Una polémica se encendió en las redes sociales tras la divulgación de un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad que utiliza términos considerados descalificatorios y peyorativos para referirse a personas con discapacidad.
La controversia se originó a raíz de la Resolución 187/2025, en la que se definen las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con invalidez.
La llamativa clasificación
En el anexo de dicho documento, dentro del subtítulo “retardados mentales”, el organismo a cargo de Diego Spagnuolo cataloga a las personas con discapacidad como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” en base a su coeficiente intelectual.
Según el documento, se establece la siguiente clasificación:
- 0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
- 30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
- 50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
- 60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
- 70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.
Fuerte repudio
El uso de estos términos ha generado un fuerte repudio desde diversos sectores de la sociedad.
Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló a La Nación que estas expresiones “refuerzan la discriminación” que históricamente han sufrido las personas con discapacidad. Además, remarcó que son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como “un acto de violencia institucional sin precedentes”.
Asimismo, deslizó que se trata de un acto discriminatorio que “muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad” y de la normativa vigente en Argentina sobre cómo referirse a ellas.
Acuerdo internacional
Cabe destacar que hace más de dos décadas que no se utilizan estos términos, los cuales se oponen a lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Incluso, en un documento de 1997, se aclaró que la discapacidad no impide trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras y, en ese contexto, las asignaciones son necesarias.
