El Gobierno nacional envió al Congreso Nacional el proyecto para reformar la Ley de Glaciares (N° 26.639) con la premisa de que sea tratado durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Así lo informó el Ejecutivo mediante un comunicado difundido este lunes desde la Oficina de la Presidencia, en el que aseguró que la ley firmada en 2010 presenta “graves falencias”, y ”bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país“.
Además, remarcó que el objetivo es ordenar el marco normativo vigente, “poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
E indicó que a más de “15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Y argumentó que esta reforma a la normativa vigente propone reglas claras porque “protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
En ese contexto, aseguró que la iniciativa reafirma el mandato constitucional del artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Y del artículo 124, que reconoce a las provincias “el dominio originario de sus recursos naturales”.
La administración de Javier Milei sostuvo que esta propuesta constituye “una verdadera reforma del federalismo” sobre la intervención del medioambiente porque “fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.
De esta manera, “la reforma responde al rumbo trazado por el Presidente: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”. Pero además, “da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre”, de la que participan Mendoza y San Juan.
Por eso, el Ejecutivo solicitó al Poder Legislativo que “le dé pronto tratamiento a este proyecto”, que fue uno de los incluidos en el temario anunciado para las sesiones extraordinarias.
Debate
La ley de Glaciares fue una de las iniciativas que el Gobierno incluyó en la lista de temas que mencionó cuando hizo el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, un período que se extenderá hasta el 30 de diciembre.
La convocatoria quedó plasmada en el Boletín Oficial del martes pasado. El objetivo es que, en esa instancia, se debatan el Presupuesto 2026, la reforma laboral y las modificaciones al Código Penal.
Sobre la ley
La Ley Nacional de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la norma busca: preservarlos como reservas estratégicas de agua; proteger la biodiversidad; cuidarlos como fuente de información científica; y valorarlos como atractivo turístico.
¿Qué actividades prohíbe?
La ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas: la liberación de sustancias contaminantes; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y la instalación de industrias.
Rechazo a la reforma
Más de 25 organizaciones de todo el país, incluida Greenpeace, expresaron su profunda preocupación ante la posible reforma de la ley N° 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
En un documento conjunto, las organizaciones de la sociedad civil coinciden en la necesidad de reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la Ley de Glaciares y rechazan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Las organizaciones señalaron que modificarla implicaría habilitar, actividades económicas, especialmente la minería de gran escala, con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.
“Los glaciares y el ambiente periglacial conforman un sistema único: almacenan, regulan y sostienen el agua que alimenta cuencas completas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y miles de comunidades. En un contexto marcado por el agravamiento de la crisis climática y el retroceso sostenido de los glaciares a nivel global y nacional, las organizaciones desaconsejan cualquier reforma que disminuya los niveles de protección establecidos por la normativa vigente”, plantearon.
Las organizaciones resaltaron el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en la implementación de la ley y en la conservación de los glaciares. Además, subrayaron la necesidad de reforzar sus competencias y presupuesto para cumplir y profundizar las tareas asignadas por la norma.
