El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la instrucción de la causa por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, denunció que un par conoció que existían sospechas con aplicación de inyecciones en bebés sin explicación en el centro de salud provincial y no lo denunció ni abrió una causa. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal ordenó que se inicie una investigación para tratar de establecer si hubo encubrimiento u omisión de deberes de un funcionario judicial.
La denuncia de Garzón es por el delito previsto en el artículo 277 del Código Penal, que establece penas de hasta tres años de prisión para quien frente a “la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal”.
El comunicado del Ministerio Público Fiscal es muy escueto. Dice que “se ha iniciado de oficio una investigación administrativa en virtud de que funcionarios del poder judicial podrian haber tenido conocimiento de una investigacion administrativa interna en el Hospital Neonatal vinculada a los hechos de público conocimiento en fecha anterior a la denuncia judicial”.
Muertes de bebés en el Neonatal de Córdoba
El sorteo hizo caer esta nueva investigación en el fiscal Iván Rodríguez, a cargo del Distrito 3 turno 6, quien convocó a una rueda de prensa, este jueves, a las 12, para informar sobre esta nueva causa.
Según pudo conocer La Voz, la denuncia de Garzón surge luego de que declarara en el marco de la causa por las muertes sospechosas de bebés el director del Instituto de Medicina Forense, Moisés Dib. El forense dijo que se reunió con quien era el subdirector del Neonatal y tenía a su cargo el sumario administrativo, el abogado Alejandro Escudero Salama, que lo contactó vía el fiscal Guillermo González para hacerle una consulta.
Según narró Dib a Garzón, en esa ocasión tomó conocimiento de una serie de eventos sospechosos con aplicaciones de inyecciones sin explicación en niños nacidos sanos en el hospital. En el relato de Dib, aclararon, Escudero Salama no mencionó muertes ni niños con complicaciones severas, sólo pinchazos extraños. En esa ocasión Dib, en presencia de González, recomendó judicializar lo antes posible estos casos para que se puedan tomar los elementos de prueba necesarios.
De esta secuencia de hechos podría desprenderse, además, una complicación judicial para Escudero Salama. Además de la detención e imputación de la enfermera Brenda Agüero por dos hechos de homicidio calificado por procedimiento insidioso -la aplicación de sustancias tóxicas-, Garzón imputó a la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís y a dos jefas de Neonatología por “omisión de deberes de funcionario público”, por no haber puesto en conocimiento de la Justicia provincial las sospechas sobre las causas de las muertes de los bebés entre marzo y junio.
Barbás echó a Escudero Salama
La ministra de Salud provincial, Gabriela Barbás, decidió pedirle la renuncia al subdirector de Gestión Hospitalaria en el Materno Neonatal, Escudero Salama, luego de tomar conocimiento de la denuncia de Garzón. Según se difundió en un hilo de Twitter del Gobierno de Córdoba, lo hizo “en función de la investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público Fiscal”.
A pedido de Garzón, Barbás visitó este miércoles a Garzón, junto al nuevo director del Neonatal, Marcelo Argüello. En ese encuentro, la ministra se comprometió a aportar todo lo que requiera el fiscal en su investigación, dijeron desde el Gobierno provincial.
La secuencia de denuncias
Aunque los casos en la serie de muertes sospechosas se iniciaron en marzo, el primer aviso a la Justicia surgió el 6 de junio, cuando una médica pidió que se investigue la muerte de un bebé en la Unidad Judicial 18. El 7 de junio se hizo la segunda denuncia, también a cargo de una médica neonatóloga, por el fallecimiento sin causa clínica evidente, de otro bebé. Estas dos causas cayeron en la fiscalía de Jorgelina Gutiez, quien fue subrogada por Silvana Fernández. Para ese momento ya eran cinco los fallecimientos y ocho los casos de bebés que sobrevivieron.
El 7 de julio un ciudadano a quien la Justicia no identificó dio lugar a la tercera denuncia y la que transfirió la jurisdicción a Garzón, quien desde ese momento unificó todas las actuaciones.
Cómo sigue
El procedimiento de investigación a un funcionario judicial con fueros -juez, fiscal, asesor letrado- se inicia con una investigación preliminar de un fiscal de instrucción, quien debe hacer un primer análisis de los hechos e individualizar a los posibles implicados. De ser, efectivamente, alguien alcanzado con inmunidad y de entender que existen elementos para iniciar una investigación penal, el fiscal tiene que solicitar la intervención de un juez de control. Un fiscal denunciado no es investigado por otro fiscal más que en esta instancia preliminar. La instrucción del caso, el posible pedido de desafuero vía jury de enjuiciamiento de magistrados en la Legislatura y la elevación de juicio corresponde a un juez de control.
De esto modo, Iván Rodríguez deberá determinar si hay elementos para involucrar a su par Guillermo González y si existen elementos para promover una investigación en su contra. De hallarlos, tendrá que solicitar la intervención de un juez de control que es asignado según el sistema de turnos.
