la Provincia, Córdoba tiene unos tres mil kilómetros de rutas nacionales que atraviesan su geografía. Y al igual que en el resto del país, buena parte de esas vías están cada día en peor estado.
La ruta 7, que cruza de este a oeste por el sur de la provincia, es la que peor está, con varios sectores en estado calamitoso. Es la misma ruta donde semanas atrás, a la altura de Vicuña Mackenna, se desplomó una pasarela peatonal tras el impacto de un camión y la estructura estuvo cuatro días tendida sobre la carpeta asfáltica sin que nadie la removiera.
Las rutas 35, 148, 60 y 38 también acusan un deterioro notable en varios tramos, lo mismo que la estratégica 158, que une San Francisco con Río Cuarto, pasando por Villa María, tres de las mayores ciudades del interior cordobés, en el corazón del complejo agrícola. Otra vía productiva, como la 19 –incluyendo la ruta “vieja” y la inconclusa autopista a Santa Fe–, tampoco recibe mantenimiento desde hace meses.
Cada día que pasa, cada kilómetro que no recibe mantenimiento se deteriora más y suma baches, falta de demarcación y peligrosas deformaciones sobre el asfalto, lo que convierte a estas rutas en mucho más riesgosas para quienes circulan por ellas. Y eso provoca accidentes, daños sobre los vehículos y mayores costos económicos.
A pesar de los cada vez más insistentes reclamos de gobernadores, transportistas y hasta sectores del campo, el Gobierno nacional sigue haciendo oídos sordos y se mantiene firme en su imperturbable latiguillo de que “no hay plata”, para justificar la falta de mantenimiento.
En rigor, lo que subyace es una hiperideologizada concepción de un Estado mínimo como actor económico y social, que lo expulsa de sus obligaciones más vitales y esenciales, como por caso, mantener en condiciones la infraestructura vial.
