Tras varias idas y vueltas y la circulación de un borrador que generó algunos elogios y muchas críticas, el Gobierno nacional presentó finalmente su proyecto de Ley de Libertad Educativa este martes.
La nueva normativa busca derogar la actual ley de Educación, votada por el Congreso en 2006, y la reemplaza por una que pone un énfasis mucho mayor en el rol de las familias por sobre el Estado.
El proyecto mantiene su nombre y la mayoría de sus artículos, aunque dio marcha atrás con ítems que habían resultado más conflictivos en borradores previos, como la obligación de financiar a escuelas privadas con el mismo monto que a las estatales o la habilitación de la educación religiosa en escuelas estatales.
El financiamiento a la demanda
Uno de los pilares del proyecto es la legalización del financiamiento a la demanda, una de las ideas fuerza de campaña de Milei en 2023.
El concepto central es que, para invertir bien, el Estado debe darle dinero a la “demanda” (los padres) para que ellos elijan la forma de educar a sus hijos, en lugar de financiar directamente la “oferta” (las escuelas).
Aunque el texto de 43 páginas no menciona la palabra “voucher”, el artículo 83 establece que el Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda.
Las asignaciones se otorgarían a las familias o alumnos mediante “vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”, orientados a asegurar la libre elección de la institución educativa.
Educación en casa y control parental
En línea con priorizar el rol familiar, la ley habilita formalmente el homeschooling, o educación en casa.
Reconocida en un capítulo especial como “formas alternativas de enseñanza”, esta modalidad se dirige a estudiantes que no asisten regularmente a una institución.
La educación en el hogar deberá ser impartida por los responsables parentales o tutores, o por personas designadas por ellos.
Para acreditar los conocimientos, los alumnos educados en casa deberán anotarse en el sistema y rendir las evaluaciones correspondientes.
El proyecto también introduce la creación de Consejos Escolares de Padres que funcionarán en las escuelas estatales.
Estos consejos ejercerán “funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas”.
Además, tendrán potestad para participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución.
Exámenes y auditorías
Con el fin de que los padres puedan elegir escuelas con más información, la nueva normativa permitirá publicar los resultados de las pruebas estandarizadas desagregadas por institución educativa, algo que hoy prohíbe la ley vigente.
También se reintroduce el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), el cual será una evaluación individual voluntaria implementada anualmente para quienes finalizan la secundaria. El ENES integrará conocimientos y habilidades de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades.
Otras novedades importantes son la evaluación obligatoria de los docentes, “al menos cada cuatro años”, y la regulación de la forma en que deben ser auditadas las universidades de gestión estatal, tarea que será competencia concurrente de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano.
