Por medio de un decreto, amparado en las facultades de la ley Bases que el año pasado aprobó el Congreso, el Gobierno nacional modificó la Ley Nacional de Turismo (25997). Los cambios, en general, se orientan a reducir drásticamente la función del Estado nacional en la inversión, atención y promoción de las actividades turísticas.
El decreto 216/2025, entre otras medidas, disuelve el Comité Interministerial de Facilitación Turística, un organismo creado en 2006 para coordinar acciones ligados al turismo en el país e integrado por un representante de cada ministerio nacional.
También deja sin efecto el Programa Nacional de Inversiones Turísticas: sostiene que son otras jurisdicciones (las provincias o municipios) las que pueden ejercer ese rol.
También elimina la función estatal de elaboración del plan de inversiones y obras públicas turísticas; la fijación de tarifas y precios de los servicios de turismo social; y la auditoría de emprendimientos subvencionados por la Nación, entre otros. . En materia de capacitación, la modificación pasa a hablar de “fomentar”, en vez de “propiciar”.
La norma elimina los párrafos de la ley que imponían al Estado nacional la realización de emprendimientos de interés turístico y la prestación de apoyos económicos para la ejecución de obras, equipamiento e infraestructura turística; la gestión y concesión de créditos para infraestructura; la subvención a entidades oficiales de turismo provinciales; la organización de congresos; de estrategias de capacitación y concientización; la organización y contribución económica para la participación del país en ferias y congresos, y el fomento de la inclusión en los programas de estudio en todos los niveles educativos de contenidos de formación turística.
También se elimina el punto que fijaba el rol del Estado en el otorgamiento de beneficios impositivos, tributarios y crediticios a la actividad turística, y solo se menciona la invitación a que las provincias lo hagan.
Chau turismo social en Embalse
También se deroga casi plenamente el capítulo de Turismo Social, al eliminar el Plan de Turismo Social. En ese caso, la medida es de interés para los dos complejos hoteleros estatales que funcionan desde la década de 1950: el de Embalse (en Córdoba) y el de Chapadmalal (en Buenos Aires). Funcionarios nacionales del área Turismo semanas atrás advirtieron ya que ya no se dedicarían al turismo social subsidiado para sectores sin recursos financiados por la Nación.
El decreto
En la práctica, la norma avalada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte que conduce Daniel Scioli, implica el retiro del Estado en la promoción activa del turismo, sobre todo en materia de coordinación y de apoyo económico.
En el mismo decreto se argumenta que “es menester eliminar todas aquellas instancias organizacionales cuyo funcionamiento no resulte necesario o pueda importar la burocratización y ralentización en la dinámica de cumplimiento de las funciones y facultades de la actual Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes”.
“No resulta necesario mantener las funciones relativas a la realización de obras públicas turísticas, que pueden ser desarrolladas por las jurisdicciones provinciales y municipales, o por iniciativa privada, según corresponda, los que por su cercanía y actividad principal se encuentran en mejor situación para evaluar su necesidad y pertinencia y respecto de las cuales no existe motivo que imponga su financiamiento a través del Tesoro nacional”, expone entre los fundamentos,
Y agrega: “El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios”.
La medida, conocida este miércoles, generará el debate entre los sectores ligados a la actividad del turismo en todo el país. El corrimiento del Estado nacional en materia de decisiones e inversiones es un punto clave de esa discusión.
